Tienen 16 y 18 años y fueron acusados de intimidación pública y amenazas coactivas. La Justicia dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva. Investigan a un tercer menor.
La Justicia santafesina imputó a dos jóvenes de 16 y 18 años por amenazas de atentado en una escuela de Llambi Campbell, en un caso que marca un precedente: son los primeros adolescentes imputados penalmente por este tipo de hechos tras el crimen de Ian Cabrera en San Cristóbal.
La audiencia se llevó a cabo en los tribunales de Esperanza, donde la fiscal de menores Ana Laura Gioria imputó a los acusados —identificados como J.O. y Yamil Alexander G., este último mayor de edad— por los delitos de amenazas coactivas e intimidación pública en concurso ideal.
Tras la imputación, la Justicia dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva, que ya fueron notificadas a las autoridades del establecimiento educativo. En paralelo, la investigación continúa sobre un tercer involucrado, un menor de 15 años.
Una amenaza que surgió en el baño de la escuela
Según fuentes del caso, los jóvenes fueron identificados a partir de una nota hallada en el baño de la institución, en la que se advertía: “devuelvan los celulares o tiroteo”. La principal hipótesis indica que el mensaje estaría vinculado a la prohibición del uso de teléfonos móviles dentro del ámbito escolar.
Un antes y un después tras el caso Ian Cabrera
El avance de esta causa marca un punto de inflexión en la respuesta judicial frente a las amenazas en escuelas. Se trata de los primeros adolescentes imputados desde el trágico episodio ocurrido en San Cristóbal, donde un ataque armado terminó con la muerte de Ian Cabrera y dejó una fuerte conmoción en toda la provincia.
Desde entonces, el sistema educativo santafesino atraviesa un clima de alta tensión, con una multiplicación de amenazas y operativos preventivos. En menos de una semana, el gobierno provincial registró más de 150 alertas vinculadas a posibles ataques y logró identificar a al menos siete personas responsables.
Nuevo protocolo para cobrar los operativos
En este contexto, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe avanzó con la implementación de un protocolo para recuperar los costos de los operativos desplegados ante amenazas falsas.
El ministro Pablo Cococcioni detalló que un procedimiento básico tiene un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos, desde la activación del 911 hasta la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La resolución 1.201/26 establece un sistema de intimación extrajudicial para que los responsables —o sus tutores— afronten estos gastos en un plazo determinado, con el objetivo de desalentar este tipo de conductas.
El caso de Llambi Campbell, con los primeros imputados tras el crimen de San Cristóbal, refleja un endurecimiento en la actuación judicial frente a hechos que generan alarma social, alteran el normal funcionamiento de las escuelas y demandan un importante despliegue de recursos públicos.
