Causa por corrupción del Juez Marcelo Bailaque: un contador se suma a los arrepentidos y este jueves se define el futuro del juez Salmain

Gabriel Mizzau, contador del exmagistrado Marcelo Bailaque y del narco Esteban Lindor Alvarado, firmó un acuerdo colaborativo. La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura vota mañana si impulsa el juicio político contra el juez federal Gastón Salmain.

El escándalo por los presuntos vínculos entre jueces federales y el narcotráfico en Rosario sumó un nuevo capítulo este miércoles. Se trata del contador Gabriel Mizzau, quien se convirtió en el tercer colaborador eficaz en la investigación que salpica a los tribunales federales de esa ciudad. El profesional, que trabajó simultáneamente para el exjuez Marcelo Bailaque y para el capo narco Esteban Lindor Alvarado, llegó a un acuerdo con la Justicia que incluye una reducción de pena a cambio de revelaciones clave.

La novedad se conoció en el marco de una audiencia en la Cámara Federal de Rosario, donde el fiscal de PROCUNAR, Diego Iglesias, informó que Mizzau reconoció haber lavado dinero para las firmas del clan Alvarado entre 2014 y 2018, y también aportó detalles sobre el patrimonio del exmagistrado Bailaque, actualmente detenido con prisión domiciliaria. Según las fuentes, el contador y Bailaque eran amigos desde la escuela, y fue ese vínculo el que permitió que el juez lo acercara al narcotraficante para que le manejara sus finanzas.

La trama comenzó a destaparse a mediados de 2024, cuando se supo que el hijo del contador de Lindor Alvarado trabajaba en el juzgado de Bailaque, mientras este tenía causas abiertas contra uno de los líderes del crimen organizado en Rosario. Más tarde se confirmó la doble función de Mizzau: asesoraba tanto al juez como al investigado.

Mientras la Justicia avanza con los arrepentidos, la suerte del juez federal Gastón Salmain –titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario– se definirá  en el Consejo de la Magistratura. La Comisión de Acusación, presidida por Alberto Maques e integrada por Álvaro González, Gonzalo Roca, César Grau, Luis Juez, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, votará el dictamen para pedir su juicio político.

Salmain está procesado con orden de captura, pero permanece libre gracias a los fueros que le otorga su cargo. Se lo investiga por dos hechos: haber firmado fallos a cambio de coimas en el marco de la causa “Attila” y por haber mentido en el concurso de oposición para ser juez, al ocultar que fue despedido del Poder Judicial en 2002 por ofrecer una coima a una empleada para adulterar un sorteo en el fuero de la Seguridad Social. La semana pasada, el magistrado declaró en su defensa ante el Consejo.

Si la Comisión aprueba el dictamen acusatorio, el caso pasará al Plenario del organismo. De ser destituido, Salmain perdería sus fueros y quedaría a disposición de la justicia ordinaria.

Los otros dos arrepentidos que ya declararon en esta causa son el financista Fernando Whpei y Carlos Vaudagna, exdirector regional del ARCA (ex AFIP) en Santa Fe. Ambos involucraron a los jueces Bailaque y Salmain en una red de delitos que incluía lavado de activos, coimas y obstrucción de investigaciones contra el narcotráfico.

El fiscal Iglesias adelantó que, a cambio de su colaboración, pedirá para Mizzau una pena de tres años de prisión en suspenso. La Cámara Federal de Rosario, por su parte, aún debe definir si envía a juicio oral a Marcelo Bailaque.

Bailaque está acusado de  la comisión de los delitos de prevaricato abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal y falsedad ideológica de documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos y se estimó la pena cuya imposición se requerirá en el juicio, en 10 años de prisión, 5 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, 5 años de inhabilitación absoluta y multas.

El exmagistrado —quien se encuentra en la actualidad sujeto al régimen de prisión domiciliaria— también fue acusado por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato en una investigación originada en la demora en la tramitación de una causa de 2013 en la que era investigado el condenado por delitos de narcocriminalidad Esteban Lindor Alvarado, y por el desvió de fondos judiciales de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios Limitada de Puerto General San Martín.

Trama de corrupción

“Las circunstancias presentan una gravedad institucional excepcional. El imputado actuó desde el máximo nivel de poder estatal, utilizando su cargo de juez federal como herramienta delictiva, lo cual constituye una de las formas más lesivas de corrupción pública, ya que desnaturaliza la esencia del Estado de Derecho: quien debía garantizar la legalidad, la vulneró deliberadamente, poniendo la estructura judicial al servicio de un interés privado y delictivo”, expusieron los fiscales, al fundamentar su solicitud.

Agregaron que “las conductas atribuidas a Bailaque configuran un supuesto paradigmático de corrupción estructural en el seno del Poder Judicial. No se trata de un acto aislado ni de un abuso funcional puntual, fue un plan delictivo prolongado en el tiempo que combinó extorsión, manipulación institucional y reciclaje de fondos provenientes del delito”.

Según una de las acusaciones, a partir de una compleja investigación impulsada por la PROCELAC, se lograron reunir elementos para atribuirle al exmagistrado tres hechos principales, en los que también quedaron involucrados el escribano Santiago Busaniche, el empresario Fernando Whpei y el extitular de la delegación local de la ex Administración Federal de Ingresos Público local (AFIP, hoy ARCA), Carlos Vaudagna.

Maniobra de extorsión: Según el MPF, desde mediados de 2019 y hasta el 22 de noviembre de 2024, Bailaque coordinó con el empresario Whpei, el escribano Busaniche y el entonces funcionario Vaudagna, una maniobra para impulsar actuaciones judiciales y fiscales contra los empresarios C.I. y J.O., con el objetivo dañar la reputación de I., y perturbar su carrera profesional en empresas del Grupo San Cristóbal. Para no perjudicarlo en una causa penal, a I. le exigieron 200.000 dólares, de los cuales la víctima entregó 160.000, entre octubre de 2019 y marzo 2022.

Pagos encubiertos bajo contrato de alquiler: El segundo hecho atribuido a Bailaque abarca el período comprendido entre enero de 2019 y enero de 2025, cuando se desempeñaba como titular del Juzgado Federal N°4 de Rosario. En ese contexto, se lo acusa por haber recibido pagos mensuales efectuados por Whpei a través de la mutual Siempre Joven, por un total de 5.719.194 pesos. Segú los fiscales, esos pagos estuvieron motivados en su condición de juez federal y fueron encubiertos mediante un contrato de locación de un inmueble de su propiedad ubicado en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Los ingresos fueron declarados como lícitos ante el fisco y el Consejo de la Magistratura.

La compra de un lote con fondos ilícitos: En un tercer hecho, quedó vinculada la esposa de Bailaque, Graciela Martínez Maulion. Según los fiscales, en agosto de 2020, ambos incorporaron al mercado formal fondos de origen ilícito mediante la celebración de un contrato oneroso de cesión de derechos y acciones que una empresa constructora tenía sobre un lote ubicado en el complejo “Vida Barrio Cerrado” de la localidad de Funes, a 20 kilómetros de Rosario. Para la adquisición, se pagaron 70.000 dólares en efectivo, monto que —según la acusación— resultaba inferior al valor real de mercado. Desde entonces, el matrimonio tomó posesión del terreno y lo administró.
Calificaciones legales y pedido de penas

De acuerdo a la ponderación global de los hechos investigados, para los representantes del MPF, las conductas de Bailaque encuadran en los siguientes delitos, en carácter de autor:

Concurso ideal de los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal y falsedad ideológica de documento público.
Concurso ideal de los delitos de extorsión y concusión.
Recepción de dádivas.
Lavado de activos de origen ilícito agravado por el carácter de funcionario público.
En función de las circunstancias del caso, la magnitud del daño institucional y la posición de poder del imputado, la fiscalía estimó la pena imponible a Bailaque en 10 años de prisión , 5 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, y absoluta por 5 años, multa equivalente a cinco veces el monto de la operación de lavado, y a tres veces el de las dádivas.

Las restantes acusaciones

En el marco de la investigación relacionada a la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín, Bailaque fue acusado por ser autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato, en concurso real. Se le atribuyó, en su carácter de juez, haber tomado decisiones jurisdiccionales contrarias a derecho, en las que ocultó deliberadamente su relación con Whpei, con el fin de favorecerlo.

Para la fiscalía, quedó acreditado que, en diciembre de 2020, dispuso el desbloqueo de los plazos fijos que se registraban en las entidades bancarias pertenecientes a la Cooperativa de Trabajadores Portuarios; y que el 11 de febrero del 2021 mantuvo la intervención de la cooperativa y firmó un decreto para rechazar la constitución como querellantes de los asociados de la cooperativa.

Además, el 23 de febrero del 2021, rechazó un planteo de los socios de la cooperativa que solicitaron se revoque la resolución por la cual se prorrogó la intervención; y el 13 de abril de 2021 firmó un decreto por el cual dispuso el desbloqueo de los fondos depositados en los bancos Macro, Coinag y Galicia pertenecientes a la cooperativa. Bailaque dispuso la autorización para liberar, primero 150 millones de pesos y luego, en abril de 2021, otros mil millones, a los fines de operar financieramente con el Grupo Unión SA y con la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, cuyo referente era Whpei.

Al presentar la acusación, estimaron la pena aplicable en la de 2 años de prisión (la máxima contemplada para el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público) y multa económica, inhabilitación especial por 4 años e inhabilitación absoluta perpetua. El fiscal Reynares Solari indicó que “todos los delitos fueron cometidos con dolo directo y con pleno dominio” por parte de Bailaque, quien “usufructuó su calidad de juez federal para llevar adelante su plan criminal”.

“La relevancia institucional que conlleva el rol que ocupaba Bailaque tornan a este caso de una gravedad inusitada sin precedentes en la jurisdicción, que deben operar como agravantes”, agregó.

Retardo en una causa sensible de narcocriminalidad

La restante acusación está relacionada con el accionar de Bailaque como juez en investigaciones a la organización criminal liderada por el condenado jefe narcocriminal Alvarado. Fue presentada en noviembre de 2025 y también comprende al contador Gabriel Mizzau. Allí se le atribuye haber dictado resoluciones contrarias a la prueba y a los impulsos fiscales entre 2014 y 2015, lo que provocó la paralización de las investigaciones y favoreció directamente los intereses de Mizzau, amigo personal del exjuez y contador de empresas utilizadas por la organización criminal.