
El inmueble, ubicado en 27 de Febrero y Gutenberg, pertenecía a Eduardo Muñoz, detenido la semana pasada por el asesinato del agente. Se trata del cuarto espacio de venta de drogas desmantelado en ese sector en las últimas dos semanas.
Las topadoras volvieron a avanzar este lunes sobre las estructuras del narcotráfico en Rosario. En un operativo con fuerte carga simbólica y judicial, fue derribado un búnker de venta de drogas en el barrio Villa Banana que estaba directamente vinculado a la investigación por el asesinato de un agente de la Policía Federal Argentina (PFA), ocurrido el pasado 11 de junio.
El inmueble derribado, situado en la intersección de la avenida 27 de Febrero y calle Gutenberg, funcionaba como vivienda y punto de comercialización de estupefacientes de Eduardo Muñoz, sindicado por los investigadores como uno de los principales autores materiales del homicidio del policía. Muñoz había sido capturado la semana pasada en el marco de una serie de procedimientos ordenados por la Justicia Federal.
Detrás de la demolición de la estructura existe un entramado judicial que busca atacar el corazón económico de las bandas que operan en la zona. A raíz del crimen del efectivo federal, se conformó un equipo especial de trabajo que coordina esfuerzos entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia y el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Las esferas de acción están repartidas para lograr mayor efectividad: mientras el fuero federal avanza sobre los detalles del homicidio, los fiscales provinciales del MPA se enfocan en desactivar los focos de violencia territorial y el narcomenudeo que, según los indicios recabados, funcionaron como el detonante de la balacera de aquella noche.
Con esta intervención, ya suman cuatro los puntos de venta de drogas que fueron inhabilitados y destruidos en un radio de pocos metros dentro de Villa Banana en apenas quince días.
Desde el ámbito judicial señalaron que las tareas en el barrio no concluyen con la caída de las paredes del búnker ni con las detenciones logradas hasta el momento. Las autoridades fiscales ratificaron que se sostendrá una presencia focalizada en el sector con el objetivo de seguir desarticulando las redes de comercialización a menor escala y, fundamentalmente, devolver índices de tranquilidad a los vecinos.
Con este último procedimiento, la provincia ya contabiliza 130 espacios de venta de estupefacientes desactivados mediante el uso de la Ley de Microtráfico —vigente desde el inicio de 2024—, un mecanismo que articula de forma directa los recursos del Gobierno de Santa Fe, la policía, los municipios y los ministerios públicos para intervenir de urgencia en las barriadas más conflictivas.