
La Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo intervino de urgencia ante el inminente colapso logístico. La resolución impone 15 días de tregua legal, obliga a los gremios a desactivar las medidas de fuerza a partir de las 15 horas de este miércoles y prohíbe sanciones empresarias. El viernes habrá una audiencia clave.
El conflicto que amenazaba con paralizar por completo el motor agroexportador de la Argentina sufrió un giro drástico a primera hora de la tarde de este miércoles. Cuando las asambleas y los primeros piquetes del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo y la Federación Nacional comenzaban a bloquear los portones de acceso a las terminales del Cordón Industrial, la Secretaría de Trabajo de la Nación intervino de urgencia para frenar el impacto económico.
A través de una resolución de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, el Poder Ejecutivo dispuso encuadrar el conflicto bajo el marco de la Ley Nº 14.786 e imponer la conciliación obligatoria a partir de las 15 h de este miércoles 27 de mayo. La medida desactiva de forma inmediata el paro por tiempo indeterminado que los trabajadores habían votado por unanimidad apenas horas antes, tras el fracaso de las discusiones salariales.
La disposición oficial establece un período de tregua legal de quince (15) días hábiles. Durante este lapso, las partes quedan obligadas a retrotraer la situación laboral y operativa al momento previo al estallido del conflicto. El texto de la resolución incluye mandatos taxativos para asegurar la normalidad en el polo portuario:
Para los sindicatos y trabajadores: Se los intima a dejar sin efecto, de manera inmediata, toda medida de acción directa que estuviesen implementando o tuvieran previsto activar, garantizando la prestación de servicios de forma normal y habitual.
Para las empresas agroexportadoras: Se les prohíbe de manera expresa tomar represalias de cualquier tipo contra el personal representado por los gremios y se las obliga a otorgar tareas en sus esquemas habituales.
El incumplimiento de estas pautas conlleva severas advertencias del Gobierno nacional, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones contempladas en la Ley Nº 25.212 para infracciones laborales, además de posibles encuadramientos que afecten la personería de las entidades sindicales bajo la Ley Nº 23.551.
Más allá de las obligaciones legales, la autoridad laboral exhortó formalmente tanto a las cámaras empresarias (CIARA) como a las conducciones de la Federación y el SOEA a mantener la mejor predisposición y apertura al diálogo para destrabar las diferencias económicas, con el fin de preservar la paz social en una actividad estratégica para el ingreso de divisas al país.
El primer test para medir el éxito de esta tregua forzada tendrá lugar este viernes 29 de mayo de 2026 a las 11 h, momento para el cual el Gobierno ya notificó a las partes a comparecer a una audiencia virtual obligatoria. Allí intentarán acercar posiciones tras el polémico ofrecimiento patronal del 0% para mayo y el reclamo sindical de un aumento del 20% que desencadenó la crisis.