“Las declaraciones presidenciales en relación al proceso judicial de la empresa Vicentin y del concurso de acreedores no se corresponden con las condiciones del mercado de granos en Argentina”, expresaron desde la Cámara Aceitera de la Industria Argentina.

Las compañías del sector agroexportador de la Argentina rechazaron la creación de una empresa testigo en el mercado granario, una posibilidad que consideró el presidente Alberto Fernández frente a la crisis de Vicentin, que se encuentra en concurso de acreedores y cuyos directivos enfrentan un proceso en la Justicia Penal de Rosario.

Y agregaron: “En primer lugar no existe un mercado cartelizado sino que en argentina existe uno transparente con muchas empresas y cooperativas que compiten entre sí y que le han permitido al país ser un jugador mundial de relevancia más allá de los intentos intervencionistas contra la cadena agroindustrial. En la Argentina operan más de 20 empresas en el rubro de exportación de maíz y trigo, siendo uno de los países del mundo con mayor grado de desconcentracion de empresas exportadoras con amplia presencia de empresas argentinas, cooperativas e internacionales”.

Y sostuvieron: “Tampoco resulta razonable instaurar una empresa testigo dado que el gobierno tiene un control pleno. Por un lado publica el precio fob, índice que es la referencia para pagar derechos de exportación, así como también difunde todos los días los precios y volúmenes de operaciones de mercado vía el siogranos. Además registra todos los contratos de exportación y los autoriza; cuotifica la exportación de maiz y trigo para permitir volumen suficiente de consumo nacional, y ejerce los plazos más cortos del mundo en ingreso de divisas.En definitiva el Estado argentino es el más presente de todos los países exportadores de granos y derivados. Las experiencias de empresas estatales de granos fueron eliminadas en los países exportadores y competidores hace muchos años”.

Según indicaron las entidades que representan a las compañías de la agroindustria, “La industria de molienda de soja está estancada hace diez años con la mitad de su capacidad ociosa debido a la falta de una política que promueva su cultivo e industrialización. Hoy la mayor carga tributaria de la economía argentina está sobre la cadena de valor de la soja y no hay tecnologías nuevas. El Estado debería trabajar en resolver estos problemas para que el primer aportante de divisas del país crezca en lugar de disponerse a gastar los impuestos de los contribuyentes en operaciones de empresas privadas.

“Es importante recordar que el complejo agroexportador argentino representa un pilar fundamental para el comercio exterior del país. Tan sólo durante el mes de mayo las compañías del sector liquidaron USD4.200 millones, una cifra récord que significó un 33% más que en abril y ascendió a USD 15.000 millones a lo largo del año.
Desde CIARA-CEC comprendemos que la Argentina se encuentra en una acuciante y cíclica situación de inflación, pero queremos manifestar que no acompañaremos la puesta en marcha de medidas que ya han demostrado ser ineficientes e inconducentes”.

“Por el contrario, este ímpetu debería estar dirigido a la solución de inconvenientes que dificultan el desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial previstos en el Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, cuya sanción permitiría incrementar las exportaciones en 100 mil millones de dólares y generar más de 250 mil puestos de trabajo en todo el país2, finalizaron.