
El Gobierno nacional oficializó la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una herramienta clave contemplada en la Ley de Modernización Laboral. A través del Decreto 408/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se establecieron las pautas operativas para este mecanismo que busca transformar el financiamiento de las indemnizaciones por despido en el sector privado.
El sistema se basa en la creación de fondos especiales alimentados por aportes patronales. Estos recursos serán administrados mediante vehículos de inversión colectiva —tales como fideicomisos financieros o fondos comunes de inversión—, los cuales estarán bajo la estricta supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
El objetivo central es garantizar la disponibilidad de capital para el pago de indemnizaciones, asegurando la segregación patrimonial y una gestión transparente de los fondos. La normativa precisa que, para lograr este fin, los recursos deberán ser invertidos exclusivamente en instrumentos financieros emitidos y negociados dentro del país, fomentando así la inversión productiva local.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será el organismo encargado de la percepción y derivación de las contribuciones. Para garantizar la trazabilidad de los fondos, cada empleador deberá identificar sus aportes mediante un “ID FAL” específico.
¿Cómo cobrarán los trabajadores?
El nuevo esquema establece un procedimiento ágil para el acceso a la cobertura. Una vez que se presenten los requisitos y la documentación necesaria, la entidad administradora tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para transferir los fondos al trabajador.
Para ser beneficiarios de este régimen, los empleados deberán cumplir con dos condiciones fundamentales:
Estar debidamente registrados bajo la normativa vigente.
Acreditar una antigüedad mínima de doce meses en el puesto laboral.
Aunque la reglamentación ya es un hecho, el sistema tendrá una puesta en marcha progresiva. El Poder Ejecutivo postergó la entrada en vigencia operativa hasta el 1 de noviembre de 2026.
Durante este período de transición, la Secretaría de Trabajo, la CNV, la ARCA y la Secretaría de Finanzas trabajarán de manera conjunta en la elaboración de las normas complementarias. De esta forma, el Gobierno avanza en la aplicación efectiva de la Ley de Modernización Laboral, buscando dotar de mayor previsibilidad al mercado de empleo privado.