«Se trata de la vida de una persona y merece una reflexión de parte de todos, no podemos o por lo menos desde el Estado, avalar una vendetta privada«, señaló el juez Carlos Gazza.

El Juez sanlorencino Carlos Gazza dictó la prisión preventiva domiciliaria para Miguel Ángel G., y a sus dos hijos Luis Alberto y Lucas Ezequiel por un controversial caso de justicia por mano propia donde un grupo de personas lincharon a un ladrón que había robado una mochila de una obra en construcción y que escapando intentó ingresar a la vivienda de una mujer.

Los hechos expuestos por el fiscal Carlos Ortigoza de la sede del Ministerio Público de la Acusación, dan cuenta que el miércoles aproximadamente 13.30 horas, Cristian Nahuel Álvarez le robó una mochila que contenía una billetera, unos tornillos y un equipo de mate a Jesús María C., mientras éste estaba trabajando en una obra sobre el puente Reconquista que une a Puerto Gral. San Martín con San Lorenzo. La víctima comenzó a correrlo para recuperar sus pertenencias y le pidió ayuda a dos hombres que circulaban en una moto: eran Alexis G., y su papá Miguel Ángel quienes salieron a la búsqueda del delincuente.

Álvarez comenzó a correr cruzando el arroyo a San Lorenzo e ingresó a un pasillo por calle Hugo Castaño en donde éste vivía y es allí donde salta a un tapial, cayendo en el patio de la vivienda de Melisa e intentando ingresar a la misma rompiendo una ventana., Miguel Ángel casualmente es además tío de la mujer que reside en ese domicilio y que comenzó a gritar auxilio mientras se encontraba con sus hijos menoes de edad. Miguel se traba en lucha con Álvarez y según la reconstrucción del fiscal, acuden a ayudarlo sus hijos y sobrinos, Alexis, Néstor, Lucas y Luis junto a otras personas que no fueron identificadas. Cabe señalar que entre los detenidos, hay dos menores de edad, que quedaron en prisión domiciliara, según la resolución del Juez de Menores de San Lorenzo, Martín Fogliatto.

Testigos del hecho y familiares de Álvarez señalaron que en ese momento había entre diez y quince personas pero que sólo pudieron distinguir a los integrantes de la familia. También un testigo declaró que mientras le pegaban a Álvarez alguien dijo «es una rata hay que matarlo». Una mujer que observó como le pegaban intentó pedir que dejaran de hacerlo porque ya estaba retenido y vio como uno de los agresores portaba un cuchillo. La persona declaró que la víctima del robo de la mochila, no participó de la golpiza, sino que se limitó a recoger sus cosas que estaba tiradas por todas partes.

Un patrullero arriba al lugar y traslada a Álvarez hacia la comisaría 7ª. Una mujer que estaba alojada en la dependencia policial por otro hecho declaró en sede del MPA que a Álvarez lo llevaron a la cocina de la seccional, y que el muchacho estaba muy alterado y gritaba por asistencia médica y que incluso hay mantuvo un cruce de palabras con él; pero después de un tiempo el hombre se calla y deja de escuchar sus gritos. Eran las 16.30 horas, donde Álvarez muere, sin asistencia médica.

El fiscal Ortigoza les achacó al hombre y a sus dos hijos, homicidio por exceso en la legítima defensa y solicitó la prisión preventiva efectiva por 90 días.

La defensa de los imputados refutaron el relato del fiscal sobre la participación de Luis Alberto, quien en momentos en que ocurrieron los hechos, se encontraba trabajando en una «changa» en una vivienda de barrio San Sebastián. También argumentaron que Miguel Ángel actuó en defensa de su sobrina y del muchacho a quien Álvarez le robó las pertenencias y que el resto de los familiares del hombre salieron en defensa de él, porque se había trabado en lucha con el ladrón.

Para el Dr. Pablo Morosano, no hubo exceso en esa pelea y no corresponde la calificación atribuida por el fiscal : «no sabemos si las lesiones que recibió ocurrieron en la pelea con Miguel Ángel o en otro momento, o más tarde con otra persona porque Álvarez muere horas después. Los imputados ejercieron violencia física lo aprehendieron y lo entregaron a la policía, pero no se sabe qué golpe le ocasionó las lesiones porque el ánimo era de reducirlo y hay testigos que declararon escuchar que alguien dijo «es una rata matenló», pero en esa gresca participaron más personas que no fueron identificadas».

Para la doctora Ariana Rearte, quien también forma parte de la defensa de los imputados, » no tiene asidero ni se justifica la prisión porque no tienen antecedentes penales y porque trabajan (Miguel Ángel es albañil, Luis es empleado municipal y hace changas y Lucas trabaja en una contratista) y que no existe un peligro de fuga porque hace más de 30 años que todos viven en el mismo lugar. Además la letrada señaló que por una cuestión de salud, Miguel Ángel sería perjudicado si se lo somete a prisión por su hipertensión.

La decisión del juez Carlos Gazza tuvo un relato y una explicación interesante en esta mirada sobre la justicia por mano propia que divide a la sociedad en estos últimos tiempos: «Entiendo la situación de que alguien pretenda hacer un bien tratando de retener a alguien que se encuentra inmerso en el delito, y que venía de hacerle un daño a otra persona incluso entrando a una propiedad que no le correspondía, incluso donde había una mujer, lo que no se puede hacer y lo que el Estado no puede tolerar es hacer justicia por mano propia porque lo único que habilita la ley es la aprehensión privada, y todo lo que conlleve a esa aprehensión, pero en este devenir es que pasar de correr a una persona y aprehenderlo dentro de una violación de domicilio, me encuentro con una persona que está fallecida, independientemente de si esta persona era culpable o no, si tenía delitos. Se trata de la vida de una persona y merece una reflexión de parte de todos, no podemos o por lo menos desde el Estado, avalar una vendetta privada. Si vamos a habilitar esto de matar a una persona que cometió un ilícito estamos entrando en un terreno muy peligroso, donde el Estado solamente avala estas circunstancias en casos muy puntuales, pero este no es el caso».

Para el juez está dentro de un accionar racionable que Miguel Angel se haya trabado en lucha con una persona que había robado y que casualmente irrumpió en la casa de su sobrina para esconderse, como así también que los familiares del hombre salgan a defenderlo, e intentaron evitar un mal mayor pero lo que tendrían que haber hecho es reducirlo y entregarlo a la policía quienes son los únicos habilitados para el ejercicio de la violencia si esta persona se hubiese resistido.

El interrogante que planteó el juez es ¿ hasta dónde hizo Miguel Angel, Luis ( quien aseguró que no estaba en el lugar) y hasta dónde hizo Lucas. » Yo no puedo dejar esta situación como que acá no ha pasado nada, porque hay una persona que perdió la vida, y si esa persona cometió un delito esa persona debería estar sentada frente a un tribunal y recibir la sanción que corresponde», señaló Gazza quien reflexionó: «Uno entiende que la sociedad está cansada de estos hechos y siempre cae sobre la espalda de la justicia de que entran y después salen, y que la gente sufre, y nosotros no somos ajenos».

Es importante señalar que aún se desconoce la causa de la muerte de Álvarez, porque la autopsia, que se realizará bajo el protocolo de Minesotta está dispuesta para el próximo miércoles. Para el juez, hay que agudizar la investigación para poder acentuar si hubo un dolo homicida, es decir que no haya sido preemeditado o que la acción llevada a cabo no buscaba la muerte.

En cuanto a la investigación no hay hasta el momento efectivos policiales detenidos, aunque familiares de los imputados aseguraron que cuando Álvarez fue retenido, ingresó con vida al patrullero y que murió horas después en la comisaría 7ª. Para el juez Gazza también es dudosa la decisión de los policías de no haber solicitado la asistencia médica para el ladrón.

«No desconozco y calculo que el fiscal no debe desconocer que esa persona se fue caminando, aprehendida por la policía, otra cuestión será lo que el fiscal considere que la policía debiera haber hecho, al momento de que esta persona la sacan de ese lugar y golpeado. A mí me queda la duda, de por qué no lo llevaron a una atención médica y si no lo llevaron era porque no tenía tantos golpes para ocasionar la muerte. Son muchas cuestiones que están dando vuelta pero no tienen que ver en esta audiencia», indicó Gazza.

Finalmente los tres imputados obtuvieron la prisión preventiva domiciliaria con salidas laborales; donde deberán cumplir a rajatabla con sus horarios de ingreso y egreso a sus empleos y regresar a sus domicilios. Tampoco podrán tener contacto con familiares de las personas fallecidas. La medida fue impuesta por 60 días.