Archivaron la denuncia contra tres psicólogas de Rosario acusadas de armar informes falsos en causas de abuso infantil

Las fiscales Guillermina Aiello y Bárbara Glikman concluyeron que no hay pruebas de falso testimonio ni de asociación ilícita. También descartaron la corrupción de menores.

El Ministerio Público de la Acusación de Rosario desestimó la denuncia penal contra tres psicólogas a las que un grupo de abogados acusaba de elaborar informes falsos en causas por abuso sexual infantil, con el fin de separar a los niños de sus padres. La resolución fue firmada por las fiscales Guillermina Aiello y Bárbara Glikman, que consideraron insuficientes los elementos serios, precisos y verosímiles para impulsar una causa penal.

La denuncia se había presentado en septiembre de 2025, aunque tomó estado público a comienzos de este año. La firmaron los abogados Viviana Cosentino, Juan Lewis, Carina Lurati, Froilán Ravena, Ramiro Coso, José Nanni, Estela Marelli y Adriana Torchio contra las profesionales identificadas por sus iniciales como P.B.A., G.R.S. y N.V.A. Según la nota de Sonia Tessa, también intervinieron otros abogados, como Renzo Viga y Rafael Tamous, en representación de seis acusados por abuso sexual. Los denunciantes planteaban falso testimonio agravado y asociación ilícita, y vincularon a las psicólogas con la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (AEVAS), a la que sugirieron como una “fachada”.

Las fiscales sostuvieron que no se logró reunir evidencia alguna de que las profesionales hayan distorsionado deliberadamente lo informado. Remarcaron que discrepar con el contenido de un informe no lo convierte en falso, porque el delito exige dolo y este no pudo acreditarse con evidencia objetiva. Según Tessa, la resolución advierte además que equiparar el disenso profesional con el dolo penal vulnera el principio de legalidad.

Sobre la asociación ilícita, señalaron que, aunque las tres integran AEVAS, no se acreditó con elementos objetivos un pacto entre ellas ni con las madres denunciantes. En cuanto a los supuestos pagos por informes apócrifos, los denunciantes no pudieron precisar en qué consistía el “pack”, cuánto se pagaba, quién lo pagaba ni cómo. Las fiscales hablaron de conjeturas y calificaron de absolutamente infundado que el cobro de honorarios por el tratamiento de un niño o niña implique que se hayan introducido falsedades.

Respecto del parecido entre informes, la resolución no encontró copias ni identidad. Las coincidencias responden a indicadores que reconocen los expertos y a que un grupo reducido de profesionales se especializa en un campo muy concreto. En cada informe, además, la profesional explicó cómo llegó a sus conclusiones y qué metodología usó. Sobre la falta de consentimiento del padre denunciado, recordaron que el Código de Ética de la FEPRA , Federación de Psicológos y Psicólogas, permite intervenir sin él en situaciones de riesgo.

Según Infobae, las fiscales descartaron también la corrupción de menores por falta de sustento fáctico y normativo, y entendieron que las formas de trabajo terapéutico no se apartan de lo habitual con pacientes de corta edad. Agregaron que las profesionales se limitaron a la contención y escucha, sin interferir en el desarrollo sexual de los niños. La resolución concluye que la intervención clínica respetó el interés superior del niño y el acceso a la justicia de las infancias.

Apenas conocida la decisión, Carlos Rozanski, exjuez y presidente de AEVAS, la calificó como un “duro golpe” a quienes defienden la pedofilia y habló de una maniobra de descalificación hacia quienes asisten a niñas y niños víctimas de abusos. Desde AEVAS afirman que la campaña ya tuvo consecuencias: cada vez menos psicólogas aceptan atender a infancias víctimas por temor a represalias y denuncias sin fundamento.

El caso tomó impulso mediático en el marco del debate por el proyecto de ley contra las “falsas denuncias” que impulsa la senadora santafesina Carolina Losada. Rozanski sostiene que presentó una denuncia en la justicia federal contra la senadora por promover ese proyecto. En abril, organizaciones feministas y de la diversidad se concentraron frente a los Tribunales de Rosario para repudiar lo que definieron como una campaña de desinformación que busca instalar que las denuncias de abuso infantil son mayormente falsas. Por su parte, el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Penalistas, Lucas Bianco, había denunciado a Rozanski y a las tres psicólogas por asociación ilícita, mientras que la abogada Gabriela Durruty, que representa a dos de las profesionales, rechazó las acusaciones.