El Gobierno dio marcha atrás con la reforma del practicaje y suspendió el decreto que paralizó los puertos

Tras cuatro días de conflicto que afectaron la actividad portuaria y dejaron cientos de buques demorados, el Gobierno nacional suspendió la aplicación del Decreto 690/2026, la norma que había modificado el régimen del servicio de practicaje y pilotaje en los puertos y vías navegables del país.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 716/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y representa un cambio de rumbo en medio de las negociaciones con los prácticos y pilotos, quienes habían paralizado el servicio en rechazo a la desregulación impulsada por el Ejecutivo.

Con la nueva medida, el Gobierno restableció de manera provisoria el régimen anterior, dejando sin efecto las modificaciones introducidas por el Decreto 690 hasta que se alcance un acuerdo para redactar una nueva reglamentación.

Como parte del entendimiento, también se conformará una mesa de trabajo integrada por representantes del Ministerio de Seguridad Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y referentes del sector de practicaje y pilotaje. El objetivo será consensuar un nuevo marco regulatorio y definir un cronograma de trabajo para las próximas semanas.

Además de la suspensión del decreto, el acuerdo contempla la normalización inmediata del servicio y una reducción del 20% en las tarifas de practicaje y pilotaje.

El conflicto se había iniciado luego de la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, que buscaba desregular el servicio para reducir costos logísticos y fomentar una mayor competencia. En respuesta, prácticos, pilotos y baqueanos suspendieron las tareas, lo que provocó la demora de cerca de 200 buques y complicó la operatoria de los principales puertos del país, especialmente en el complejo agroexportador del Gran Rosario.

En el momento de mayor tensión, la Prefectura Naval Argentina llegó a intimar a más de 500 profesionales para que retomaran sus funciones, bajo apercibimiento de sanciones administrativas y eventuales denuncias penales. Finalmente, las negociaciones permitieron destrabar el conflicto y el Ejecutivo resolvió suspender la aplicación de la norma mientras continúa el diálogo con el sector.