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Amenazas en escuelas: el Gobierno reglamentó el cobro de operativos de seguridad

Silvana PaganiPortadaProvincia22 abril 2026 a las 12:34

El Gobierno provincial oficializó un protocolo para recuperar los costos de los despliegues ante falsas amenazas. Padres o responsables legales podrán ser intimados a pagar en un plazo de cinco días y los montos pueden llegar a los 6 millones de pesos. 

En medio de la creciente ola de amenazas de ataques armados en establecimientos educativos, el Gobierno de Santa Fe avanzó con una medida inédita: cobrar los costos de los operativos de seguridad a quienes resulten responsables de estos hechos. La decisión quedó formalizada este martes con la publicación de la resolución 1.201/26 del Ministerio de Justicia y Seguridad.

El titular de la cartera, Pablo Cococcioni, precisó que un procedimiento básico ante este tipo de situaciones tiene un costo que oscila entre 5 y 6 millones de pesos. En ese marco, el nuevo protocolo no solo apunta a desalentar las amenazas, sino también a garantizar la “trazabilidad, previsibilidad y eficacia” en el recupero de los gastos que el Estado afronta desde la recepción de la alerta en el 911 hasta la identificación de los responsables por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Cómo se cobran los operativos

El mecanismo establece una serie de pasos para avanzar en el cobro. En primer lugar, el MPA deberá identificar a los autores, partícipes y adultos responsables en cada causa. Luego, la Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera calculará el costo del operativo, generando un expediente con informes técnicos, constancias policiales y registros de intervención del 911, que también podrán ser utilizados como prueba judicial.

A su vez, el Departamento de Operaciones (D-3) de la Policía de Santa Fe determinará los recursos humanos y materiales utilizados, clasificando la intervención según su nivel de complejidad (baja, media o alta intensidad) y contemplando la participación de áreas especiales como la Brigada de Explosivos, la Policía de Investigaciones (PDI) o Bomberos.

Con estos elementos, la Subsecretaría de Legal y Técnica elaborará una intimación de pago que será notificada por la propia Policía. Los acusados —o sus padres en caso de menores— deberán abonar el monto en un plazo improrrogable de cinco días mediante depósito o transferencia bancaria. En caso de incumplimiento, la Fiscalía de Estado podrá iniciar acciones judiciales para reclamar la deuda, sin descartar eventuales cargos adicionales por daños.

El protocolo se implementa en un contexto de fuerte incremento de denuncias. Según datos oficiales, este martes se registraron 78 llamadas al 911 por amenazas en escuelas de toda la provincia, mientras que desde el 16 de abril la Policía realizó 158 intervenciones en establecimientos educativos.

Aunque el fenómeno se replica a nivel nacional, Santa Fe se encuentra particularmente atravesada por el antecedente del ataque ocurrido el 30 de marzo en la Escuela Normal Superior Nº 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años asesinó a un alumno de 13 e hirió a otros dos con un arma de fuego.

Desde entonces, si bien no se repitieron hechos de esa gravedad, sí se multiplicaron las amenazas mediante pintadas, mensajes en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Las autoridades remarcaron que, incluso cuando se trate de supuestas “bromas”, estos hechos constituyen delitos y pueden derivar en condenas por intimidación pública.

Uno de los primeros casos esclarecidos bajo este contexto ocurrió el 15 de abril en el Colegio Nº 1198 Nuestra Señora de Luján de Pérez. Tras una amenaza que advertía sobre la presencia de un alumno armado, se desplegó un operativo de seguridad y posteriormente fue detenido un joven de 16 años señalado como autor del mensaje.

Con este nuevo esquema, la Provincia busca no solo sancionar penalmente estas conductas, sino también trasladar el costo económico de las falsas alarmas a quienes las generan, en un intento por frenar una escalada que mantiene en alerta a toda la comunidad educativa.

Santa Fe registró 78 denuncias de amenazas en escuelas

Según el relevamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad, la cantidad de amenazas en escuelas santafesinas sigue creciendo a pesar de las advertencias de funcionarios públicos.

Este martes, se registraron 78 llamadas al 911 en toda la provincia por distintos tipos de mensajes intimidatorios. Fuentes oficiales añadieron que la Policía de Santa Fe hizo 158 intervenciones desde el 16 de abril en establecimientos educativos.

La lista abarca grandes ciudades como Rosario y la capital, pero también incluye pequeñas localidades donde el despliegue operativo tiene un costo menor.

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