Por Carlos Alfredo Rinaldi – Abogado

El presente del sistema educativo argentino, es un presente de disputas. La disputa, el conflicto es sin embargo, una característica valiosa del proceso de transformación de ciertos paradigmas sociales.

Precisamente, la disputa en torno a la continuidad de la presencialidad como modalidad de impartir clases en la región del AMBA (conglomerado urbano de CABA y Provincia de Buenos Aires), agitó una ácida pelea entre el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en torno al DNU N° 235/21, que en su artículo 2, restringió la presencialidad por dos semanas en dicha región.

Ello derivó en distintas acciones judiciales de “Padres Autoconvocados”, y  hasta  la solicitud de intervención a la propia Corte Suprema, por parte del Gobierno de CABA, para dirimir la virtualidad jurídica de la manda restrictiva, sus alcances, su constitucionalidad y demás cautelas.

Pero el objetivo de este análisis va más allá de especular sobre eventuales pronunciamientos judiciales, y apunta a realizar una observación mediada del conflicto, a la luz de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, mudos testigos de un verdadero desaguisado.

Los términos de la disputa sobre los alcances y modalidades del proceso educativo en este tiempo de excepción, siempre fueron discutidos sobre intervenciones y desde miradas con perspectivas “Paternalistas”.

Los adultos detentan esos espacios de decisión a través de las Agencias del Estado, el monopolio del Poder Público, y todavía, no han asimilado la construcción democrática que supone el ejercicio de la Responsabilidad Parental, junto a los hijos.

Los Niños, Niñas y Adolescentes, participan activamente de su proceso de crianza y educación, de acuerdo a cada etapa de su desarrollo.[1] Es decir, se trata de un conjunto derechos y deberes que no solo se ejercen en interés de los progenitores, sino también en atención a los intereses de los hijos.

Ahora bien, todas las voces que se escandalizan frente a las posturas de continuidad o restricción, de salud pública, de “virtualidad versus presencialidad”, y cualquiera de los enfoques desde los que se aborde el conflicto, son voces de adultos. Padres, madres, educadores, especialistas, juristas. La consulta a los estudiantes, salvo como “dato de color”, se ha constituido en una rareza.

Esta invisibilización del estudiantado (de su dinamismo político activo), y la inusitada “apropiación” del conflicto por los adultos, imponen una clara regresión en el camino de la recuperación de los derechos de las Infancias y las Adolescencias. Además, conduce a un debate al que le falta una “pata” fundamental, la de la opinión del “gremio estudiantil y de sus representantes” (Centros, Clubes, agrupaciones ad hoc de estudiantes).

Una vez más, se subestima la participación política de las niñeces y las juventudes, y con ello, se encarama el fantasma de la “objetivización” y, lo que es más grave, se cristaliza su carácter “meros depositarios” del conocimiento (Escuelas abiertas, ¿sólo para estudiar?).

Bajo este razonamiento, los jóvenes encarnan una posición recipiendaria, negándoles su posibilidad de participación activa en el debate sobre la presencialidad o bimodalidad.

Máxime, como surge a todas luces, el trasfondo de este conflicto es una mera oportunidad para obtener inciertos beneficios políticos para los espacios partidarios de representación enfrentados, que buscan con ello, capitalizar triunfos y derrotas, más allá de un debate educativo esclarecedor.

Jaim Etcheverry, ha sido claro, la importancia hacia la educación es meramente discursiva, dado que no trasciende de los mensajes políticos a acciones concretas. El autor, citando a Postman, denuncia con escepticismo, son los niños que enviamos al futuro y que no habremos de ver.[2]     

 Vale recordar, que las experiencias de las “tomas de colegios”, como acción gremial concreta durante meses en CABA, demostró a las autoridades de turno, que la contundencia de habilitar el debate hacia los estudiantes puede tener un final incierto, sobre todo, ante el pobre papel de los Estados frente a la sólida demanda estudiantil. Todavía hoy irresuelta por cierto, en materia de instrumentación de ESI como contenido transversal, o al concreto avance de experiencia de cogobierno y gestión en todos los niveles educativos. Ni hablar de falta de acceso a la conectividad que privó a millones de chicos y chicas de sostener su regularidad en el penoso ciclo lectivo 2020.[3]

La Educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para la realización de otros derechos humanos[4] (cfr. arts. 14  y 75 inc. 19 de la Constitución Nacional, y demás Instrumentos Internacional de DDHH, con jerarquía superior a las leyes, art. 75 inc. 22 de la CN, art. 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 19 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros)

Frente a tamaño debate, cercenar la voz de los verdaderos protagonistas, también es una afrenta a la pretendida calidad educativa. Una vez más, los únicos responsables, somos los adultos.

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[1] GROSMAN, Cecilia, “Un cuarto de siglo en la comprensión de la  responsabilidad parental”, RDF, N° 66, Septiembre 2014, pág. 230.

[2] ETCHEVERRY, Guillermo Jaim, La Tragedia Educativa, Bs. As. FCE, 2009.

[3] https://pregon.me/derecho-a-la-educacion-y-conectividad/

[4] VIDETTA, Carolina, Responsabilidad Parental y derecho a la educación de NNyA, Revista Derecho Privado, INFOJUS, Año III, Núm. 10, Bs. As. 2015, Pág.275.