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Fiscales piden que vuelva al Senado el escrito donde se solicita que se archive la causa de Traferri

Los fiscales que pretenden imputar al senador Armando Traferri como organizador de una asociación ilícita dedicada al juego clandestino reclamaron al Colegio de Jueces de Rosario que tenga como no presentada la resolución del Senado que pide el archivo de las actuaciones contra el legislador, que se separe ese escrito de la carpeta judicial y se lo devuelva al Senado por ser una intromisión que viola la independencia de Poderes.

El argumento principal es que la nota transmitida con la firma de la vicegobernadora Alejandra Rodenas es ilegal dado que ni la vicemandataria ni mucho menos el Senado de Santa Fe tienen legitimación procesal para actuar como parte en el proceso. El que tiene legitimidad para presentarse y defenderse, indican los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, es exclusivamente el senador Traferri.

“Claramente no era necesaria la intervención de la Presidenta del Senado para tener por acompañada una resolución a una carpeta judicial, ya que bastaba con que el implicado (en este caso el Senador Traferri) la presente junto con el escrito defensivo por el acompañado ese, sin otra formalidad. En cambio, ella expone su voluntad de acompañar esta resolución y pretendiendo luego se la tenga como parte, profundizando así el defecto procesal con que cuentan estas actividades”, indican los fiscales, en el escrito elevado al presidente del Colegio de Jueces de Rosario.

Los acusadores exponen en el escrito presentado las declaraciones de Rodenas en el sitio web oficial de la Cámara de Senadores en donde la vicegobernadora afirma que es absolutamente falso que solicitó el archivo de una causa penal.

Los fiscales indican que en la nota de descargo Rodenas no hace más que confirmar el interés por intervenir en una contienda judicial. Lo dicen porque la funcionaria aclara que cuando el Senado le encomendó en la citada resolución ser “parte en el proceso” eso sólo implica arbitrar los medios para “ser oída institucionalmente” en un trámite en el que se está discutiendo la constitucionalidad de decisiones tomadas por el mencionado cuerpo legislativo.

Con ello, dicen Edery y Schiappa Pietra, queda clara la voluntad de acompañar el escrito. Y lo que pide la resolución “constituye un acto que en modo alguno puede ser admitido puesto que ni ella ni el cuerpo pueden tener participación alguna en la causa a título o interés propio”.

Los fiscales aducen también que la presentación implica comunicarle a un juez cómo debe resolver un pleito que está en trámite. “Son actos que atentan contra la independencia que debe tener el juez para resolver y la división de los poderes de una república”, indican. Lo que implica, a criterio de los firmantes, un acto de poder que constituyó una injerencia indebida de uno de los poderes del estado por sobre el Poder Judicial, razón más que válida para declarar inválida esa presentación y rechazar toda participación del cuerpo y de la presentante en la causa judicial.

Aluden también que es incorrecto lo que señaló el senador Joaquín Gramajo (PJ) en la sesión del jueves de la semana pasada respecto de que la intromisión en uno de los poderes del Estado es lo que hace la fiscalía al formular esta petición cuando pide que se declare inconstitucional el artículo 27 del Código Procesal Penal que impide que se investigue a un senador si no se le levantan los fueros. Los fiscales dicen no cuestionar la decisión política del rechazo de la mayoría del Senado a que Traferri se presente a audiencia. “Lo que nosotros ponemos en crisis es el alcance que el artículo 27 del CPP le da a los fueros parlamentarios a la luz de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Corrupción, y sostenemos que la letra del texto del código resulta inconstitucional”, indican. Esto porque valoran que va contra tratados internacionales con jerarquía constitucional el hecho de que se impida investigar a un legislador algo que, dicen, no pasa en ninguna otra provincia del país.

Los fiscales citan un tuit de Traferri emitido en sus redes sociales 24 horas después de la sesión del jueves en el que dice: “Ayer finalmente el Senado de la provincia votó una resolución que habilita a la vicegobernadora Alejandra Rodenas, presidente de la Cámara, a pedir el cierre de las actuaciones en mi contra en la causa del juego clandestino”. Esto para los fiscales despeja cualquier tipo de dudas “sobre la direccionalidad de la resolución, dictada por la mayoría del Senado y presentada por la vicegobernadora”.

Lo que indican en el escrito es que si Traferri quiso pedir el cese de la actuaciones en su contra debió hacerlo en forma individual. Pero que en este caso la defensa de Traferri en un trámite penal la intentó ejercer el Senado en pleno, a través de la mayoría de sus miembros que así lo votaron, por lo que la resolución debe ser declarada inadmisible por el juez que intervenga y devolverla a la Cámara alta.

Este planteo se da en el marco de un conflicto de poderes mayor y también de una tensión al interior del gobierno. Esta mañana el gobernador Omar Perotti criticó la nota del Senado en declaraciones periodísticas y la señaló como una interferencia hacia el Poder Judicial. El miércoles el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, también cuestionó en duros términos la remisión de la nota para el archivo de la causa contra el senador sanlorencino.

El declaraciones a LT8, Edery explicó que presentaron un escrito diciendo que “la presentación de la vicegobernadora (Alejandra) Rodenas, en representación del Senado, es una intromisión en la decisión de un juez que tiene que tomar una decisión sobre un pedido concreto que le hicimos”. Dijo que la defensa que tiene que hacer el senador Traferri no la puede hacer el cuerpo del que es representante. “Creemos que es un medio de presión al juez que tiene que resolver porque no sólo le están diciendo lo que tiene que hacer. Si uno analiza la sesión de senadores, (Joaquín) Gramajo y otros dijeron que el juez tenía que archivar y tenemos que tener en cuenta que es la misma gente que puede juzgar al juez por sus actos. Entendemos que es un intromisión indebida y corresponde que ese escrito se saque del legajo judicial y se devuelva al Senado”.

La Capital /Pregón /El Ciudadano

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