Santa Fe judicializará a las familias que rechacen pagar las multas por amenazas de tiroteo en escuelas

La vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, anunció este jueves que el Estado llevará ante la Justicia a los padres o tutores de adolescentes que, habiendo sido intimados económicamente por amenazas de tiroteo en establecimientos educativos, se nieguen a abonar las sumas establecidas.

El anuncio se produjo en conferencia de prensa, como respuesta a la presentación de una impugnación formal radicada en la ciudad de Santa Fe. En ese caso, un padre fue intimado a pagar 6 millones de pesos luego de que su hijo participara de un «desafío viral» que culminó con la difusión de una nota con contenido intimidante. Según la defensa, el episodio ocurrió fuera del ámbito escolar y el propio adolescente lo reconoció ante su familia y las autoridades educativas de manera inmediata.

El antecedente que cambió las reglas

La postura oficial se enmarca en el impacto que generó la tragedia de San Cristóbal, ocurrida el 30 de marzo pasado, cuando un joven de 15 años asesinó a Ian Cabrera (13) dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno. Desde entonces, el gobierno provincial implementó una batería de medidas preventivas, entre ellas la notificación de costos operativos a los responsables de las amenazas.

«Bajaron muchísimo las amenazas»

En diálogo con LT8, Coudannes afirmó que las intimidaciones de este tipo se redujeron de manera significativa. «En los últimos días, solo se registraron dos en Rosario y dos en la ciudad de Santa Fe», detalló. Y agregó: «Las políticas han sido efectivas, tanto desde las comunidades educativas como desde el Ministerio de Educación y la investigación penal. También lo fueron los recursos y las intimaciones realizadas».

La funcionaria explicó que, ante la negativa o imposibilidad de pago por parte de las familias de los adolescentes involucrados, el procedimiento estándar será la judicialización del caso. «Luego, tendrán que comprometerse con esa causa judicial», advirtió.

Números y procedimientos

Según detalló la vocera, actualmente existen 39 expedientes abiertos «listos para salir» y ya se cursaron 19 notificaciones a familias responsables.

El abogado que impugnó: «No existe daño para cobrar»

Horas antes del anuncio oficial, el letrado Rodolfo Mingarini —quien patrocina al padre intimado en la capital provincial— había cuestionado duramente el mecanismo. En declaraciones a «El primero de la mañana» (LT8), Mingarini sostuvo que no hay un daño concreto que justifique el cobro de esas sumas y que no se puede criminalizar a un adolescente. «Podrían haber sido 6 millones, 10 millones o 20 mil pesos. No se trata de un incumplimiento contractual ni de un daño por un delito. No se puede cobrar una multa si no hay una ley previa. Esto no lo resuelve ni la disposición de un ministro ni un decreto del gobernador», afirmó.

La réplica de la vocera: «Es una falta de respeto»

Coudannes dedicó un pasaje de su conferencia para responder directamente a Mingarini. «Usted sabe que los recursos de la provincia los pagan también sus impuestos y los de todos los santafesinos. Esto tiene que ver con los recursos de todos, que se expusieron ante una broma en un contexto muy difícil», señaló.

Y fue más allá: «Puede presentar los reclamos que quiera. Hablar en este sentido me parece una falta de respeto para aquellos que se esfuerzan, pagan sus impuestos y, consecuentemente, tienen que tener garantizados todos los servicios del Estado».

La decisión oficial marca un endurecimiento en la estrategia provincial para abordar las amenazas en escuelas, en un clima social aún conmocionado por el crimen de San Cristóbal.