En una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, se imputó a 17 personas —entre ellas altos mandos policiales y empresarios— por participar en una trama delictiva que habría desviado fondos públicos destinados al combustible mediante sobrefacturación y facturación falsa. La mayoría permanecerá detenida preventivamente por seis meses

Este jueves 15 de mayo de 2025, en la sala 7 del Centro de Justicia Penal de Rosario, finalizó la audiencia imputativa en la que el fiscal José Luis Caterina, del Equipo Fiscal Transitorio de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2, imputó a 17 personas por los delitos de cohecho pasivo, peculado, falsedad ideológica y defraudación agravada. El juez Gustavo Pérez de Urrechu resolvió dictar prisión preventiva efectiva por seis meses para 16 de los imputados. Solo una de ellas, María D.F., obtuvo la libertad con medidas alternativas.

La investigación revela una trama compleja de corrupción estructural dentro de la Unidad Regional II de la Policía de Rosario y una estación de servicio operada por la empresa Gas Auto Tiferno S.A., que habría permitido sustraer fondos estatales mediante sobrefacturación y facturación ficticia de combustibles, afectando al erario provincial en perjuicios estimados en más de 45 millones de pesos mensuales.

Funcionarios implicados

Entre los imputados figuran altos mandos policiales como Gerardo R., jefe del Garage de la UR II; Rodrigo D., jefe de la Secretaría Privada de la misma unidad; y otros comisarios, inspectores y subinspectores con funciones en distintas secciones como Caballería, Logística, Guardia de Infantería, y el Comando Radioeléctrico. Todos ellos están actualmente pasados a disponibilidad.

Según la Fiscalía, estos funcionarios, en connivencia con los responsables de la firma Tiferno —Mónica B. (presidenta), Oscar C. (copropietario), Daniel R. (encargado) y María D.F. (administrativa)—, desviaban fondos públicos destinados al combustible a través del uso fraudulento de tarjetas “Visa Flota”, cuya reglamentación exige que permanezcan en los móviles policiales y sean usadas únicamente al momento de cargar combustible.

En lugar de ello, las tarjetas eran retenidas y concentradas por personal policial, quienes ejecutaban dos maniobras delictivas: la sobrefacturación de cargas reales y la facturación de cargas ficticias, sin que hubiera entrega efectiva de combustible. Todo esto se realizaba en favor de “Tiferno”, que luego distribuía dádivas en efectivo a los implicados.

Pruebas documentales y testimoniales

Durante allanamientos, se encontraron más de 300 tarjetas Visa Flota, posnets, documentación adulterada, e incluso dinero en efectivo. Uno de los imputados, Juan V., fue hallado facturando con trescientas tarjetas y un posnet de la empresa Tiferno en su domicilio. Otro, Jorge D., fue registrado retirando sobres en la estación de servicio, y era señalado como el contacto de “Logística” para recibir dinero.

En cuanto a Nancy P., inspectora y jefa de la Sección Ficheros —área sin relación con combustible— se le imputa una colaboración clave en la maniobra perpetrada por su pareja, el subinspector Sergio L. Ambos habrían facturado combustibles desde un posnet instalado en su vivienda particular.

La investigación también cuenta con intervenciones telefónicas, filmaciones y testimonios que corroboran la entrega sistemática de sobres con dinero en las oficinas de Tiferno, y que demuestran la frecuencia y organización de estas maniobras.

El rol de los civiles

A los empresarios y administrativos de Tiferno se los acusa de haber coordinado directamente con los funcionarios policiales un esquema de defraudación millonaria sostenido en el tiempo, entre agosto de 2024 y mayo de 2025. La Fiscalía sostiene que Mónica B., Oscar C., Daniel R. y María D.F. no solo consintieron sino que se beneficiaron y ejecutaron activamente esta operación ilícita.

Alcance del perjuicio

El desfalco al Estado santafesino superaría los $45.000.000 mensuales, según estimaciones preliminares. Solo en marzo de 2025, se asignaron más de $379.000.000 en partidas para combustible, una porción importante de las cuales habría sido desviada mediante estas prácticas corruptas.

Prisión preventiva

El juez resolvió que 16 de los 17 imputados permanezcan detenidos bajo prisión preventiva efectiva por seis meses. La excepción fue María D.F., quien quedó en libertad bajo restricciones judiciales, entre ellas la prohibición de contacto con otros imputados, firma quincenal, y fijación de domicilio estable.

El caso, por su gravedad institucional y por involucrar a altas jerarquías policiales y empresarios, podría marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe.