Accesos portuarios: Provincia busca unificar el financiamiento y se abre el debate con los municipios

El proyecto para reparar los accesos viales al cordón industrial prevé eliminar el cobro directo que hoy hacen las comunas e intendencias a los camiones. El impacto en las cajas locales abre un frente de negociación complejo, mientras la Provincia sostiene que la Nación no respondió por una infraestructura clave para el sistema agroexportador.

 El Gobierno de Santa Fe puso sobre la mesa una propuesta para resolver el histórico colapso de las rutas que conducen a las terminales agroexportadoras, pero el plan viene acompañado de un fuerte componente de disputa política y económica con las administraciones locales. A través de la creación de un fideicomiso de administración mixta, la Casa Gris busca unificar el financiamiento de las obras de infraestructura, lo que implicará reemplazar y centralizar las tasas viales que actualmente cobran los municipios de la región a los transportistas.

Hasta el momento, las intendencias y comunas del cordón industrial operan sus propios esquemas de recaudación sobre el tránsito pesado que ingresa a los puertos. Para muchas de estas localidades, estos ingresos representan recursos críticos que, en determinados ejercicios, llegan a superar lo que perciben en concepto de coparticipación provincial. La intención del Ejecutivo santafesino de eliminar este cobro directo y redirigir los fondos hacia una caja única e intangible reactivará, sin dudas, una sensible mesa de negociación con los intendentes, quienes temen por el desfinanciamiento de sus arcas en un contexto de alta demanda de servicios urbanos.

El frente de conflicto con las intendencias

Desde el entorno oficial argumentaron que el objetivo es terminar con la “dispersión normativa” y el cobro discrecional sobre los transportistas. Según explicó el secretario de Cooperación provincial, Cristian Cunha, el nuevo mecanismo —que requerirá una ley provincial y la posterior adhesión de cada Concejo Municipal— prevé “compensaciones” para los municipios por los costos fijos que genera el flujo de camiones (como limpieza, iluminación, pavimentación urbana y controles de tránsito).

Sin embargo, el pase de un recurso de recaudación propia y directa a un sistema de asignación externa genera desconfianza en el municipalismo regional, que históricamente ha defendido la autonomía de estas tasas para sostener el impacto diario de la cosecha gruesa en sus ejidos urbanos.

Una caja mixta y fuera del Estado

Para intentar mitigar las críticas y sumar el aval del sector privado, el ministro de Economía, Pablo Olivares, aclaró que el instrumento financiero proyectado será de carácter “no estatal”. El fideicomiso contará con una administración integrada por las propias entidades productivas, agroexportadoras, transportistas y el Estado provincial.

Bajo esta premisa de “transparencia”, los funcionarios insisten en que los recursos no ingresarán al tesoro común de la provincia ni dejarán margen de ganancia para el aparato estatal, sino que tendrán como destino exclusivo y blindado el mantenimiento del circuito portuario.

El costo de suplir a la Nación

El despliegue de esta estrategia ocurre en un escenario de total parálisis de la obra pública nacional. Desde el Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Lisandro Enrico, detallaron que la Provincia debió asumir el bache de inversión en una red que comprende 516 kilómetros entre trazas nacionales, provinciales y vecinales.

Las cifras del bache vial: La gestión provincial ya desembolsó 284 millones de dólares en intervenciones consideradas urgentes (como el Camino de la Cremería y el tercer carril de la autopista Rosario–Santa Fe) y proyecta estirar la inversión hasta los 455 millones de dólares para el período 2024-2027.

Aunque desde el Ejecutivo provincial se volvió a reclamar que el Estado Nacional mantiene “desamparada” a la región por donde sale más del 70% de la producción agrícola del país, la falta de respuestas desde Buenos Aires aceleró la necesidad de buscar esta alternativa de financiamiento privado y local.  El éxito de la iniciativa dependerá de una negociación política compleja: lograr que los municipios resignen recaudación directa a cambio de un sistema de compensaciones y obras que todavía deberá demostrar cómo funcionará.