En un reporte dirigido al juez Fabián Lorenzini, los interventores judiciales de Vicentin, Guillermo Nudenberg y Andrés Shocron, alertaron sobre la delicada situación de la empresa en concurso. Aunque reconocieron avances en las operaciones, advirtieron que la crisis aún no está superada y que los riesgos persisten.

El informe, fechado el 8 de junio de 2025, hace un llamado de atención: si no se logra cerrar el proceso concursal antes de fin de año, la situación podría tornarse irreversible, llegando a un punto de “colapso terminal”. Una advertencia que pone en evidencia la gravedad del escenario y la necesidad de una resolución rápida para evitar un desenlace catastrófico.

 Situación Operativa de las Plantas

El informe elaborado por los interventores de Vicentin, Guillermo Nudenberg y Andrés Shocron, revela el estado actual de la empresa en plena fase de recuperación tras la intervención. En sus páginas, describen cómo intentan reactivar las plantas industriales, estabilizar las finanzas y revertir la grave crisis que enfrentó la compañía, pese a las dificultades persistentes.

Al momento de tomar el control, las instalaciones estaban paralizadas, con mantenimiento pendiente y sin contratos de fazón activos. Sin embargo, lograron reactivar operaciones clave: en Ricardone, alcanzaron un récord de producción de 630.000 toneladas de girasol proyectadas para octubre, tras moler casi 95.000 toneladas en un mes y medio, pese a pérdidas por mantenimiento. En San Lorenzo, una planta esencial para la molienda de soja, con apenas una inversión mínima de USD 1,4 millones, consiguieron reactivar las líneas de producción y firmar contratos de fazón de hasta 400.000 toneladas mensuales con ocho empresas del sector. Además, extendieron la producción en la planta de etanol en el Nodo Norte, aprovechando cupos de energía y ventas potenciales de alcohol de alta calidad.

El reporte también destaca que, si bien las operaciones lograron cierta recuperación en la producción, los resultados económicos aún muestran grave deterioro. En abril de 2025, la firma registró una pérdida mensual de aproximadamente USD 3,4 millones, mejorando respecto a marzo, pero aún muy lejos del equilibrio. La rentabilidad varía según los centros industriales, siendo positivo en Avellaneda, pero con fuertes pérdidas en Ricardone, San Lorenzo y en la administración central. Los interventores advierten que solo alcanzarán el punto de equilibrio si logran maximizar la capacidad productiva y reducir las áreas no operativas. Se proyecta que los salarios de mayo se pagarán en su totalidad en la tercera semana del mes de junio y, posiblemente, se cancele el aguinaldo correspondiente, si la planta de San Lorenzo funciona a una capacidad de 250 mil tons.

Con las plantas industriales ya reactivadas pero sostenidas por contratos que caducan en diciembre, Vicentin enfrenta su hora más crítica: los interventores judiciales advirtieron que la empresa acumula una deuda post-concurso de $39.657 millones —incluyendo salarios atrasados, facturas médicas impagas y compromisos energéticos— mientras corre contra el reloj para aprovechar un beneficio fiscal clave. Si antes del 31 de octubre no vende activos o negocia quitas, perderá un escudo tributario de $458.370 millones que le ahorraría USD 137 millones, profundizando su crisis en medio de pérdidas operativas récord (USD 3,42 millones solo en abril). “Sin una solución estructural este año, la situación podría ser terminal”, alertaron los administradores, revelando que el aparente respiro productivo es un “espejismo” que oculta la urgencia de desbloquear fondos.

Los interventores judiciales advirtieron que la empresa enfrenta un escenario “crítico” pese a haber reactivado sus plantas clave, según el detallado informe elevado al juzgado a cargo del concurso preventivo. Guillermo Nudenberg y Andrés Shocron confirmaron que las operaciones industriales se normalizaron tras inyectar más de USD 1.4 millones en reparaciones urgentes, pero subrayaron que los contratos de procesamiento de granos —su único salvavidas financiero— expiran en diciembre sin margen para errores.

San Lorenzo, el complejo aceitero estratégico paralizado desde enero, volvió a operar a máxima capacidad en junio tras sellar acuerdos con ocho gigantes del agro como Cargill y Bunge. Sin embargo, los interventores revelaron que esta reactivación se sostiene con “mecanismos financieros extraordinarios”, incluyendo el uso de cheques posfechados de clientes para pagar insumos críticos como el gas, que insumen USD 2 millones mensuales solo en esa planta.

 Situación Operativa de las Plantas de San Lorenzo (Vicentin) y Ricardone

San Lorenzo (Complejo Industrial Vicentin)
Estado actual: Operativa al 100% desde junio, tras inversión urgente de USD 1.4 millones.

• Antecedentes: Paralizada desde enero 2025, con mantenimientos inconclusos en sus dos líneas de producción.
• Reactividad:
  • *Línea 1 (10 mil toneladas/día)*: Entró en operación el 2 de junio tras reparaciones aceleradas.
  • *Línea 2 (6 mil toneladas/día)*: Activa desde el 16 de junio.
• Contratos estratégicos: Firmados con 8 empresas líderes (Bunge, Cargill, ACA, Viterra, entre otras) para procesar 400 mil toneladas mensuales de soja —máxima capacidad de la planta—. Adicionalmente, se alquiló capacidad de almacenamiento por 200 mil toneladas.
• Financiamiento crítico: Los insumos esenciales (gas, transporte) se pagan mediante *e-checks posdatados al 21/07/2025* aportados por clientes, ante la falta de crédito de Vicentin (costo: USD 2 millones/mes).
• Riesgo operativo: Mantenimientos realizados son “mínimos para operar”, no óptimos según estándares industriales.

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Planta Ricardone (Procesamiento de Girasol)
Estado actual: Producción récord, pero vulnerable a fallas técnicas.

• Recuperación contractual:
  • Contratos iniciales: 470 mil toneladas (solo 38.8% cumplido en enero-abril por paradas, con pérdida de USD 3 millones).
  • Nuevos acuerdos: Ampliación con Bunge, Viterra, UAA, y sumatoria de Commodities SA y Amaggi SA. Total: 630 mil toneladas a procesar hasta octubre 2025.
• Operatividad:
  • Reactivada el 23 de abril de 2025 tras resolver fallas en calderas.
  • Producción acumulada (23/04-31/05): 94,911 toneladas, pero con pérdida de 9,950 toneladas por nuevas paradas técnicas.
• Impacto financiero: Los contratos actuales evitan costos fijos estacionales (USD 2 millones/mes entre julio-noviembre), pero la planta aún opera con márgenes ajustados.

La deuda post-concurso alcanza los ARS 39.657 millones, una bomba de tiempo que incluye compromisos impositivos, salariales y médicos impagos. Los interventores admitieron que los sueldos se abonan con hasta seis semanas de demora —los haberes de mayo recién se liquidaron en junio— y que para evitar el colapso recurren a pagos “quirúrgicos”: insumos como hexano se cancelan al contado, mientras negocian cuotas para deudas energéticas millonarias.

El mayor riesgo está en el calendario fiscal, alertaron. Los quebrantos acumulados por ARS 458.370 millones —un escudo contra el pago de impuestos— vencen irrevocablemente el 31 de octubre. Si Vicentin no vende activos o negocia quitas de deuda antes de esa fecha, perderá beneficios tributarios por USD 137 millones, lo que según los interventores “afectaría drásticamente el valor de la compañía en cualquier proceso de venta”.

Las pérdidas operativas persisten (USD 3.42 millones solo en abril), pero los administradores judiciales destacaron medidas drásticas: cerraron la oficina de Buenos Aires, rescindieron contratos con consultoras como DLA Piper, y avanzan en un plan de recorte de personal para eliminar puestos “redundantes o con conflictos de interés”. Revelaron, además, que tres firmas —Commodities SA, Bioenergías y UAA— ya solicitaron información confidencial para evaluar compra de activos.

El informe culmina con una advertencia sombría: los interventores afirmaron que los contratos actuales son un “espejismo” que oculta la fragilidad estructural. Sin una solución definitiva antes de diciembre —cuando termina la temporada de molienda—, la empresa podría entrar en “situación terminal” durante el primer trimestre de 2026. Pidieron expresamente al juez agilizar los trámites, argumentando que “el factor tiempo es determinante para trabajadores, acreedores y el futuro de Vicentin”.