Quería salir a manejar Uber alcoholizado, su pareja se opuso y terminó golpeada y ahorcada con un cable junto a su hijo

Ocurrió en Fray Luis Beltrán. La Fiscalía sostuvo que el hombre encerró a la mujer y a dos chicos en una habitación e intentó ahorcarla con un cable. La jueza ordenó que siguiera detenido y advirtió sobre el círculo de violencia que debía atender el Estado, aunque la víctima pedía su libertad.

La discusión comenzó durante la cena. Él había tomado alcohol y quería salir a trabajar como conductor de Uber con el auto de su suegra. Ella se opuso a que manejara en ese estado. Según la acusación que presentó el fiscal Carlos Ortigoza, esa negativa fue el comienzo de una agresión contra la mujer y su hijo de 11 años, que intentó defenderla, recibió golpes y consiguió salir a buscar ayuda.

El hecho ocurrió el domingo 25 de octubre, cerca de las 23, en una vivienda de calle Cochabamba, en Fray Luis Beltrán. Este miércoles, en los Tribunales de San Lorenzo, L. M. S., de 31 años, fue imputado por lesiones leves dolosas calificadas y quedó en prisión preventiva.

Durante la audiencia, Ortigoza reconstruyó lo sucedido a partir de la declaración de la mujer, las actuaciones policiales, las fotografías y los certificados médicos. Relató que el hombre estaba alcoholizado y que la discusión se produjo cuando su pareja quiso impedir que saliera a conducir.

La Fiscalía sostuvo que el acusado arrojó una silla y comenzó a golpear. Le atribuyó haber encerrado a la mujer en una habitación junto a su hijo de 11 años y una niña de cuatro, y haber golpeado en el rostro tanto a su pareja como al mayor de los chicos.

El niño intentó intervenir para frenar la agresión contra su mamá. También fue lastimado. Después, según la acusación, el hombre tomó un cable de cargador de celular, lo colocó alrededor del cuello de la mujer e intentó ahorcarla.

El chico logró salir de la habitación y buscar a su abuela, quien retiró a los niños del lugar. Los médicos constataron que tenía inflamación alrededor del ojo izquierdo y en el tabique nasal. El médico policial también recomendó que fuera revisado por un pediatra.

No había sido solamente testigo de lo que le hacían a su mamá: también había recibido golpes y había tenido que salir a pedir ayuda. Esa situación fue uno de los puntos sobre los que se detuvieron el fiscal y la jueza al discutir cómo protegerlo durante la investigación.

La mujer contó ante la Policía que consiguió quitarse el cable del cuello, pero que su pareja siguió pegándole y la sacó de la habitación tirándole del cabello. Le pidió que la soltara porque quería irse. Según esa declaración, él cerró las puertas y ella finalmente encontró la llave de una salida lateral por la que pudo escapar.

Al dar la vuelta a la manzana, vio que llegaba la Policía y se acercó a los efectivos. El acusado fue detenido en la vivienda. A ella le constataron lesiones en el rostro y signos de ahorcamiento en el cuello.

En su declaración inicial, la víctima también había hablado del consumo de sustancias. Dijo que su pareja consumía alcohol y estupefacientes, aunque aclaró que esa noche solo había tomado alcohol. Además, señaló que había sufrido golpes en otras oportunidades, pero que nunca lo había visto así con el niño.

Ortigoza retomó ese relato para explicar por qué pedía que el hombre siguiera detenido. Sostuvo que aún debían recibirse declaraciones y que era necesario evitar cualquier acercamiento que pudiera intimidar a la mujer o al chico, o influir sobre lo que fueran a contar.

Para el niño pidió una entrevista mediante Cámara Gesell, como anticipo de prueba. El fiscal advirtió sobre lo traumático que podía resultar volver a relatar la agresión y remarcó que su testimonio debía recibirse con los cuidados que requiere un chico que también es víctima.

La defensa se opuso a la prisión preventiva. Señaló que el imputado tenía trabajo y arraigo, que no registraba antecedentes penales y que una eventual condena podía ser de ejecución condicional. Propuso que viviera en la casa de su madre, tuviera prohibido acercarse a las víctimas e iniciara un tratamiento por el consumo de alcohol.

La mujer también pidió ser escuchada. Quería que su pareja recuperara la libertad. Habló de los cerca de siete años de convivencia, de los hijos y del esfuerzo que habían hecho juntos para sostener el hogar. Dijo que él la acompañaba en sus estudios y que, cuando no tomaba alcohol, era una persona dedicada a su familia.

Al referirse a lo ocurrido, reconoció: “En este momento sí tuve miedo”. Pero sostuvo que nunca había pasado algo de esa gravedad y que no creía que volviera a repetirse. Contó que se había ido de la vivienda y aclaró que su pedido no significaba que quisiera retomar la convivencia. “Y no digo de estar juntos, por ahora no”, expresó. Quería que él pudiera volver a trabajar y ver a los chicos. Sobre el mayor, dijo que estaba asustado, aunque continuaba asistiendo a la escuela.

La jueza Griselda Strólogo, escuchó su intervención y luego pidió que se precisara qué había dicho ante la Policía sobre las agresiones anteriores. Ortigoza leyó el fragmento en el que la mujer había señalado que su pareja le había pegado en varias oportunidades y había expresado: “Temo por mi vida y la de mis hijos”.

Esa diferencia entre el temor relatado después del hecho y el pedido de libertad que hizo en la audiencia ocupó un lugar importante en la resolución.

La magistrada advirtió que estaba frente a un círculo de violencia que no podía darse por superado porque la mujer quisiera que el acusado saliera de prisión. Consideró que su pedido debía analizarse junto con los vínculos afectivos, familiares y económicos que la unían a él, y con la vulnerabilidad que había mostrado durante la audiencia.

En ese razonamiento, el acompañamiento a la mujer y la protección del niño estaban ligados. La jueza no evaluó únicamente si ella quería volver a convivir o si decía sentirse en peligro en ese momento. También tuvo en cuenta que el chico había quedado involucrado en la agresión, había sido golpeado y necesitaba condiciones de seguridad para poder hablar de lo ocurrido.

La magistrada mencionó que, en estos círculos de violencia, puede existir temor a quedar sin sostén económico o afectivo. Por eso entendió que el Estado debía ofrecer apoyo concreto a la víctima y evaluar la situación de los niños, en lugar de dejar toda la decisión sobre sus hombros.

También expresó preocupación porque la mujer no había sido quien llamó a la Policía. Ella misma explicó que fueron los vecinos quienes dieron aviso al escuchar los gritos. Para la jueza, ese llamado, junto con la necesidad del niño de salir a buscar ayuda, daba cuenta de la gravedad de lo que estaba pasando dentro de la casa.

La afirmación de que nunca había ocurrido algo de esa magnitud tampoco le permitió descartar el riesgo. Advirtió que una primera agresión puede tener consecuencias mucho más graves. “Eso es lo que el Estado debe prevenir en este sentido una vez que se toma intervención”, sostuvo.

Al analizar el consumo de alcohol y la referencia al uso de estupefacientes en otros momentos, la jueza planteó que debía existir un abordaje específico. No dio por probado que esa noche hubiera consumido drogas: retomó lo declarado por la mujer, que había mencionado únicamente alcohol durante el episodio.

Lo que cuestionó fue que se ofreciera un tratamiento de manera general, sin una propuesta concreta que pudiera verificarse. Consideró necesario abordar tanto el consumo de sustancias como las conductas violentas del imputado y evaluar si esas medidas realmente permitían proteger a las víctimas.

“El Estado debe prevenirlos y neutralizarlos de forma concreta, real y para el caso”, afirmó al referirse a los círculos de violencia. Bajo ese criterio, entendió que alojarse en la casa de su madre y anunciar un tratamiento no alcanzaba, en ese momento, para autorizar la libertad.

La jueza consideró acreditado el riesgo de interferencia en la investigación, aunque no el peligro de fuga. Ordenó la prisión preventiva sin plazo, con la aclaración de que no podrá exceder los 45 días solicitados por la Fiscalía y podrá revisarse antes si se presentan alternativas concretas que permitan neutralizar los riesgos.

Además, dispuso la intervención de las áreas de Género y Niñez para acompañar a la mujer, evaluar cómo estaban los chicos y determinar qué asistencia necesitaban. Hasta ese momento, según informó la Fiscalía durante la audiencia, ninguno de esos organismos había intervenido.