El Servicio de la Defensa Pública penal sostuvo que la mujer tiene una seria adicción y que su vecino también detenido sufre de graves problemas de salud. Apuntaron contra la fiscal Lescano (foto) por haber actuado de manera apresurada e insólita.

Tras la audiencia imputativa a D.T, la mujer de 36 años acusada de haber abortado a gemelas en 30 semanas de gestación y haberlas enterrado en el patio de un vecino, que también fue imputado ayer, la defensa sostuvo que se trata de un contexto » de extrema vulnerabilidad económica y social», y que fueron imputados por la fiscal Gabriela Lescano -de manera apresurada e insólita- como doble homicidio calificado en calidad de coautores.

En un comunicado, el Servicio de la Defensa Pública Penal expresó que el magistrado, Dr. Álvaro Campos «hizo lugar a la prisión preventiva, pese a haber hecho algunas observaciones sobre la calificación legal y sin tener en cuenta los graves problemas de salud que la acusada y el acusado tienen respectivamente. D.T padece una seria situación de consumos problemáticos y se encuentra en estado puerperal, mientras que M.G sufre de una miocardiopatía hipertrófica. Ambos se encuentran en sede policial».

Cabe recordar, que en la audiencia imputativa que se desarrolló ayer, la fiscal Lescano sostuvo que no se trata de un caso de violencia de género, y que los bebés son las vulneradas porque no tuvieron la oportunidad de vivir y que la gestante tuvo la oportunidad de abortar dentro del marco de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y no lo hizo.

«En la audiencia, la Defensora Pública, Dra. Florencia Chaumet, abogó profundamente por D.T y M.G., haciendo notar las irregularidades en el marco de la investigación y la falta de pruebas suficientes que puedan determinar roles y responsabilidades. Asimismo, resaltó la vulneración al derecho de defensa y al debido proceso; y planteó la nulidad de lo actuado dado que D.T. habría confesado -en el hospital- a quien la custodiaba sin la asistencia jurídica correspondiente. Vale remarcar que este tipo de confesiones se encuentran prohibidas por ley, afectándose garantías constitucionales por darse sin la presencia de un/a abogado/a defensor/a», aseveraron desde el Servicio Público de Defensa Penal.

Ahora la acusada y su vecino, quien para la fiscalía fue cómplice del aborto y de enterrar los cuerpos de los bebés pasarán al menos 45 días de prisión preventiva: «Preocupa a este Servicio Público Provincial de Defensa Penal -SPPDP- el irracional modelo punitivista implementado por distintas agencias (actores) estatales que tiende a criminalizar y revictimizar -en casos como el presente- a las mujeres más vulnerables económica y socialmente, quienes por falta de acceso a la salud pública realizan prácticas inseguras y clandestinas. Cabe destacar por su ausencia, la falta de contención y acciones sociales que impliquen una alternativa a las meramente punitivas», finalizaron.