El lento apagón del Cordón Industrial: dos décadas de cierres en San Lorenzo y Puerto General San Martín, Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez

Cuando ayer Pampa Energía confirmó el cierre de su planta de caucho sintético en Puerto General San Martín, la noticia sonó como un golpe puntual: 130 familias afectadas, la última productora de ese insumo en el país que deja de fabricarlo. Pero para quienes siguen de cerca la vida industrial del cordón santafesino, entre San Lorenzo, Puerto General San Martín y Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez, no fue una sorpresa aislada. Fue, más bien, un capítulo más de una historia que se viene escribiendo desde hace casi diez años: la de un polo petroquímico y portuario que supo ser uno de los más pujantes del país y que hoy acumula fábricas cerradas, plantas paralizadas y miles de despidos.

Un polo que nació fuerte

El cordón industrial santafesino se constituyó como zona fabril a lo largo del siglo XX, sobre la ribera del Paraná, aprovechando la salida portuaria hacia la hidrovía. Ahí se instalaron desde mediados de siglo compañías que llegaron a ser las únicas de su rubro en el país: Sulfacid (luego ArZinc) producía desde 1950 el único zinc electrolítico y ácido sulfúrico nacional; la ex PASA Petroquímica —más tarde en manos de Petrobras y finalmente de Pampa Energía— procesaba caucho, estireno, aromáticos y solventes; la Refinería San Lorenzo, con estructura original de 1938, refinaba crudo y abastecía combustibles. A su alrededor crecieron terminales portuarias, aceiteras y decenas de empresas químicas más chicas.

El quiebre: 2016, el primer gran cimbronazo

El primer cierre de gran escala llegó en 2016, con ArZinc. La planta de Fray Luis Beltrán, que llegó a emplear a 1.200 personas y pertenecía desde 2005 al grupo suizo Glencore, sufrió la rotura de un horno clave en noviembre de 2015. Meses después, en pleno “Procedimiento de Crisis”, la empresa anunció que no iba a seguir invirtiendo y bajó la persiana en forma definitiva, dejando a más de 400 trabajadores en la calle. Fue, según relatan los propios sindicatos, el primer paro del sector privado contra el gobierno de Mauricio Macri en la región. El cierre además dejó una herida ambiental que sigue sin resolverse: el manejo de la jarosita, un residuo tóxico de la producción de zinc que Glencore nunca terminó de remediar.

La cadena no se detuvo

Lo que siguió fue, casi año tras año, una nueva baja:

2017 – Bravo Energy. Esta multinacional californiana, que desde 2006 procesaba aceites usados en San Lorenzo, cerró de un día para el otro alegando problemas económicos: los 35 empleados llegaron una mañana y encontraron un candado en el portón, sin que nadie diera explicaciones. La empresa arrastraba deudas de gas, sueldos y aportes sindicales.
2018 – Oil Combustibles. El caso más resonante y politizado de la región. La refinería de San Lorenzo, adquirida en 2010 por el Grupo Indalo de Cristóbal López, quedó en el centro de una causa judicial por retención de impuestos a los combustibles. Con López preso, la Justicia decretó la quiebra de la compañía y, tras un fallido intento de venta a la trader Trafigura, la operación terminó en manos de YPF. Bajo ese control, la petrolera estatal despidió a 400 trabajadores de la refinería, que quedó prácticamente sin producir.
2019 – Pampa Energía cierra Etileno San Lorenzo. La misma empresa que hoy cierra la planta de caucho ya había cerrado, en enero de 2019, su planta de etileno en San Lorenzo, con 50 retiros, citando la caída de exportaciones a Brasil y la crisis petroquímica regional. Ese año también quedó paralizada Cloretil, una pequeña química de Puerto General San Martín de apenas siete empleados, en conflicto por sueldos atrasados.
2020 – Segundo cierre de Bravo Energy y crisis en Cloretil. La planta de aceites usados, que aparentemente había reabierto, volvió a cerrar de forma definitiva en noviembre de 2020, con el mismo patrón: turno cerrado de un día para el otro y 30 despidos. Cloretil, mientras tanto, seguía sin poder pagar los salarios adeudados.
2021 – Buyatti se suma a la lista. 2021 – Buyatti, el vaciamiento de una aceitera centenaria. La aceitera Buyatti, ligada por lazos familiares al grupo Vicentin (con plantas en Reconquista y Chaco), operaba en Puerto General San Martín bajo la modalidad de fasón, es decir, como planta de acopio tercerizada. Tras un 2020 de incertidumbre, en el que llegó a funcionar al 60% de su capacidad hasta paralizarse a mediados de noviembre, la empresa presentó un procedimiento preventivo de crisis que el sindicato aceitero (SOEA) rechazó de plano, denunciando que se trataba de un vaciamiento y un traslado de maquinaria hacia la planta que el grupo tiene en Reconquista, y no de una crisis real. Pese a esa objeción, el Ministerio de Trabajo provincial firmó igual el cierre del procedimiento, lo que habilitó a la empresa a despedir a 73 trabajadores en marzo de 2021 —a los que luego se sumaron otros telegramas hasta llegar a 84— ofreciendo pagar apenas entre el 35% y el 50% de las indemnizaciones que correspondían. Legisladores provinciales y el propio sindicato calificaron los retiros voluntarios ofrecidos como “despidos encubiertos”. El conflicto escaló hasta bloquear el acceso de camiones a otras aceiteras y puertos vecinos como Bunge y ADM, con paros de más de 24 horas, hasta que en abril se llegó a un acuerdo para el pago total de las indemnizaciones. La planta, que llevaba 37 años funcionando en la región, terminó cerrando de forma definitiva: en 2025, sin compradores interesados en el complejo procesador de soja, Buyatti confirmó que “no hay vuelta atrás” y bajó las persianas por completo.
2024 – Dow Chemical y la primera alarma de FATE. En octubre, Dow anunció el cierre definitivo de su planta de polioles y poliuretanos en Puerto General San Martín, una decisión que la empresa presentó como “estratégica” y no económica, pero que dejó a 120 familias afectadas (la compañía habló oficialmente de 40 despidos). Fue, según los propios trabajadores, un déjà vu: tres años antes Dow ya había amagado con cerrar esa misma unidad. Ese mismo año, en mayo, FATE —la histórica fabricante de neumáticos con 80 años de trayectoria— despidió a 97 trabajadores citando sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias y baja competitividad exportadora.
2026 – FATE cierra y arrastra a Pampa Energía. En febrero, FATE anunció el cierre definitivo de su planta de San Fernando en Buenos Aires y el despido de sus 920 empleados, en medio de un salto de las importaciones de neumáticos (sobre todo chinos) y la baja de aranceles dispuesta por el gobierno de Javier Milei. Cinco meses después, en julio, Pampa Energía cerró su planta de caucho sintético en Puerto General San Martín —la única del país—, con 130 trabajadores afectados. El propio sindicato petroquímico vinculó directamente ambos hechos: sin FATE como cliente, la demanda de caucho sintético para neumáticos se desplomó.
Un mismo guion que se repite.

Verbano, la crisis silenciosa de una fábrica sin competencia externa

No todos los golpes al cordón industrial vinieron de la petroquímica o la agroindustria. En Capitán Bermúdez, a metros de San Lorenzo, la fábrica de porcelana Verbano —cuya razón social es Faiart Argentina S.A.— viene sosteniendo desde hace casi una década una crisis crónica que resulta especialmente elocuente porque afecta a una compañía que prácticamente no tiene competencia importada directa en su rubro. Fundada en 1953, Verbano es la única fabricante industrial de vajilla de porcelana del país y durante décadas abasteció al sector hotelero y gastronómico. Sus problemas se remontan a la apertura importadora de 2016 y se agravaron con la pandemia. En marzo de 2019 ya había tenido que suspender a sus 135 trabajadores durante un mes completo, cuando su producción de 12.000 platos diarios se topó con una demanda real de apenas 1.500. En 2020, un grupo inversor liderado por Gerardo Glusman tomó el control de la empresa buscando reflotarla y ampliar mercados, y llegó a proyectar crecimiento para 2025. Pero el escenario volvió a empeorar: en mayo de 2026 la compañía, con 105 empleados y arrastrando deudas salariales (llegó a pagar los sueldos de abril en dos partes, reteniendo un 30%), abrió un proceso de retiros voluntarios para desvincular a unos 55 trabajadores —más de la mitad de su plantilla—, de los cuales alrededor de 17 a 18 ya habían aceptado las condiciones hacia principios de junio. Los propios trabajadores atribuyen la crisis a la caída del consumo interno y al avance de productos importados, un diagnóstico que —a diferencia de los casos petroquímicos— muestra que ni siquiera la ausencia de competencia extranjera directa alcanza para blindar a una industria de la retracción del mercado interno santafesino.

Un mismo guión que se repite

Más allá de que cada empresa tuvo sus propias razones —roturas de maquinaria, causas judiciales, decisiones globales de casas matrices, apertura de importaciones—, el patrón es notablemente parecido en casi todos los casos: caída de exportaciones o de demanda, pérdida de competitividad frente a productos importados, retiros voluntarios ofrecidos bajo presión (“firmá ahora o cobrás menos”) y un efecto dominó donde el cierre de una planta termina golpeando a las que dependían de ella como clientas o proveedoras, tal como ocurrió entre FATE y Pampa Energía. También se repite la lógica de la audiencia de conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo, que en la mayoría de los casos logra demorar los despidos, pero rara vez revierte la decisión de fondo.

El resultado, dos décadas después de aquel polo pujante de mediados de siglo, es un cordón industrial que perdió a su única productora de zinc, su única refinería boutique bajo control provincial, dos plantas químicas históricas de Dow y Pampa, y que ahora, con el cierre de FATE a nivel nacional, ve cómo la crisis de un sector —el neumático— termina de licuar lo que quedaba en pie de la industria petroquímica regional.