
A través del Ministerio de Salud, se estableció el procedimiento operativo para el cobro de las prestaciones. Las emergencias que pongan en riesgo la vida continuarán garantizadas sin distinción de la situación migratoria.
El Ministerio de Salud de la Nación reglamentó el procedimiento para que los hospitales públicos bajo la órbita del Estado Nacional comiencen a cobrar los servicios de atención médica a los extranjeros que no cuenten con residencia en el país. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial mediante una resolución firmada por el ministro Mario Lugones.
La disposición pone en marcha lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, el cual impulsó modificaciones a la normativa migratoria. Mientras que los extranjeros con residencia permanente mantendrán el acceso gratuito acreditando su condición con DNI, la nueva reglamentación fija reglas específicas para la recuperación de costos en el caso de las personas no residentes.
El “Procedimiento operativo para la atención sanitaria de personas extranjeras” contempla dos modalidades para los pacientes sin residencia:
Con seguro de salud: Si la persona posee cobertura médica o seguro de viaje, el centro de salud facturará directamente los costos a la entidad aseguradora.
Sin cobertura médica: El usuario deberá abonar el valor de la prestación de forma previa a ser atendido.
Por otra parte, la normativa ratifica que la atención en situaciones de urgencia médica continuará garantizada para cualquier persona, sin importar su condición migratoria ni condicionamientos administrativos previos. Esta categoría abarca cuadros con riesgo inminente para la vida o funciones vitales, tales como infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves y emergencias pediátricas u obstétricas. No obstante, las prestaciones posteriores a la estabilización del paciente sí quedarán sujetas a facturación.
Según precisaron desde la cartera sanitaria nacional, cada uno de los hospitales bajo administración del Estado Nacional deberá diseñar y ejecutar los mecanismos internos para llevar a cabo la facturación y el cobro de las atenciones.
La medida se suma a otras iniciativas de la administración central en materia de políticas migratorias y de uso de recursos públicos, que incluyen proyectos presentados en jurisdicciones provinciales para extender el arancelamiento a otras áreas como la educación universitaria y la salud subnacional.