La caída del clan Alvarado: lavado de activos, venta de armas y narcomenudeo bajo la lupa de la Justicia Federal

Un megaoperativo federal que incluyó 38 allanamientos simultáneos en la provincia de Santa Fe —con epicentro en Rosario, Funes, Roldán y San Lorenzo—, además de incursiones en Córdoba y el Gran Buenos Aires, puso al descubierto la estructura con la que el entorno del condenado capo narco Esteban Lindor Alvarado intentaba sostener sus negocios ilícitos. La investigación, que culminó con 12 detenidos, no se limita a un golpe contra el narcotráfico tradicional: expone una red multifacética dedicada al tráfico de armas de alto poder, la extorsión, el cobro de dinero y sofisticadas maniobras de lavado de activos.

Golpe al clan Alvarado: 12 detenidos tras más de 40 allanamientos en Rosario, Funes, Roldán, San Lorenzo y Puerto San Martín

La causa, que tiene entre los principales arrestados a Santino Alvarado (hijo del jefe criminal), a su presunta mano derecha María Fernanda Rojas y al abogado Claudio Tavella, nació a partir de un hilo conductor: la planificación de un frustrado intento de fuga de Esteban Alvarado desde el penal federal de Ezeiza, expediente que tramitó ante el Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora a cargo de Ernesto Kreplak.

El rol de los detenidos: una empresa familiar y delictiva al servicio del clan

De acuerdo con el avance de la investigación dirigida por la PROCUNAR NEA —a cargo del fiscal Matías Scilabra— y ordenada por el juez federal Nº 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, cada uno de los implicados cumplía un rol dentro de la organización.

Por un lado, Santino Alvarado fue localizado y detenido en una vivienda de Funes —instancia en la que intentó destruir evidencia al romper tres teléfonos celulares—. El joven utilizaba a su círculo de allegados para articular un circuito comercial ilegal, endilgándosele liderar maniobras de compraventa de divisas, comercialización de estupefacientes, provisión de armas y municiones, y el cobro de acreencias a terceros, blanqueando el capital mediante la compraventa de vehículos de gama media y alta.

Por otro lado, María Fernanda Rojas es señalada como la pieza clave tras las rejas de Esteban Alvarado. Los investigadores determinaron que poseía un dominio absoluto de los movimientos financieros y de las relaciones internas de la banda, asumiendo un rol directivo con un perfil sumamente bajo, rigurosos recaudos en sus desplazamientos y comunicaciones cautelosas para garantizar la continuidad de las actividades del líder.

En cuanto a Claudio Tavella, el histórico letrado de Alvarado, la investigación confirmó que ambos forjaron un vínculo de extrema confianza tras compartir un período de detención años atrás. Para la Justicia, Tavella operaba como un engranaje cotidiano de la organización, canalizando requerimientos del líder y sosteniendo comunicaciones diarias con el penal de Ezeiza más allá de su representación legal.

El arsenal de guerra y el circuito de lavado secuestrado

Tras meses de tareas de inteligencia que demandaron el uso de escuchas telefónicas, seguimientos encubridos y drones por parte de la División Operaciones Federales de la PFA, los allanamientos arrojaron un impresionante botín que confirma la peligrosidad de la célula criminal.

En poder del clan se incautó un verdadero arsenal de guerra compuesto por una escopeta calibre 12/70 y otra calibre 16, una pistola calibre 9 milímetros provista de mira láser y 88 municiones, una pistola calibre .380 y un revólver Magnum .357. Asimismo, se halló una pistola calibre .40 con el cañón modificado para la colocación de un silenciador, una pistola calibre 6,35, una granada de mano, 205 municiones calibre .223 y cuatro cargadores de fusil.

En paralelo al fuero armamentista, los peritajes confirmaron el perfil narco y de lavado de la estructura al incautar un ladrillo de cocaína de un kilogramo marcado con el sello en bajorrelieve de un delfín, 1,5 kilos de cogollos de marihuana, 45 plantas de cannabis sativa con sus respectivas lámparas para cultivo indoor y balanzas de precisión. El impacto financiero incluyó el secuestro de más de 21 millones de pesos en efectivo, 1.100 dólares, 25 teléfonos celulares y una flota de bienes de alta movilidad compuesta por ocho automóviles, dos camionetas y dos motocicletas.

Todos los detenidos, mayores de edad y de nacionalidad argentina, quedaron a disposición del magistrado interviniente imputados por infracción a la Ley Nacional de Drogas, tráfico de armas y lavado de activos, a la espera de las audiencias donde se formalizarán las acusaciones.