El exfiscal Ríos Artacho seguirá preso 90 días por el desvío de fondos judiciales

La Justicia ordenó la prisión preventiva del exfiscal Mariano Ríos Artacho y de otros cuatro imputados en la causa que investiga el presunto desvío de unos 425 millones de pesos provenientes de cuentas judiciales. La jueza María Trinidad Chiabrera dispuso la medida por 90 días.

La Fiscalía atribuye a Ríos Artacho haber liderado una asociación ilícita que, durante aproximadamente siete años, habría retirado dinero depositado por fianzas, cauciones, reparaciones a víctimas y secuestros de causas penales. De acuerdo con la acusación, los fondos eran derivados a personas sin vínculo con los expedientes y luego circulaban por intermediarios hasta llegar al exintegrante del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal Adrián Spelta detalló que la pesquisa abarca 148 cuentas judiciales, aunque hasta el momento se analizaron 48. De ese primer relevamiento surgieron al menos 12 causas con maniobras presuntamente delictivas. “Actualizamos los fondos desde 2017 a la actualidad y el monto alcanza los 425 millones de pesos”, señaló.

Según precisó, en nueve de esos doce casos el dinero no habría sido devuelto, mientras que en los tres restantes hubo reintegros, una situación que incidió en las calificaciones penales atribuidas a los involucrados.

Spelta sostuvo que la operatoria se instrumentaba mediante oficios firmados en el marco de investigaciones judiciales. “La falsedad ideológica de instrumentos públicos era la herramienta para lograr la transferencia de los fondos”, afirmó. También remarcó que las segundas firmas requeridas en algunos trámites no implicaban complicidad: “El primer engañado era el segundo fiscal; después, el banco y finalmente, todos nosotros y la sociedad”.

Durante la audiencia, Ríos Artacho reconoció padecer ludopatía y admitió haber administrado de manera irregular fondos judiciales, aunque rechazó la existencia de una asociación ilícita. Para la Fiscalía, esa postura busca desligarlo a él y a los demás acusados de esa figura penal. “Reconoce todos los hechos delictivos imputados, pero pretendió apartarse de la asociación ilícita. La jueza entendió que esa organización estaba acreditada”, indicó Spelta.

La fiscal general María Cecilia Vranicich consideró que el caso representa una grave afectación institucional, pero destacó que la investigación surgió de mecanismos internos del propio MPA. “La corrupción de funcionarios públicos es un objetivo priorizado”, sostuvo, y señaló que la pesquisa, pese a su complejidad, se desarrolló en menos de tres meses.

Vranicich afirmó que la situación no debilita al organismo. “Lejos de debilitarnos, esto nos fortalece”, expresó. Además, fue contundente respecto de la conducta atribuida al exfiscal: “El Ministerio Público de la Acusación no tolera ni va a tolerar ningún caso de corrupción funcional”.

Junto a Ríos Artacho, quedaron detenidos Julio Héctor M., Fabricio Emanuel R., Gustavo C. y el abogado penalista Emilio B., a quienes la acusación ubica como organizadores. En tanto, Nahuel R., Agostina R., Bruno B., Paola B., Daniel C. y Daniel B. recuperaron la libertad tras acuerdos entre las defensas y los fiscales.
La investigación continúa. Restan revisar alrededor de 100 cuentas judiciales y la Fiscalía no descarta que aparezcan nuevos hechos o personas afectadas. “Esto es la punta del iceberg”, advirtió Spelta.