
Con una movilización frente a los tribunales, profesionales del derecho del Distrito Judicial Nº 12 expusieron la crisis estructural que atraviesa la justicia en San Lorenzo. Denunciaron vacantes sin cubrir, falta de recursos humanos, colapso en los fueros civil, laboral y de familia, y abandono institucional. Presentaron un duro petitorio con doce reclamos urgentes.
La mañana de este viernes, el centro de San Lorenzo fue escenario de una inédita movilización de abogados y abogadas del Distrito Judicial Nº 12. Frente al edificio de tribunales, los profesionales denunciaron el “colapso absoluto” del sistema judicial en la región, que abarca a todo el cordón industrial, y reclamaron respuestas inmediatas al Poder Ejecutivo y a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
En un comunicado leído públicamente, la Asociación de Abogados del Departamento San Lorenzo advirtió que, tras años de reclamos formales sin respuestas, la situación llegó a un punto crítico:
“Los ciudadanos son rehenes y principales perjudicados de una pugna política entre el Gobernador y la Corte Suprema. Es inaceptable en un Estado de Derecho”, remarcaron.
Entre las deficiencias enumeradas, el petitorio señala que el distrito no cuenta con juez laboral desde hace un año y medio, a pesar de que el concurso ya fue realizado. El Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación está acéfalo desde septiembre de 2024 y su titular suplente debe atender tres juzgados a la vez. El Juzgado de Circuito, por su parte, lleva seis años sin juez titular.
La falta de magistrados también golpea a la Justicia Comunitaria de Pequeñas Causas: Andino, Aldao, Gaboto, Maciel, Ricardone y Timbúes no cuentan con juez comunitario ni hay concursos en marcha para cubrir esas vacantes.
El Juzgado de Familia se encuentra saturado por falta de personal y por la reasignación de funcionarios clave al fuero penal. Esto provoca demoras graves en causas sensibles como alimentos, regímenes de comunicación y medidas de protección para niños, niñas y adolescentes.
Los profesionales advirtieron que las demoras y el colapso afectan directamente a madres que no pueden cobrar la cuota alimentaria, adultos mayores que esperan años para finalizar una sucesión o trabajadores cuyos juicios laborales se paralizan en pleno cordón industrial.
El documento presentado exige, entre otros puntos:
“La justicia no funciona”
El pronunciamiento concluye con un llamado directo a las autoridades provinciales para que “dejen de lado la indolencia” y garanticen el acceso a la justicia como un derecho básico:
“En nuestro distrito judicial, quienes están a cargo de ejecutar los designios constitucionales parecen haberlo olvidado”.
Imagen de portada: Gentileza Mariela Chile