
A más de un año del crimen de la enfermera del Hospital Centenario, la causa sigue impune y sin detenidos. El trasfondo de una fiscal suspendida por desoír las denuncias de violencia de género y la sombra de un ataque por encargo.
El brutal femicidio de Ailén Ayelén Oggero, la enfermera de 32 años asesinada a balazos a principios de 2025, sumó un capítulo clave en la búsqueda de romper la parálisis judicial. El Gobierno de la Provincia de Santa Fe formalizó, a través de la resolución nro. 1879/2026 del Boletín Oficial, el ofrecimiento de una recompensa de 16 millones de pesos para cualquier persona que aporte datos certeros y útiles que permitan identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen.
El hecho ocurrió el 18 de febrero de 2025 en la puerta de su vivienda, ubicada en Pasaje Prusia 6772, en la zona oeste de Rosario. A más de un año de aquella trágica jornada, los avances en la investigación penal son nulos y la causa permanece sumida en una preocupante impunidad.
El asesinato de Oggero no solo conmovió a la región por su violencia, sino que destapó un grave escándalo institucional. A principios de este mes, la Legislatura provincial resolvió suspender por 90 días sin goce de sueldo a la fiscal María Verónica Ballari, encargada inicial del caso. La funcionaria fue apartada tras comprobarse que no profundizó las líneas de investigación sobre el entorno de la víctima ni protegió a Ailén a pesar del calvario que sufría.
Antes de ser ejecutada, la enfermera del Hospital Centenario padecía un hostigamiento sistemático por parte de su expareja, Jonathan O. En reiteradas presentaciones judiciales, la mujer había denunciado que el hombre la perseguía de forma constante tras la ruptura de la relación e ingresaba por la fuerza a su domicilio. Además, le robó el automóvil y la golpeó ferozmente en reiteradas oportunidades.
Pese a este alarmante cuadro, la única medida que la Justicia le otorgó en vida fue una orden de restricción de acercamiento que resultó totalmente inútil. Recién un día después del femicidio, el hombre fue detenido en la planta de la firma Vicentín, en San Lorenzo, e imputado de forma tardía por los delitos de violencia de género, pero nunca quedó formalmente ligado a la autoría del homicidio.
Desde el primer día, la familia de Ailén apuntó contra su expareja como el principal sospechoso. El acusado se defendió argumentando que al momento del ataque se encontraba cumpliendo su jornada laboral en la vecina localidad de San Lorenzo, coartada que inicialmente le permitió recuperar la libertad.
Sin embargo, fuentes cercanas a la causa advierten que su presencia física en el trabajo no lo desvincula de una posible participación como autor intelectual. En ese sentido, la principal hipótesis —que la suspendida fiscal Ballari evitó profundizar— apunta a los presuntos vínculos de la expareja con segundas líneas de la narcocriminalidad, lo que alimenta la sospecha de un brutal ataque sicario por encargo.
La resolución gubernamental es estricta respecto a las garantías para quienes decidan romper el silencio y presentarse como testigos:
Secreto absoluto: El Ministerio de Seguridad aclaró que la identidad de las personas que brinden información será mantenida bajo estricto secreto antes, durante y después de finalizado el proceso judicial.
Los canales oficiales habilitados para recibir información sobre el femicidio son:
Vía correo electrónico: recompensas@mpa.santafe.gov.ar
Presencial (Rosario): Sede de la Fiscalía Regional, en calle Sarmiento 2850.
Otras sedes: En cualquiera de las Oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA) distribuidas en el territorio provincial.