Fracasó la audiencia paritaria entre las empresas agroexportadoras y los gremios aceiteros

La negociación salarial del sector aceitero sumó un nuevo capítulo sin acuerdo. La última audiencia celebrada en el marco de la conciliación obligatoria entre la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y las dos principales organizaciones sindicales del sector , SOEA San Lorenzo y la Federación Aceitera, concluyó sin resultados positivos debido a la falta de consenso sobre la modalidad de actualización de los haberes.

Desde el sector empresarial señalaron que la propuesta formalizada consistió en implementar un mecanismo de indexación mensual que replique de forma automática el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De acuerdo con los representantes de la industria, este esquema busca garantizar que las remuneraciones mantengan su poder adquisitivo frente a la evolución inflacionaria, mostrándose predispuestos a rubricar el compromiso de forma inmediata. Sin embargo, la moción fue rechazada por las representaciones gremiales, lo que impidió avanzar en la firma del acta paritaria.

Frente a esta parálisis en las conversaciones, el escenario normativo entra en una etapa de definición. El período vigente de conciliación obligatoria dictado por la autoridad laboral tiene fecha de vencimiento pautada para este jueves 18 de junio. Ante la persistencia del conflicto y la falta de puntos de encuentro, la principal opción bajo análisis es que la Secretaría de Trabajo de la Nación haga uso de sus potestades legales para dictar una prórroga por cinco días hábiles adicionales, extendiendo el período de tregua hasta el próximo jueves 25 de junio.

Desde CIARA ratificaron la vigencia de la oferta presentada, sosteniendo que la actualización sujeta al índice oficial de precios representa la única alternativa técnica y financieramente viable para sostener el nivel de los salarios dentro del complejo agroexportador sin comprometer la estabilidad de la actividad económica del sector.

La trastienda política: acusaciones cruzadas por el control sindical

En este contexto de parálisis, Gustavo Idígoras, presidente de CIARA y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), no solo desestimó las demandas salariales de los gremios en declaraciones a Radio Fisherton, sino que puso sobre la mesa la verdadera naturaleza que, según el sector empresario, esconde la disputa: una estrategia de posicionamiento político nacional financiada por una caja sindical que mueve cifras siderales.

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC)

“Lo que están buscando es un paro nacional vinculado con la aspiración política de ir contra la política económica nacional”, sentenció el dirigente empresarial. Según su análisis, el objetivo de la Federación Aceitera y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) es tomar el control del flamante frente sindical “Fresu”, utilizando a la industria agroexportadora como una “pieza de caza” para proyectarse como gremios “duros y rebeldes” en la escena nacional.

La caja sindical bajo la lupa: “Ingresos superiores a los 20 millones de dólares”

Uno de los puntos más críticos expuestos por la conducción de CIARA radica en el volumen de los recursos que sostendrían este despliegue político-gremial. Idígoras detalló que el esquema de recaudación actual contempla casi seis puntos porcentuales mensuales por cuota sindical y cuota solidaria obligatoria retenida a los trabajadores, sumado al 40% de cualquier incremento salarial del primer mes, el cual se destina de forma directa a las arcas de los sindicatos.

“Acá estamos hablando de ingresos superiores a los 20 millones de dólares; una negociación sindical como la que plantean del 20% significaría que ellos se llevarían al bolsillo 3 millones y medio de dólares”, disparó el representante patronal. Para la cámara empresaria, esta acumulación de fondos no persigue la mejora real del salario del operario, sino solventar estrategias electorales y políticas de “grandes ligas”, ligando el escenario a antecedentes recientes de campañas multimillonarias en la región, como la contienda por la intendencia de Puerto General San Martín.

Números técnicos frente a la “mitología” de la rentabilidad

Ante la narrativa instalada sobre supuestas ganancias extraordinarias de las terminales del Gran Rosario —por donde sale el grueso de las exportaciones nacionales—, la industria defendió sus márgenes operativos argumentando razones técnicas. “Como en Argentina cada segmento industrial tiene una mitología, la del agro es que son millonarios. Pero cuando peinás la rentabilidad del sector, son márgenes muy chicos, de grandísimos volúmenes, pero rentabilidades ínfimas: del 1 al 1,5%”, argumentó el titular de CIARA.

Bajo esa línea, insistieron en que la fórmula de indexación sujeta al índice oficial de precios del INDEC representa la única alternativa viable para resguardar los ingresos de las familias aceiteras sin comprometer la estabilidad económica de las terminales.

El impacto de un eventual paro general en el Cordón Industrial

Con las negociaciones truncadas, el escenario de una huelga por tiempo indeterminado genera preocupación por las pérdidas directas que absorberían los propios operarios. De acuerdo a las estimaciones de la cámara, por cada día de huelga un trabajador pierde unos 160.000 pesos de su bolsillo, una cifra que asciende a 960.000 pesos si la medida se extiende por una semana. “El debate salarial se torna irrelevante a esta hora. Si ellos quieren hacer política, que la hagan, pero que no hipotequen el salario aceitero ni los ingresos de toda la cadena de valor”, concluyeron desde la entidad.

Frente a esta parálisis en las conversaciones, el escenario normativo entra en una etapa de definición. Aunque el período vigente de conciliación obligatoria dictado por la autoridad laboral vencía originalmente este jueves 18 de junio, se prevé que la Secretaría de Trabajo de la Nación haga uso de sus potestades legales para dictar una prórroga de cinco días hábiles adicionales, extendiendo el período de tregua forzosa hasta el próximo jueves 25 de junio. Esa fecha límite marcará si el Cordón Industrial entra en una parálisis que afectará de forma directa al transporte, a los productores y al flujo de ingreso de divisas de todo el país.