
La PDI investiga si dos de las armas fueron entregadas a terceros sin la transferencia correspondiente. En los nuevos procedimientos secuestraron una escopeta y dos celulares. Una mujer de 66 años fue notificada en la causa.
La investigación por las 18 armas de fuego secuestradas en Puerto Gaboto tuvo nuevas medidas en la ciudad de Santa Fe, donde la Policía de Investigaciones realizó dos allanamientos y una requisa domiciliaria para determinar si hubo entregas de armamento sin cumplir los trámites legales.
Según informó la PDI, dos de las armas recuperadas en aquel operativo figuraban registradas a nombre de personas investigadas. La sospecha es que habrían sido entregadas a terceros sin realizar la transferencia correspondiente.
Los procedimientos se llevaron adelante en domicilios de pasaje Cervantes al 3000 y avenida General Paz al 4000. Allí, los investigadores secuestraron una escopeta marca Centaurus y dos teléfonos celulares.
Por disposición del fiscal Ignacio Orio, una mujer de 66 años, identificada por sus iniciales M. C. A., fue notificada de sus derechos en una causa por tenencia de arma de fuego de uso civil.
El antecedente en Puerto Gaboto
El procedimiento que dio origen a esta línea de investigación se realizó el 10 de marzo de 2026. Gendarmería Nacional allanó una vivienda de Puerto Gaboto y detuvo a un hombre conocido como “Artur” y a su pareja. En el lugar encontró 18 pistolas, municiones, dinero en efectivo y un chaleco antibalas. El hombre tenía una orden de captura y era investigado por su presunta vinculación con hechos de violencia y venta de drogas en el barrio Godoy, en el oeste de Rosario. Argentina.gob.ar
Posteriormente, los detenidos fueron identificados como Claudio Alberto “Artur” Liserra y Evelin Mariel Acuña. Ambos fueron imputados y quedaron en prisión preventiva por resolución de la jueza María Melania Carrara. La fiscal Paula Barros atribuyó a Liserra un papel relevante dentro de la organización presuntamente encabezada por Claudio “Morocho” Mansilla y Jésica “Fea” González. una narco condenada oriunda de Capitán Bermúdez.
Ya en aquella audiencia se había señalado que dos de las pistolas secuestradas habían sido compradas por civiles registrados como legítimos usuarios, sospechados de introducirlas en el mercado ilegal. Los nuevos procedimientos buscan avanzar sobre la presunta entrega irregular de esas armas.