La Justicia de Rosario ratificó la condena a Serjal y el caso vuelve a poner en el centro de la escena al senador Traferri

La Cámara de Apelaciones confirmó por mayoría las penas de 9 y 5 años contra el exjefe de fiscales Patricio Serjal y el exempleado judicial Nelson Ugolini. El fallo, dividido 2 a 1, mantiene en pie la figura de asociación ilícita y complica aún más la situación procesal del senador provincial Armando Traferri, señalado por los fiscales como el jefe político de la trama.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario confirmó este miércoles la condena a nueve años de prisión para el exjefe de fiscales Patricio Serjal (49) y la de cinco años para el exempleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Nelson Ugolini (39), ambos hallados responsables de integrar una estructura de corrupción judicial vinculada al juego clandestino en la provincia de Santa Fe.

La resolución de segunda instancia no fue unánime. Los jueces Ismael Manfrín y Carolina Hernández respaldaron el fallo del tribunal de juicio en su totalidad, incluida la calificación de asociación ilícita, mientras que Javier Beltramone votó en disidencia al entender que ese delito debía excluirse de la condena, lo que hubiera reducido significativamente las penas e incluso podría haber dejado en libertad a los acusados. Pese a esa diferencia, los tres magistrados coincidieron en confirmar las condenas por cohecho pasivo agravado y peculado de servicios.

Con este pronunciamiento quedaron firmes las penas dictadas originalmente el 7 de noviembre de 2025 por el tribunal integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese, y ambos condenados continuarán en prisión preventiva.

Una asociación con años de actividad y alcance provincial

Según sostuvo la acusación durante el proceso, la organización operó al menos entre abril de 2017 y julio de 2020, con centro de operaciones en Rosario y ramificaciones en Gálvez, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista y Rafaela, y tuvo como fin explotar de manera ilegal una red de juego clandestino y apuestas electrónicas sin autorización.

Durante la revisión del fallo, la defensa de Serjal centró buena parte de su estrategia en la situación de Traferri. Sus abogados argumentaron que el juicio que derivó en la condena era “inconstitucional e inválido” porque involucró en los hechos al senador sin que este pudiera ejercer su derecho de defensa, al no haber sido formalmente juzgado en esa instancia. También se hizo referencia al fuerte deterioro físico de Serjal durante su detención, como parte del cuadro que buscó instalar la defensa ante el tribunal revisor.

El caso tiene una carga política que excede a los dos condenados de esta semana. En el fallo de primera instancia hay más de un centenar de menciones al senador por el departamento de San Lorenzo, a quien la fiscalía señaló como el jefe político de la asociación ilícita, encargado —según esa hipótesis— de la “recaudación” a nivel político mientras Serjal, Ugolini y el también condenado Gustavo Ponce Asahad garantizaban la cobertura judicial y Leonardo Peiti se ocupaba de la gestión del juego ilegal.

Traferri pudo eludir durante años ser indagado gracias a sus fueros parlamentarios, un esquema de inmunidades que en Santa Fe llegó a derivar en una disputa que escaló hasta la Corte Suprema de la Nación. Recién en octubre de 2024, tras renunciar a esa protección, el senador fue formalmente imputado. Con las condenas ya firmes de Serjal, Ugolini, Ponce Asahad y Peiti, su situación judicial queda cada vez más expuesta, aunque todavía resta que avance hacia un juicio oral y público propio.

En paralelo, otro tramo de la misma causa sigue su curso: un grupo de cuatro abogados vinculados a la trama afronta su propia audiencia de juicio oral y público, cuya continuidad estaba prevista para fines de junio. La Justicia santafesina deberá definir en los próximos meses si Traferri finalmente llega a esa instancia, en un proceso que combina, como ocurrió en cada capítulo anterior, tanto definiciones estrictamente judiciales como una fuerte repercusión política en la provincia.