Discapacidad: familias y prestadores advierten que la crisis obliga a reducir días de atención

Reclaman el cumplimiento y la prórroga de la emergencia nacional. Denuncian demoras en los pagos, dificultades para sostener los tratamientos y preocupación por los cambios que propone el presupuesto 2027.Discapacidad: familias y prestadores advierten que la crisis obliga a reducir días de atención

Familias, prestadores y organizaciones vinculadas a la discapacidad se movilizaron este jueves en el Paseo del Pino en San Lorenzo  y  reclamaron el cumplimiento de la Ley de Emergencia Nacional y advirtieron sobre las dificultades para sostener las prestaciones. Según expresaron, los atrasos en los pagos y los aranceles insuficientes afectan tanto a las instituciones como a quienes necesitan tratamientos, transporte y asistencia cotidiana.

“Seguimos trabajando, con mucho esfuerzo y mucha vocación. Seguimos día a día brindando prestaciones”, sostuvo Camila Di Paolo, terapeuta. Sin embargo, señaló que las demoras en los cobros se acumulan y complican el funcionamiento de los servicios.

“La Superintendencia de Servicios de Salud no libera los pagos, entonces se van demorando más y más meses. Pero seguimos trabajando por ahora e intentando no bajar la calidad del tratamiento”, afirmó.

El reclamo también alcanza al transporte. Según explicaron, los valores que se pagan por kilómetro resultan insuficientes para trasladar a las personas con discapacidad a terapias, centros de día y otros espacios de atención. A esto sumaron cuestionamientos por las dificultades para acceder a pensiones no contributivas y por el desarrollo de las auditorías.

Familias que advierten sobre recortes en la atención

Evelin, quien se presentó como integrante de la Asociación Civil Padres TGD, participó del reclamo junto a Accionar por la Discapacidad y otros sectores. Destacó que las prestaciones son fundamentales para la vida cotidiana de las personas con discapacidad.

“Estamos acá para hacer valer esta ley por la que tanto hemos luchado y seguimos luchando hoy”, expresó.

El padre de uno de los chicos del Centro de Día CREE advirtió que las dificultades económicas ya repercuten en la cantidad de días de atención que pueden ofrecer algunas instituciones.

“Los centros tampoco pueden mantener al personal. Por eso, en algunos lugares tienen que reducir un día de atención y, en otros, dos días a la semana, para poder sostenerse”, explicó. También señaló que las familias intentan colaborar con las instituciones dentro de sus posibilidades.

“Siempre hemos pasado por algunas dificultades, pero esta vez la situación ya no se puede sostener”, resumió.

Qué establece la emergencia y por qué piden su prórroga

La Ley 27.793 declaró la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de extenderla por un año. Entre sus disposiciones contempla financiamiento para pensiones, medidas para sostener a los prestadores y mecanismos de compensación y actualización de aranceles.

La norma fue vetada por el Poder Ejecutivo en 2025 y el Congreso insistió en su sanción. Su reglamentación se publicó el 4 de febrero de 2026, mediante el Decreto 84/2026.

Para las personas entrevistadas, la reglamentación no resolvió los problemas que atraviesa el sector. Por eso, además de pedir la continuidad de la emergencia durante 2027, exigen que las medidas previstas tengan una aplicación efectiva.

Preocupación por el presupuesto 2027

Otro de los puntos del reclamo es el proyecto de presupuesto nacional para 2027. La iniciativa presentada por el Gobierno propone cambios en el régimen de pensiones y en el sistema de prestaciones, entre ellos la eliminación de la disposición que establece aranceles uniformes y su actualización periódica. Se trata de modificaciones propuestas, sujetas al debate legislativo.

Actualmente, la legislación establece valores iguales para las entidades obligadas a cubrir las prestaciones y un mecanismo de actualización vinculado a la movilidad previsional. Ese esquema busca sostener el financiamiento de los servicios que reciben las personas con discapacidad.

En ese contexto, las familias y los prestadores consultados expresaron su rechazo a cambios que, según consideran, pueden profundizar las dificultades de acceso a los tratamientos. Su preocupación central es sostener la atención y evitar que los problemas de financiamiento sigan trasladándose a la vida cotidiana de las personas con discapacidad.

 

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