Imputaron en Rosario a una partera de 88 años por la supresión de identidad de una mujer nacida en 1970

La mujer trabajaba en la maternidad del Hospital Roque Sáenz Peña. La Fiscalía sostiene que entre 1968 y 1980 habría separado bebés de sus madres biológicas para entregarlos a otras familias a cambio de dinero. Hay al menos otros cinco casos bajo investigación.

Una mujer de 88 años que trabajó como partera en el Hospital Roque Sáenz Peña de Rosario fue imputada por la supresión y alteración de la identidad de una mujer nacida en 1970 y por haber colocado información falsa en documentación pública.

La acusación fue presentada por la fiscal federal Soledad García, a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas de la Unidad Fiscal Rosario, durante una audiencia realizada el miércoles ante el juez federal de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz.

Según la investigación, cuando trabajaba como partera la acusada habría confeccionado un certificado de nacimiento con datos falsos sobre los padres biológicos de una beba.

La Fiscalía también investiga otros cinco casos que habrían ocurrido entre 1968 y 1980, durante el período en el que la mujer se desempeñaba en el área de maternidad del hospital.

“De manera sistemática, entre 1968 y 1980 separaba bebés de sus madres biológicas y los entregaba por dinero. Hay al menos cinco víctimas, todas denunciaron tener suprimida su identidad”, sostuvo la fiscal García durante la audiencia.

La investigación que derivó en la imputación comenzó con una denuncia presentada el 15 de abril de este año por una mujer identificada como C.E.M.Q.

La denunciante explicó que durante años tuvo dudas sobre su origen. En 2012 decidió realizar un estudio de ADN con la mujer que figuraba en su partida de nacimiento como su madre. El resultado determinó que no existía vínculo biológico entre ambas, con una probabilidad del 0 por ciento.

De acuerdo con la Fiscalía, en 1970 la partera habría confeccionado un certificado de nacimiento en el que afirmó falsamente que E.A.Q. y A.T.B., ambos actualmente fallecidos, eran los padres biológicos de la niña.

Con esa documentación, la beba fue inscripta en el Registro Civil como C.E.M.Q.

La denunciante sostuvo que la maniobra habría sido coordinada por la obstetra conocida como “Dolly” y que sus padres de crianza le habrían pagado dinero para recibir a la niña.

Para concretar la inscripción, según la acusación, se incorporaron datos falsos en documentación pública. La partera certificó que el nacimiento había ocurrido en el Hospital Roque Sáenz Peña y señaló como padres biológicos a quienes en realidad habrían sido sus padres de crianza.

La mujer también contó que, antes de morir, su madre de crianza le confesó que en realidad habría nacido cerca del 27 de diciembre de 1969. Sin embargo, su partida fue confeccionada el 9 de enero de 1970 y señala al Hospital Roque Sáenz Peña como lugar de nacimiento.

Amenazas para mantener en secreto su origen

La denunciante relató que creció en un entorno en el que se evitaba hablar sobre su verdadera identidad.

Su padre de crianza trabajaba en las fuerzas de seguridad de Santa Fe y había prestado servicios en la Jefatura de Policía de Rosario y en tareas de investigación privada. Según la mujer, habría utilizado esa posición para amenazar a familiares y vecinos con el objetivo de impedir que revelaran información sobre su origen.

Una tía de la denunciante respaldó ese relato ante los investigadores y afirmó que integrantes de la familia habían recibido amenazas de muerte atribuidas al hombre.

Sobre su madre biológica, la víctima explicó que, por lo que pudo conocer posteriormente, habría sido una joven que no podía hacerse cargo de ella. Después de entregar a la beba, las personas que la recibieron le habrían pagado un pasaje para viajar hacia una zona rural de Mar del Plata.

La investigación no se limita a esta denuncia. La Fiscalía analiza los testimonios de otras cinco personas que aseguran tener su identidad suprimida y cuyos casos podrían estar vinculados con la misma partera.

Entre ellas se encuentra una mujer identificada por sus iniciales como D.E.V., conocida como “Dolly”, que fue criada como hija de la propia imputada.

La Justicia ordenó realizar una extracción compulsiva de ADN a la acusada para establecer si D.E.V. es realmente su hija biológica.

La fiscal García sostuvo que los hechos investigados van más allá de una irregularidad administrativa, ya que mediante documentación pública se habría establecido una filiación falsa cuyos efectos continúan hasta la actualidad.

“Es un caso gravísimo el que se investiga en esta unidad fiscal, afectó derechos a la identidad y dignidad de esas personas”, expresó.

La Fiscalía calificó los hechos como supresión y alteración del estado civil y de la identidad de una persona menor de diez años, previsto en el artículo 139 del Código Penal, y falsedad ideológica de instrumento público, contemplada en el artículo 293.

La Justicia rechazó el planteo de prescripción

Durante la audiencia, la defensa de la partera sostuvo que la causa estaba prescripta debido al tiempo transcurrido. Sin embargo, el juez Rodrigues Da Cruz rechazó ese planteo y dio por formalizada la investigación.

El magistrado consideró que se investiga un delito continuado y que sus efectos permanecen mientras no se logre establecer la verdadera identidad de las víctimas.

También autorizó, a pedido de la Fiscalía, la extracción compulsiva de ADN de la imputada. Para justificar la decisión, señaló que la jurisprudencia de la Corte Suprema reconoce el derecho de las víctimas a conocer su identidad y consideró que la medida no vulnera las garantías de la acusada ni implica obligarla a declarar contra sí misma.

La mujer continuará en libertad mientras avanza la investigación, pero deberá cumplir una serie de medidas: presentarse cada 15 días ante la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, entregar su pasaporte, no salir del país, no mantener contacto con las víctimas e informar cualquier cambio de domicilio.

En las entrevistas y el acompañamiento de las personas damnificadas también intervino el Área de Atención a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario, encabezada por el fiscal Andrés Montefeltro.

La Unidad Fiscal Rosario habilitó además el correo electrónico atencionvictimas-ros@mpf.gov.ar para personas que puedan aportar información relacionada con estos hechos o que consideren que podrían haber sido víctimas de situaciones similares.