“Fue una gran torpeza”: la defensa de los comerciantes que entraron armados a Tribunales de San Lorenzo

La defensa aseguró que la pareja no tuvo intención de amenazar ni amedrentar a nadie y explicó que ambos tenían autorización para la tenencia de las armas. Recuperaron la libertad tras la audiencia imputativa, aunque deberán cumplir una serie de condiciones.

El ingreso de dos comerciantes de Capitán Bermúdez con armas de fuego a los Tribunales de San Lorenzo terminó con ambos detenidos y acusados de portación ilegal de arma de guerra y abuso de arma. Sin embargo, para su abogado, lo ocurrido fue producto de una grave equivocación y no de un intento de utilizar las pistolas dentro del edificio judicial.

El episodio ocurrió el viernes, minutos antes de las 8 de la mañana, cuando el hombre, de 44 años, y la mujer, de 39, identificados como Mauro Germán R. y Marlén T , llegaron a los tribunales de calle San Lorenzo para participar de una audiencia laboral en la que eran parte demandada.

Al atravesar el control de acceso, la mochila que llevaban pasó por el escáner de seguridad. El dispositivo detectó dos armas de fuego y los policías confirmaron que se trataba de dos pistolas Bersa TPR9 calibre 9 milímetros, con sus respectivos cargadores colocados y municiones.

La situación generó un importante operativo dentro del edificio. La pareja fue reducida y detenida, mientras que los accesos fueron clausurados momentáneamente. La fiscal de turno, Melisa Serena, ordenó el secuestro de las armas y dispuso que ambos quedaran detenidos.

La abogada laboral que acompañaba a los comerciantes para representarlos en la audiencia laboral también fue demorada durante algunos minutos, hasta que se determinó que no tenía ninguna relación con el ingreso de las armas.

El hombre fue trasladado a la Alcaidía de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo, mientras que la mujer quedó alojada en la Seccional 5ª de Rosario.

La explicación de la defensa

El abogado penalista Javier Schuster sostuvo que sus clientes nunca tuvieron la intención de utilizar las armas dentro de los tribunales ni de intimidar a la otra parte del juicio laboral.

“Fue una gran torpeza”, resumió el abogado al explicar lo ocurrido.

Según su versión, los comerciantes son víctimas de hechos de inseguridad y poseen armas por razones de seguridad. Las armas se encuentran habitualmente guardadas en su domicilio, en una caja fuerte, y la pareja suele trasladarlas cuando se dirige a su comercio.

La explicación de la defensa es que ese día la rutina cambió debido a la audiencia judicial. En medio de ese cambio, ninguno de los dos advirtió que las armas habían quedado dentro de la mochila que llevaron a Tribunales.

“Quizás uno pensó que lo tenía el otro”, explicó Schuster, quien calificó el episodio como una “torpeza bruta”, aunque remarcó que esa equivocación tuvo consecuencias legales.

El abogado también señaló que, cuando entrevistó a sus clientes, ambos se encontraban muy afectados por la situación. Según relató, se mostraban preocupados principalmente por el estado del otro y nunca habían imaginado que podían terminar detenidos.

Sin intención de amedrentar

Uno de los puntos centrales de la defensa fue descartar que las armas hayan sido llevadas a Tribunales con la intención de utilizarlas contra alguien.

La audiencia laboral por la que habían concurrido al edificio tenía a los dos comerciantes como parte demandada. Sin embargo, según Schuster, la parte actora ingresó posteriormente y recién entonces tomó conocimiento de lo ocurrido.

El abogado sostuvo que no existió ningún intento de exhibir las armas, amenazar o amedrentar a la otra parte. También indicó que, hasta el momento de la entrevista, desconocía que se hubiera presentado una denuncia relacionada con ese aspecto.

Para la defensa, la diferencia entre tener legalmente un arma y llevarla consigo en un lugar público fue determinante en el caso.

Tenencia y portación: la diferencia que marcó la defensa

Schuster explicó que sus clientes cuentan con autorización para la tenencia de las armas, pero no para la portación.

La tenencia permite que una persona autorizada conserve un arma en su domicilio. En cambio, el traslado debe realizarse bajo determinadas condiciones, entre ellas que el arma no se encuentre preparada para ser utilizada.

Ingresar a un edificio público con el arma y el cargador colocado configura una situación diferente y puede ser considerada portación ilegítima.

El abogado remarcó, además, que sus clientes no tenían antecedentes vinculados con el uso de armas y que, según manifestó, las pistolas secuestradas eran nuevas y nunca habían sido utilizadas.

Durante la audiencia imputativa realizada este martes ante el fiscal Carlos Ortigoza, la defensa y la Fiscalía llegaron a un acuerdo sobre la situación procesal de los comerciantes.

El fiscal no solicitó la prisión preventiva y ambos recuperaron la libertad bajo determinadas restricciones.

Deberán fijar un domicilio para recibir notificaciones, presentarse ante la Fiscalía cada vez que sean citados y cumplir con un requisito particular: realizar y aprobar un curso del RENAR relacionado con el uso responsable de armas y las consecuencias legales de portarlas sin autorización en lugares públicos.

Las dos pistolas quedaron secuestradas y la investigación continúa.

Para la defensa, el caso todavía puede tener una salida alternativa. Schuster señaló que, además de un eventual juicio abreviado, existe la posibilidad de buscar una solución alternativa al proceso, aunque esa decisión dependerá del avance de la investigación y de la postura que adopte la Fiscalía.

Mientras tanto, aquella audiencia laboral que debía ser un trámite de rutina terminó abriendo una causa penal para una pareja que, según su abogado, cometió una equivocación que terminó teniendo consecuencias mucho más graves de las que alguna vez imaginaron.