En el marco del conflicto que mantiene el gremio de los recibidores de Urgara con las agroexportadoras, que reclaman un aumento salarial del 25%, la Cámara de Puertos Privados lanzó un comunicado rechazando las medidas de fuerza. El sindicato mantiene medidas de fuerza desde hace cuatro días.

«La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) rechazó las incesantes y sorpresivas medidas de acción directa lanzadas por la Unión de Recibidores de Granos de la República Argentina (URGARA) desde hace semanas, que conspiran con la imperiosa necesidad del país en estos momentos por maximizar exportaciones y generar divisas», señalaron.

«La CPPC aclaró que las medidas de fuerza, según las comunicaciones oficiales del gremio, tendrían la motivación aparente en la “falta de propuestas
para mejorar la situación laboral de los trabajadores” así como el no reconocimiento “del derecho a un salario digno” de los trabajadores. Sin embargo, los salarios de estos trabajadores son de los más altos que tiene el sector trabajador en el país ya que en los niveles más altos promedian sueldos
de $ 100.000.»

En ese sentido, la Cámara desmintió desmintió que no se hayan hecho propuestas salariales sino que, por el contrario, se han realizado numerosos ofrecimientos que «garantizan el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores, en cumplimiento de compromisos asumidos con el gremio.
Asimismo, la CPPC subrayó que ha hecho ofrecimientos en consonancia con la inflación para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, incluso con
premios de fin de año muy superiores a la media, que fueron rechazados sistemáticamente aduciendo que no se ajustaban a la realidad», aseveraron.

De acuerdo al sector, se pierden  más de US$200 millones las pérdidas por la medida de fuerza, por los buques que no pueden cargar, frenando el ingreso de dividas. El costo diario, en concepto de fletes, puede oscilar entre US$15.000 y US$25.000 por día por buque», dijeron en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La entidad cuestionó que las medidas de acción directa no sólo son sin previo aviso sino que violentan la libertad ajena al impedir el ingreso de personal
fuera de convenio y de seguridad, en un claro exceso sobre el derecho constitucional de huelga. Esas ilegítimas medidas provocan serios problemas
logísticos terrestres y fluviales –en donde intervienen otros gremios- y ponen en riesgo la operación en las instalaciones.
El sector también manifestó su preocupación ya que las medidas de fuerza ponen en juego la continuidad de una actividad, designada oficialmente como
“esencial”, que es prácticamente la única que ha generado divisas este año, al país.

Por su parte desde Urgara, señalaron que continuarán con las medidas de fuerza: «Paramos porque la situación es insostenible. El salario de los trabajadores se sigue licuando mientras ya pasaron cinco meses sin ninguna propuesta por parte de los empresarios que pueda ser analizada. Continuaremos luchando junto al gremio de aceiteros por salarios dignos para quienes durante la pandemia no hicieron otra cosa que trabajar»