Financiamiento universitario: tras una firma clave, el Gobierno y las academias alcanzaron un acuerdo salarial y de fondos

Tras meses de máxima tensión, negociaciones cruzadas y un fuerte debate público sobre el presupuesto de la educación superior, el Gobierno nacional y los representantes de las universidades públicas sellaron este en el mediodía del miércoles un acta acuerdo. El entendimiento, que busca descomprimir un conflicto que lleva tres años de arrastre y erosión institucional, contempla una recomposición salarial para el personal docente y no docente, un incremento en los gastos de funcionamiento y una partida de auxilio para los hospitales universitarios.

Si bien desde el sector académico definieron el pacto como un “alivio parcial” para el día a día de las casas de estudio, aclararon que las demandas estructurales —como la obra pública paralizada y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario— permanecen pendientes.

Los cuatro ejes del acuerdo financiero

El paquete de medidas acordado entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se ramifica en cuatro partidas específicas:

• Recomposición salarial: Se pautó un incremento total del 24,33% para el personal docente y no docente. El esquema de pagos se dividirá en dos tramos: un 21,33% en junio y el 3,3% restante en octubre.

• Gastos de funcionamiento: Las universidades recibirán una suba del 20% en las partidas mensuales destinadas al mantenimiento edilicio, pago de servicios públicos e insumos básicos.

• Hospitales universitarios: Se inyectará un refuerzo presupuestario de $50.000 millones para los efectores de salud dependientes de las academias. Esta partida es extra y se acoplará a los $80.000 millones que ya estaban previstos para el ejercicio 2026.

• Becas estudiantiles: Se oficializó un aumento del 50% para las Becas Manuel Belgrano. Por el contrario, los programas Progresar quedaron excluidos de cualquier tipo de actualización en esta instancia.

La voz de los rectores: “Es un alivio, pero no es el cumplimiento de la ley”

En declaraciones periodísticas tras la firma, el ingeniero Rubén Soro, rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), analizó el alcance del convenio y marcó la postura del bloque universitario frente a las tratativas con la Casa Rosada. “Es un alivio este aumento, porque nuestros docentes, no docentes y estudiantes la están pasando muy mal, pero esto no resuelve el reclamo de fondo”, subrayó.

Soro reveló además que durante las mesas de diálogo existieron presiones para que las universidades desistieran de exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que cuenta con dos fallos judiciales favorables para el sector académico. “Nosotros no vamos jamás a retirar la ley. Eso quedó claro y quiero que sepa toda la sociedad. Este acuerdo no es un comienzo de cumplimiento de la ley; la ley sigue vigente como reclamo del sistema”, enfatizó el rector.

Un punto crítico que aceleró la necesidad de un entendimiento fue el éxodo de profesionales. Según estimaciones del sector, el retraso de los ingresos frente a la inflación provocó que unos 10.000 docentes dejaran de dictar clases en el último periodo. De acuerdo con datos aportados por la UTN, hoy un no docente de la categoría inicial (siete) percibe un piso de $800.000, mientras que el promedio de la escala docente —entre un ayudante de primera y un titular exclusivo— se ubica en torno a los $1,5 millones. “Esa pérdida de plantel afecta el nivel académico y revertirla llevará mucho tiempo”, advirtió Soro.

Agenda abierta y asignaturas pendientes

A pesar de la firma del acta, el conflicto universitario no está completamente cerrado. En las próximas horas, el Consejo Interuniversitario Nacional mantendrá una sesión clave para evaluar los pasos a seguir junto a las federaciones gremiales. No obstante, las autoridades universitarias ponderaron positivamente que la discusión de los haberes vuelva a encauzarse formalmente a través de las paritarias entre los sindicatos y el Ministerio de Capital Humano.

Desde la perspectiva académica, el mapa de reclamos inmediatos mantendrá el foco sobre áreas que no fueron incluidas en este despacho oficial: la reactivación de la obra pública universitaria —actualmente frenada de forma total—, el equipamiento tecnológico de los laboratorios de investigación y el presupuesto para la construcción de nuevas aulas.