Celulosa Argentina: la Justicia extiende los plazos del concurso y el futuro de la papelera se vuelve más incierto

La empresa atraviesa uno de los procesos concursales más complejos de la industria nacional. El juzgado de San Lorenzo postergó hasta 2027 el informe clave de verificación de créditos, mientras la controlada Forestadora Tapebicuá queda bajo intervención judicial y el nuevo controlador, Esteban Nofal, intenta reflotar una compañía que acumula pérdidas millonarias.

El laberinto judicial de Celulosa Argentina se torna cada vez más espeso. Lo que en septiembre pasado parecía una salida rápida mediante la compra de la mayoría accionaria por parte del inversor Esteban Nofal, hoy se topa con la cruda realidad de un expediente que crece sin pausa: cientos de acreedores reclaman sus créditos y la Justicia, desbordada, decidió extender los tiempos del concurso preventivo hasta marzo de 2027.

Así lo informó la propia compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV). El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de Primera Nominación de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, modificó el cronograma original del proceso. La sindicatura deberá presentar recién el 30 de marzo de 2027 el informe individual donde se determinará qué acreencias son admitidas y por qué montos. Hasta entonces, continuará el análisis de los pedidos de verificación presentados por bancos, proveedores, organismos públicos y trabajadores.

Como paso previo, el tribunal fijó para el **10 de noviembre de este año** una presentación intermedia en la que la sindicatura deberá acreditar el avance de la revisión documental. El fundamento de la demora es contundente: la “enorme cantidad” de solicitudes y la complejidad técnica que implica validar cada una de ellas.

El detonante de la crisis

Celulosa Argentina llegó al concurso preventivo con una deuda financiera que rondaba los 140 millones de dólares, acumulada tras varios ejercicios castigados por tasas de interés elevadas, restricciones de liquidez, aumento de costos industriales y una caída sostenida de la demanda. El disparador fue el vencimiento de compromisos de corto plazo por aproximadamente 18,5 millones de dólares –obligaciones negociables, pagarés bursátiles y otros instrumentos– que la empresa no pudo afrontar.

En su presentación ante la CNV, la firma también reportó una pérdida anual de **172.634 millones de pesos argentinos** al cierre de mayo de 2025. A esto se sumaron pedidos de quiebra impulsados por acreedores como Tecmaco Integral y la firma brasileña Bbunker, que forzaron la entrada en el concurso.

El 19 de septiembre de 2025, Esteban Nofal, al frente de CIMA Investments, tomó el control de la papelera al adquirir el 45,5% de las acciones  (452,6 millones de títulos clase B) por un valor simbólico de 1 dólar, en una operación que se conoció cuando la empresa ya estaba técnicamente en cesación de pagos. Nofal –hijo del fundador de Torneos y conocido por su participación en la reestructuración de la deuda de Vicentin– inyectó unos 15 millones de dólares para reactivar plantas y mantener la operación.

Sin embargo, los resultados financieros posteriores no son alentadores. Según el balance a febrero de 2026, la compañía acumuló una pérdida de 86.534 millones de pesos en nueve meses, un 67% más que en el mismo período del año anterior, mientras los ingresos cayeron un 59%. La empresa asegura haber alcanzado un “equilibrio económico preliminar”, pero el mercado observa con cautela.

– Intervención judicial en Forestadora Tapebicuá

El mismo día que se informó la extensión del concurso, Celulosa Argentina comunicó otro hecho relevante: la Justicia Comercial dispuso la intervención plena de la administración de Forestadora Tapebicuá S.A.U., su subsidiaria encargada del abastecimiento de madera para las plantas industriales.

El Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 14, que tramita el concurso de esa sociedad, designó como interventora a María Anahí Cordero, quien ejercerá todas las facultades societarias hasta el inicio del período de exclusividad previsto para octubre. Los administradores originales fueron desplazados temporalmente, aunque la empresa sigue siendo propiedad del mismo grupo.

Forestadora Tapebicuá, con sede en Gobernador Virasoro (Corrientes), arrastra una deuda cercana a los 11.500 millones de pesos y lleva casi un año sin actividad productiva. Sus 395 empleados cobran solo el 60% de sus salarios, y la producción de fenólicos se desplomó de 19.704 millones a apenas 3.436 millones de pesos interanuales. La empresa no cuenta con fondos propios para reiniciar operaciones y busca inversores externos, pero hasta el momento no hay acuerdos firmes.

El panorama es incierto. El concurso preventivo de la controlante se extenderá al menos hasta el primer trimestre de 2027, y la propuesta de reestructuración de deuda –que plantea un período de gracia de 24 meses y un esquema de amortización semestral creciente– deberá ser votada por los acreedores. La suerte de Forestadora Tapebicuá está en manos de eventuales inversores, mientras la intervención judicial busca preservar los activos en una etapa crítica.

Para Nofal, el desafío es doble: convencer a los acreedores de que el plan es viable y, al mismo tiempo, estabilizar la operación en un contexto macroeconómico adverso, con tipo de cambio apreciado, demanda interna débil y costos financieros elevados.

Por ahora, la Justicia le ha dado más tiempo a la sindicatura para contar los votos, pero el reloj corre en contra de una de las empresas más emblemáticas del sector papelero argentino. El próximo hito será el 10 de noviembre, cuando se conozca el grado de avance de la revisión de créditos. Hasta entonces, el futuro de Celulosa Argentina seguirá colgado de un expediente que no deja de engordar.