La Legislatura de Santa Fe suspenderá a una fiscal por demoras en una causa de femicidio

El cuerpo legislativo ratificará este jueves la sanción contra María Verónica Ballari, investigada por su actuación en las denuncias de Ailén Oggero. La expareja de la víctima, Jonathan Omill, fue condenada a 4 años y medio por violencia de género, pero el crimen cometido en febrero de 2025 en Rosario sigue impune.

La Legislatura de la provincia de Santa Fe se apresta a aplicar una sanción inédita contra una funcionaria judicial: suspenderá por tres meses sin goce de sueldo a la fiscal María Verónica Ballari, a quien se le reprocha haber actuado con demoras injustificadas en la investigación de las denuncias por violencia de género que realizó Ailén Oggero antes de ser asesinada.

La medida, que será confirmada este jueves en sesión de la Asamblea Legislativa, fue impulsada por la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación y tiene carácter paradigmático: es la primera vez que un fiscal es suspendido por su desempeño en una causa de violencia machista que terminó en femicidio.

La decisión de la Legislatura no está exenta de polémica. La Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA había solicitado que se anule la suspensión, argumentando que la nueva Constitución provincial (reformada en 2025) dejó sin efecto la ley 13.807 que habilita al Poder Legislativo a sancionar a los miembros del Ministerio Público de la Acusación.

Sin embargo, los legisladores provinciales respondieron que una cláusula transitoria de la propia Constitución prorroga la vigencia de esa ley hasta tanto se dicte una nueva normativa. Por lo tanto, la Comisión Bicameral de Acuerdos ya dictaminó a favor de la suspensión, y la sanción se hará efectiva en las próximas horas.

“La Legislatura no va a mirar para otro lado. La demora en proteger a Ailén Oggero es una responsabilidad institucional que debe tener consecuencias”, señaló una fuente parlamentaria.

Mientras el foco está puesto en la sanción a la fiscal, la causa penal contra Jonathan Omill, expareja de la víctima, tuvo un desenlace parcial. Recientemente, Omill fue condenado a 4 años y medio de prisión por los delitos de violencia de género cometidos cuando Ailén aún vivía: ingresó a su casa por la fuerza, la golpeó, la amenazó y la hostigó sistemáticamente a pesar de tener una restricción de acercamiento. Omill se defendió diciendo que en el momento del femicidio estaba trabajando en la planta de Vicentín, donde fue detenido.

Sin embargo, esa condena no lo vincula con el femicidio. El asesinato de Ailén Oggero, ocurrido el 18 de febrero de 2025 cuando salía a trabajar y frente a sus dos hijos de 11 y 4 años, sigue sin imputados. Las investigaciones no descartan que Omill haya sido el instigador del ataque, ejecutado con el estilo de un sicario, o que haya actuado a través de sus vínculos con el narcotráfico (entre ellos, Jésica “Fea” González, condenada por narcocriminalidad).

Un antecedente que conmueve en vísperas de Ni Una Menos
La suspensión de la fiscal Ballari se conocerá en la previa de una nueva movilización bajo la consigna Ni Una Menos, lo que le otorga un simbolismo adicional. Organizaciones feministas ven en la medida un gesto del Estado provincial hacia la responsabilidad de los operadores judiciales, aunque también reclaman justicia por el crimen impune.

Ailén Oggero, de 32 años, era extraccionista en el Hospital Centenario de Rosario. Había denunciado a Omill en múltiples ocasiones, pero la única medida que se tomó mientras ella estaba con vida fue una restricción perimetral, que el agresor violó repetidamente. La fiscal Ballari recién lo imputó por violencia de género después del femicidio.

“La Legislatura está suspendiendo a la fiscal, pero el femicida de Ailén sigue sin ser condenado por el crimen. Esa es la verdadera deuda”, advirtió una activista que sigue el caso.

Una vez confirmada la suspensión, la fiscal Ballari será apartada de sus funciones por tres meses y no percibirá su salario. La Asociación de Fiscales evalúa presentar un recurso de amparo ante la Justicia, aunque fuentes legislativas confían en que la sanción se aplicará sin contratiempos.

Mientras tanto, la causa por el femicidio de Ailén Oggero permanece abierta, a cargo de la fiscal Andrea Vega, sin detenidos ni avances concretos a más de un año del crimen.

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