El imputado estaba imputado por abuso sexual y amenazas por el que estuvo un año en prisión y el Tribunal Superior anuló la sentencia por irregularidades y falta de pruebas,

En un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe declaró procedente un recurso de inconstitucionalidad presentado por los abogados penalistas José Alberto Rodríguez (conocido por su sobrenombre “Pipicho”) y Andrés Rodríguez, de San Lorenzo. El caso, litigado en Cañada de Gómez, involucraba a Luciano Ricardo Toia, quien enfrentó múltiples imputaciones a lo largo del proceso.

Inicialmente, Toia fue acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado, delito por el cual se dispuso su prisión preventiva el 8 de mayo de 2021. Tras el juicio oral, fue absuelto de esta acusación en julio de 2023. Posteriormente, se le imputaron dos hechos de amenazas simples y desobediencia judicial reiterada. En primera instancia, fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional por estos delitos, pero la Cámara de Apelación modificó la sentencia en marzo de 2024, absolviéndolo de las amenazas y confirmando únicamente la condena por desobediencia judicial, reduciendo la pena a seis meses de prisión condicional.

Toia estuvo privado de su libertad durante varios meses, desde el 29 de agosto de 2022 hasta su liberación tras la sentencia de primera instancia en julio de 2023. Sin embargo, la Corte Suprema resolvió anular la sentencia impugnada al considerar que la condena por desobediencia judicial se basó en inferencias y no en pruebas concretas, violando el principio de “in dubio pro reo”.

En su voto en disidencia, el camarista Beltramone no solo coincidió con la absolución del delito de desobediencia, sino que también criticó duramente los excesos en la aplicación de la prisión preventiva. Destacó que Toia estuvo detenido durante 16 meses por una investigación que consideró “precipitada y con pruebas endebles”. Beltramone señaló que la orden de restricción dictada por el Juzgado de Familia nació con un “vicio de origen” y que no se ajustó a los principios de razonabilidad y justicia. Además, cuestionó la legitimidad de imponer una pena condicional a alguien que ya había sufrido una prolongada privación de libertad.

Los Dres. Rodríguez, representantes de Toia, destacaron que este caso “refleja los excesos en el uso de la prisión preventiva y la importancia de garantizar que las decisiones judiciales se basen en pruebas concretas y no en suposiciones”. Agregaron que “el fallo no solo es un triunfo para la defensa, sino también una reflexión necesaria sobre cómo el sistema judicial debe equilibrar el poder del Estado con los derechos fundamentales de las personas”.

Los letrados agregaron que , “a todas luces, Toia era inocente de las graves acusaciones que se le imputaron. La investigación estuvo plagada de irregularidades y falta de pruebas contundentes, lo que llevó a una persecución injusta y a una privación de libertad desproporcionada. Este fallo reivindica no solo a nuestro cliente, sino también los principios de justicia y equidad que deben guiar al sistema judicial”.

Actualmente, Toia se encuentra “injustamente privado de ver a sus hijos, una situación que ha generado un profundo dolor tanto para él como para su familia”, advirtieron los abogados. En el ámbito de familia, trabajan los Dres. Jorgelina Alejandra Rodríguez, José Fernando Rodríguez y la Dra. Laura Cosenza, quienes forman parte del equipo legal que busca revertir esta situación. Los abogados afirmaron que “haremos todo lo posible para restablecer el vínculo familiar y garantizar que se respeten los derechos de nuestro cliente como padre. Este caso no solo es una lucha por la justicia penal, sino también por la restitución de los lazos familiares que han sido injustamente afectados”.

Este fallo, emitido el 6 de marzo de 2025, marca un hito para el foro local de San Lorenzo, ya que, según los registros disponibles, es la primera vez que la Corte Suprema provincial hace lugar a un recurso de esta naturaleza presentado por abogados de la ciudad. El fallo refuerza la importancia del debido proceso y la garantía de defensa en juicio. La causa fue remitida para un nuevo pronunciamiento, consolidando un resultado que, tras años de proceso y múltiples imputaciones, terminó beneficiando al justiciable.