En una audiencia celebrada hoy en tribunales de Rosario, el juez Rafael Coria le otorgó la libertad condicional a uno de los imputados por la causa de extorsiones de la UOCRA y negociados con Andrés Pillín Bracamonte, líder de la barra de Central.

En diciembre de 2023, el fiscal Miguel Moreno imputó a Bracamonte y a Carlos Vergara, quien por entonces era secretario general de la UOCRA por asociación ilícita y extorsiones a raíz de una denuncia «Con permanencia y estabilidad en el tiempo destinada a planificar y cometer una pluralidad de delitos de manera organizada, todo ello valiéndose primordialmente de la estructura de la organización sindical denominada Uocra, dentro de la cual se ha consolidado un poder de hecho que es compartido con la barrabrava del Club Rosario Central», había señalado el fiscal en la audiencia imputativa.

Entre los imputados, se encontraba Carlos Marcelo Pérez, de la UOCRA seccional San Lorenzo, quien fue condenado mediante un acuerdo abreviado a 3 años de prisión efectiva y pago de costas que fueron depositadas en el MPA por el delito de asociación ilícita en carácter de miembro y extorsión en grado de tentativa por dos hechos. Tras ocho meses, estaba en condiciones de solicitar la libertad condicional.

El abogado defensor de Pérez fue el sanlorencino Daniel Machado. El juez Coria le impuso una serie de condiciones que Pérez deberá cumplir como fijar residencia, acreditar en un plazo de 30 días que ha adoptado trabajo, oficio industria o profesión.

También deberá someterse al control de la Agencia de Medidas no privativas de la libertad , prohibición de contacto por cualquier medio con las víctimas de los hechos por los cuales ha sido condenado, sus grupos familiares como así también la prohibición de concurrir a los lugares donde estos asisten , prohibición de abusar de consumo de bebidas alcohólicas o consumir estupefacientes. Condiciones que deberá cumplir hasta el 29 de noviembre de 2026.

Los hechos

En la denuncia que realizó un colaborador de la UOCRA, había «modalidades extorsivas” para “exigirle a empresas contratistas vinculadas a la construcción la contratación de determinados servicios de viandas y baños químicos, más una colaboración dineraria para el gremio”.

En este contexto, el sindicato proponía que, para formalizar la operación, se presentara un certificado de “libre deuda” emitido desde las sedes de Villa Constitución y San Lorenzo, lo que permitía al contratista ingresar a trabajar en lugares como las plantas del cordón industrial. Según la acusación, esta maniobra operaba en dos direcciones, ya que las empresas también eran amenazadas para que exigieran a los contratistas el “libre deuda” como condición para trabajar en sus instalaciones.

Otra práctica mencionada por el acusador fue el llamado “rentamiento”, que consistía en obligar a las empresas de construcción a contratar a ciertas personas relacionadas con los acusados, quienes recibían salarios sin desempeñar ningún trabajo. Entre las pruebas presentadas, Moreno citó el caso de un hijo de Bracamonte y dos hijos de Vergara. “El rentamiento representa la modalidad extorsiva del delegado sindical”, opinó.

Además, Moreno acusó a Vergara de haber aumentado el patrimonio familiar mediante simulaciones de adhesiones a fideicomisos o compraventas con empresas constructoras, sin pagar los precios acordados en los contratos.