La Justicia rechazó pedir la detención de la víctima y dictó prisión preventiva para el imputado por abuso sexual en San Lorenzo

La Justicia de San Lorenzo dispuso prisión preventiva por 60 días para Juan Gabriel O., imputado por abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de P., hija de su expareja. La medida fue dictada por el juez Cattaneo, quien hizo lugar al pedido de la fiscalía. El magistrado no hizo lugar, en cambio, al pedido de la defensa de detener a P. por falso testimonio.

La imputación

Según la fiscal Lucía Pazos, los hechos comenzaron en Puerto General San Martín cuando P. tenía 6 años, con tocamientos, sexo oral y exposición a material pornográfico, y se agravaron cuando la familia se mudó a San Lorenzo: desde los 12 años, sostiene la acusación, los abusos incluyeron acceso carnal con una frecuencia diaria, en moteles, en el vehículo de Otero y en un galpón de la empresa Sintra donde él trabajaba. La fiscalía remarcó que el acusado se valió de la convivencia con la víctima para cometer los hechos.

De acuerdo a su testimonio, P. relató que los abusos comenzaron poco después de que su madre iniciara una relación con el imputado, y que a los 12 años se produjo el primer acceso carnal, tras lo cual los episodios se volvieron diarios. Contó que a los 15 años quedó embarazada y que el hombre le suministró misoprostol para interrumpir el embarazo, lo que derivó en una internación por aborto espontáneo. Según su relato, cuando le contó a su madre lo que ocurría, y que el acusado lo negó y ella permaneció en la casa, hasta que finalmente se fue a vivir con una amiga y luego con sus abuelos. P. declaró además haber sufrido autolesiones y haber atravesado un cuadro de depresión, y dijo haber recibido amenazas de Otero incluso después de la separación.

Testimonios que corroboran la denuncia

Un hermano de P. declaró haber encontrado en la computadora familiar una fotografía de ella tomada sin su conocimiento en un vestidor, y contó que en una oportunidad forzó una puerta y encontró a  la pareja de su madre junto a P. en una situación que describió como impropia. Otro hermano coincidió en señalar los episodios de encierro y los masajes que O., le pedía a P. con frecuencia. Un tío de la joven relató que había cuestionado esa dinámica y que, tras hacerlo, fue expulsado de la vivienda. La madre de P. declaró que con el tiempo comenzó a notar conductas que hoy interpreta de otro modo, entre ellas traslados de su hija al galpón en horarios inhabituales.

La fiscalía sostuvo que existe un cuadro probatorio robusto, con testimonios coincidentes en torno a un mismo núcleo de relato, y solicitó la prisión preventiva por considerar comprobados el peligro de fuga y el riesgo de entorpecimiento probatorio, dado que el acusado conoce la identidad de los testigos que restan declarar.

La postura de la defensa

La defensa, a cargo del abogado  Leandro Demichelli, cuestionó que la denuncia se formalizara una década después de los hechos y pidió pruebas adicionales, como una denuncia previa por violencia familiar. Solicitó el sobreseimiento de la imputación y  la detención de P. por el delito de falso testimonio, y —en forma subsidiaria— la libertad de O., bajo una fianza de $5.000.000.

La declaración del acusado

El imputado negó las acusaciones. Dijo haber criado a los hijos de su expareja “para que sean gente de bien” y afirmó no tener antecedentes penales. Relató que existió un conflicto previo con la familia materna de P. y que recibió mensajes de ella tiempo después de la separación. Consultado por la fiscalía, dijo no recordar con precisión si llevaba solo a los hermanos varones al galpón donde trabajaba.

El juez  Ariel Cattaneo consideró que existen elementos confirmatorios suficientes para sostener la imputación y valoró que la fiscalía cuenta con un respaldo evidencial relevante. Hizo lugar a la prisión preventiva solicitada por 60 días, hasta el 12 de noviembre. Sobre el pedido de detención de P. por falso testimonio, indicó que esa cuestión deberá ser evaluada, en todo caso, por la propia fiscalía en un proceso separado, y no hizo lugar al pedido en esta instancia.

La causa continúa en etapa de investigación.