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La Fiscalía General lleva a la Corte Suprema la pelea por la contaminación de Petroquímica Bermúdez
La Fiscalía General lleva a la Corte Suprema la pelea por la contaminación de Petroquímica Bermúdez
La Fiscalía Regional acudió ante la Corte Suprema de Justicia por el fallo del juez Tomás Orso por contaminación ambiental, donde el ex fiscal regional Serjal fue sobreseído junto al ex fiscal de Estado Gustavo Luzzini. El predio de 23 hectáreas envenenado con gas cloro quedó liberado de responsabilidades penales para los directivos de la empresa.
A principios de noviembre de 2025, Serjal recibió una inesperada buena noticia: el camarista Tomás Orso dispuso su sobreseimiento, junto con el exfiscal de Estado Gustavo Luzzini, en la causa que investigaba la omisión de investigar la contaminación provocada por la empresa. Ambos estaban acusados de abuso de autoridad, omisión de persecución penal y encubrimiento agravado, pero Orso consideró que actuaron en ejercicio legítimo de sus funciones y que sus conductas resultaron “atípicas”, al no acreditarse un apartamiento intencional de la ley. Sin embargo, la Fiscalía de Rosario acudió ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia para revertir la resolución, que el juez Ariel Cattaneo había admitido, y la Fiscalía había solicitado 5 años de prisión y 10 de inhabilitación para cargos en la función pública.
La “bomba ambiental” de 23 hectáreas
El conflicto tiene su origen en el predio de 23 hectáreas que Petroquímica Bermúdez dejó envenenado a conciencia con gas cloro, un producto altamente tóxico y corrosivo. La empresa, que funcionó hasta 2013, generó un pasivo ambiental crítico: estudios recientes confirmaron la presencia de sustancias contaminantes en niveles 50 veces superiores a los permitidos por las normas ambientales. El gas cloro, cuya inhalación en pequeñas cantidades afecta gravemente las vías respiratorias, fue el principal producto de la compañía.
La causa ambiental que se inició entre 2020 y 2021, se bifurcó en dos ramas: una por la contaminación en sí misma y otra por el presunto encubrimiento. Sin embargo, ambas parecen encaminadas hacia la impunidad, debido a que no hubo avances sobre los dueños de la empresa, Sergio y Máximo Taselli y Matías Gallego.
Empresarios salvados por un fallo “sin jurisprudencia mundial”
El blindaje a los directivos de la empresa llegó de la mano de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. El tribunal resolvió que Sergio Taselli, su hijo Máximo Taselli y Matías Gallego no podían ser perseguidos penalmente porque un juez de primera instancia, Juan José Tutau, había dispuesto el archivo del caso en 2019, configurando cosa juzgada. La decisión se tomó por un estrecho margen de 4 votos a 3, con la convocatoria de un conjuez para desempatar. “En un fallo inédito, del que no existía jurisprudencia mundial, la Corte sostuvo que no podían ser perseguidos porque un juez de primera instancia había dispuesto el archivo”.
La defensa de Taselli estuvo a cargo hasta hace poco del actual ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. Los fiscales Luis Schiappa Pietra y José Luis Caterina recurrieron la decisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que “afecta los derechos del medio ambiente como derecho humano fundamental, deja impunes a personas que provocaron graves daños al ecosistema”.
El “disparate jurídico” que deja a la naturaleza sin justicia
El fallo del camarista Orso que sobreseyó a los fiscales fue calificado por fuentes judiciales a los medios como un “disparate jurídico”. “Le llamaron investigación penal agotada al legajo que el juez Tutau archivó sin imputados, sin hechos y sin identificar la causa”. “¿Cómo se le explica a la ciudadanía que un fiscal puede decidir no investigar una contaminación de este volumen, como dijo Orso?”
El predio contaminado sigue siendo un problema latente: además de los residuos tóxicos enterrados durante años, se detectó el desplazamiento informal de bombonas de gas cloro fuera de todas las normas sanitarias. Organizaciones ambientalistas, como Taller Ecologista, vienen advirtiendo desde hace más de una década sobre los altos riesgos para la salud y el ambiente, logrando en 2023 su participación como tercero en la causa civil.
Mientras tanto, la causa penal por contaminación sigue cerrada. La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró inconstitucional continuar con la investigación, a pesar de los constatados y graves daños ambientales. El fiscal Schiappa Pietra adelantó que apelará el fallo ante la Corte Suprema de la Nación y no descarta acudir a instancias internacionales para evitar que el caso quede en la impunidad.
Mientras la Corte ahora deberá resolver la solicitud de la Fiscalía, la pregunta que sobrevuela el caso es la misma que resume una fuente judicial: “Esta fue una causa que nació ganada para el Estado provincial y parece perdida”. La “bomba ambiental” sigue sin explotar en los tribunales, mientras el terreno envenenado espera una justicia que, por ahora, no llega.
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