
Con su fallecimiento se cierra, sin condena alguna, la causa penal por la contaminación de 23 hectáreas en Petroquímica Bermúdez, un caso que Pregón siguió durante años.
Taselli construyó su carrera comprando compañías en crisis a cambio de hacerse cargo de sus pasivos, y pagó un dólar por Altos Hornos Zapla y un euro por Parmalat. Su nombre también quedó asociado a la causa Cuadernos, en la que fue detenido en 2018 como presunto partícipe necesario de asociación ilícita, y a la pérdida de las concesiones de los ferrocarriles Roca y Belgrano Sur. En el cordón industrial, su huella fue otra: el predio de Petroquímica Capitán Bermúdez, la ex Electroclor.
La “bomba ambiental”
La petroquímica funcionó hasta 2013 y dejó un pasivo ambiental crítico en un terreno de 23 hectáreas. El gas cloro, altamente tóxico y corrosivo, fue su principal producto. Estudios recientes confirmaron sustancias contaminantes en niveles 50 veces superiores a los permitidos. Además, se detectó el desplazamiento informal de bombonas de gas cloro fuera de toda norma sanitaria. Organizaciones como Taller Ecologista advierten sobre estos riesgos desde hace más de una década, y en 2023 lograron participar como tercero en la causa civil.
El caso salió a la luz en marzo de 2015, cuando una resolución de la Secretaría de Medio Ambiente provincial advirtió que la empresa había incumplido sus compromisos de inversión y que sus instalaciones estaban deterioradas. En 2017, la Fiscalía de Estado denunció penalmente a Sergio Taselli, a su hijo Máximo y al directivo Matías Gallego.
Una causa que nació ganada y terminó cerrada
La causa se bifurcó en dos ramas: una por la contaminación en sí y otra por el presunto encubrimiento. Ninguna llegó a juicio.
La Corte Suprema de Santa Fe resolvió que los Taselli y Gallego no podían ser perseguidos penalmente, porque un juez de primera instancia, Juan José Tutau, había archivado el caso en 2019 y eso configuraba cosa juzgada. Lo hizo por 4 votos a 3, con un conjuez para desempatar. Los fiscales Luis Schiappa Pietra y José Luis Caterina calificaron el fallo de inédito, sin jurisprudencia mundial, y lo recurrieron ante la Corte Suprema de la Nación. Los fiscales de Rosario también advirtieron que, si el daño quedaba impune, irían a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La defensa de Sergio Taselli estuvo a cargo, hasta hace poco, del actual ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, quien lo despidió en un aviso fúnebre publicado en La Nación.
La otra rama, la del encubrimiento, tampoco prosperó. A principios de noviembre de 2025, el camarista Tomás Orso sobreseyó al ex fiscal regional Patricio Serjal y al ex fiscal de Estado Gustavo Luzzini, acusados de abuso de autoridad, omisión de persecución penal y encubrimiento agravado. Orso entendió que actuaron en ejercicio legítimo de sus funciones y que sus conductas eran “atípicas”. La Fiscalía había pedido 5 años de prisión y 10 de inhabilitación. Fuentes judiciales calificaron el fallo de “disparate jurídico”, y la Fiscalía Regional recurrió ante la Corte Suprema provincial.
Impunidad y pasivo sin resolver
Taselli murió sin condena ni sobreseimiento formal que lo declare inocente: la Justicia directamente cerró la puerta a investigarlo. Su muerte extingue la acción penal contra él. Quedan abiertas la apelación de los fiscales ante la Corte Nacional, la situación de Máximo Taselli y Matías Gallego, y la deuda ambiental. Un informe técnico encargado por el Ministerio de Ambiente de Santa Fe constató niveles graves de contaminación en suelo y agua. La causa civil sigue, con Taller Ecologista como parte.
“Esta fue una causa que nació ganada para el Estado provincial y parece perdida”, resumió una fuente judicial. El predio sigue envenenado, y la pregunta que queda es quién va a remediarlo.
Otras causas donde Taselli fue investigado: