El Gobierno intimó por medio de la Prefectura a los prácticos para forzar la reanudación del servicio en los puertos

Tras el freno por tiempo indeterminado dispuesto por los especialistas encargados de guiar los barcos en rechazo al Decreto 690/2026, las autoridades notificaron individualmente a los profesionales bajo la advertencia de iniciarles causas penales y quitarles las licencias.

El conflicto derivado de la desregulación del transporte fluvial se profundizó este fin de semana en los principales nodos portuarios y agroexportadores del país. Luego de que los prácticos, pilotos y baqueanos de todo el territorio nacional decidieran suspender de forma concertada la atención a bordo de los buques por tiempo indeterminado, el Gobierno nacional desplegó a la Prefectura Naval Argentina para enviar intimaciones individuales e exigir la reactivación inmediata de las tareas.

La medida de fuerza, iniciada tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026 firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, paralizó la maniobra de ingreso, salida y navegación de barcos de gran tamaño en la Hidrovía y los canales de acceso a los puertos.

¿Qué es un práctico y qué cambia con la nueva norma?

Los prácticos son los capitanes expertos y locales que se suben a los barcos mercantes (tanto de bandera argentina como extranjera) para asesorar a sus capitanes durante el paso por ríos, canales y zonas peligrosas de los puertos. Por las condiciones complejas de las vías navegables argentinas, su contratación siempre ha sido obligatoria para evitar encallamientos o accidentes.

El nuevo decreto busca reducir el denominado “costo argentino” en el comercio exterior mediante los siguientes puntos centrales:

• Registro abierto: Elimina trabas para el ingreso de nuevos profesionales a la actividad.

• Libre contratación: Permite a las empresas navieras elegir a qué prestador contratar de forma directa.

• Tope a las tarifas: Faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) a fijar precios máximos para cobrar por el servicio.

• Excepciones de uso: Permite que determinados capitanes extranjeros puedan declarar bajo juramento que conocen el río y así navegar sin la obligación de contratar a un práctico local.

El reclamo del sector y la respuesta oficial

Desde las entidades que agrupan a estos profesionales rechazaron de plano la medida al sostener que se pone en riesgo la seguridad de la navegación, el cuidado del medio ambiente y la vida de las tripulaciones. Cuestionan principalmente que se habilite a capitanes extranjeros a navegar ríos complejos mediante una simple declaración jurada y anticiparon que recurrirán a la Justicia Federal para pedir la nulidad de la norma, además de denunciar penalmente a los funcionarios firmantes.

En respuesta al freno de la actividad, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Desregulación ordenaron a la Prefectura notificar a cada especialista en sus domicilios y puestos de trabajo. En las intimaciones se remarca que el servicio de guía de barcos está encuadrado como un servicio público regulado por la Ley de Navegación N° 20.094.

Bajo esa base legal, el Poder Ejecutivo advirtió que la interrupción no justificada de las tareas representa una falta grave que puede derivar en:

1. Denuncias penales por entorpecimiento del transporte y la navegación.

2. Sumarios administrativos orientados a suspender o cancelar de forma definitiva las licencias habilitantes para trabajar.

Primeras consecuencias en el comercio exterior

La parálisis de las maniobras ya comenzó a hacerse sentir en las terminales portuarias. Múltiples buques de carga pesada debieron quedar amarrados o fondeados en zonas de espera sobre los ríos a la espera de ser guiados, provocando demoras en la logística de exportación de granos y en el abastecimiento industrial y energético nacional.