En mayo de este año un colaborador gremial de la Uocra Rosario con funciones en San Lorenzo presentó una denuncia por amenazas que involucró al jefe de la barra brava de Rosario Central, Andrés «Pillín» Bracamonte. Contó que el secretario general Carlos Vergara había organizado un almuerzo en un bar de la zona oeste en el que de repente, sin aviso ni invitación, apareció el reconocido líder del paravalanchas canalla. El denunciante aseguró que «Pillín» primero lo miró fijo «todo el tiempo» y luego lo siguió hasta el baño para decirle que se iba a a quedar con la delegación sanlorencina del gremio.

Ese relato fue parte de una de las evidencias presentadas este jueves por el fiscal Miguel Moreno para imputar a Pillín, pero también al titular de la Uocra. Es que el funcionario de la Unidad de Delitos Económicos consideró a esa amenaza como uno de los delitos atribuidos a una asociación ilícita organizada tanto por el barrabrava canalla como por Carlos Vergara. «Con permanencia y estabilidad en el tiempo destinada a planificar y cometer una pluralidad de delitos de manera organizada, todo ello valiéndose primordialmente de la estructura de la organización sindical denominada Uocra, dentro de la cual se ha consolidado un poder de hecho que es compartido con la barrabrava del Club Rosario Central», detalló Moreno.

Sobre Bracamonte y Vergara el fiscal consideró que por la posición jerárquica de cada uno en las estructuras que integran, tanto la barra brava de Central como la Uocra, eran quienes tomaban todas las decisiones y a la vez quienes manejaban las ganancias ilícitas de la organización. «Juntos forman una simbiosis perfecta. Bracamonte aporta la fuerza de choque para que Vergara se mantenga en el poder sindical y Vergara le aporta a su vez la estructura de la Ouocra para que Bracamonte realice sus negocios extorsivos dándole apariencia de licitud», analizó Moreno.

Debajo de Bracamonte y Vergara el fiscal señaló como miembros a Roque Raúl M., Juan Manuel E., Cristian Raúl D., Carlos Marcelo P., Horacio M. y Fernando R. En tanto, el lunes fue detenido Juan Pablo M., el gremialista que en mayo pasado denunció a Bracamonte, dado que también es sospechoso de haber cometido delitos aunque hasta el momento no está entre los acusados. La jornada se extendió durante la tarde del jueves y está previsto que continúe la próxima semana con la solicitud de medidas cautelares en caso de que se confirmen las imputaciones.

Pillín presente
La audiencia comenzó pasadas las 8.30 del jueves, luego de que el miércoles fuera suspendida por un reclamo de la defensa de Bracamonte ante la imposibilidad del acusado de estar presente en la sala. Así fue que hoy, luego del cuarto intermedio ordenado por el juez Facundo Becerra, el jefe de la barra canalla fue trasladado desde la Oficina de Recepción de Detenidos Rosario (Order) hasta el Centro de Justicia Penal. Con chaleco antibalas y el pelo crecido, a diferencia de su look habitual, lo sentaron junto a sus abogados Carlos Varela y Adrián Martínez. Además, cinco agentes del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciario con caras cubiertas lo rodearon portando armas largas.

Para comenzar Moreno retrocedió en su relato hasta el año 2017, cuando Juan Pablo «Pata» Medina, sindicalista de la Uocra Seccional La Plata, se entregó a la Justicia al ser requerido en una causa por extorsión por la que terminaría sobreseído. En ese marco al día siguiente Carlos Vergara fue designado como interventor y, para el fiscal, fue cuando comenzó a disputar el control con los sucesores de Medina. Lo hizo junto a Iván «El General» Tobar, entonces barrabrava de Estudiantes de La Plata, quien para Moreno «pasó del paravalanchas al andamio».

«De la mano de Vergara, durante la intervención del gremio platense, Tobar pasa a integrar el grupo que controla el sindicato», aseguró Moreno. Junto a él, sostuvo, se sumó el sindicalista David Alzogaray que en su perfil de Instagram en agosto de 2021 posteó una foto junto a Tobar y Bracamonte. «La unión entre la Uocra de Vergara y las barras bravas no se limita a los contornos del sur de nuestra provincia», indicó el fiscal.

Sobre Bracamonte, Moreno volvió a sus inicios como referente de la barra brava de Central, desde «Los Pillines» hasta «Los Guerreros». «Supo convertir su posición para crear un verdadero negocio ilícito y millonario, a través del uso de la fuerza, del manejo de cientos de personas que integran la barra brava canalla», explicó. «Impuso desde el cobro por estacionamiento de automóviles y motos en la vía pública en todo el perímetro utilizado por los socios al concurrir al estadio, el cobro de una “cuota” periódica a todos los comercios y tiendas que trabajan en cada partido de Rosario Central, la coacción a personal del Club para obligarlos a realizar operaciones que a él beneficiaban», agregó.

El negocio
Moreno analizó también cómo la presunta asociación ilícita impuso sus negocios hacia el interior de las empresas que trabajan en el rubro de la construcción. Explicó que «la lógica del mercado» es la competencia basada en la calidad y precio de los servicios o productos ofrecidos al público. Que ahí es «donde juega la libertad de contratar del consumidor», que se supone limitada si no hay competencia «por la existencia de un solo proveedor posible».

En ese sentido mencionó «la libertad de no contratar a nadie» como otra posibilidad limitada ante «la obligación insoslayable de contratar dicho servicio». «Hace ya un tiempo, en las obras vinculadas al rubro construcción, se ha vuelto obligatoria la contratación de baños químicos y de un servicio de viandas para el personal», sostuvo como introducción a que esos negocios pertenecen a los acusados, quienes obligaban a las empresas de la construcción a contratarlos.

Como ejemplo, citó que en 2018 la empresa Vanefra, de Bracamonte y Fernando R., otro de los acusados, pasó a incluir «dentro de su vasto objeto social el alquiler de baños químicos». Tres años después fundaron, mediante la pareja de R. como prestanombres, la empresa Ferce SRL. con el servicio de preparación de comidas para empresas y eventos como actividad declarada. Incluso durante 2023 Vanefra también sumó entre sus actividades el mismo servicio de preparación de comidas.

Las maniobras
La acusación de Moreno incluyó una descripción de «las modalidades extorsivas» de la presunta asociación ilícita. «Algunas consisten en exigirle a empresas contratistas vinculadas a la construcción la contratación de determinados servicios de viandas y baños químicos, más una colaboración dineraria para el gremio», explicó. Para darle un carácter formal ofrecían a cambio un «libre deuda sindical local», que para el fiscal no revisten de validez dado que el único «legalmente exigible» es el que expide la Uocra a nivel nacional.

Con ese «libre deuda sindical», que expedían las sedes de San Lorenzo y Villa Constitución, el contratista adquiría un permiso de la co-contratante (empresas con plantas en el Cordón Industrial) para ingresar a trabajar. A su vez, según la acusación, las empresas eran amenazadas para exigirles a los contratistas el «libre deuda» como requisito para ingresar a las plantas. Una manera de asegurarse el negocio apretando a las dos puntas posibles.

A partir de denuncias y documentaciones la investigación detectó casos en los que no se exigía ese «libre deuda» pero sí permanecía la obligación de contratar a los proveedores de baños químicos y servicios de viandas manejados por los acusados. «Las otras empresas que quisieran ser recomendadas por Uocra deben compartir sus ganancias con la asociación ilícita», indicó Moreno.

Otra modalidad analizada por el fiscal fue el llamado «rentamiento», una maniobra que consistía en exigir a las empresas de construcción la contratación de determinadas personas relacionadas a los acusados que luego percibían un salario sin trabajar. Como ejemplo, con documentación entre las evidencias, Moreno citó el caso de un hijo de Bracamonte y dos hijos de Vergara. «La figura del rentamiento es la versión extorsiva de la del delegado sindical», consideró el funcionario.

Por último, la tercera modalidad extorsiva recayó puntalmente en Vergara. «Ha incorporado inmuebles al patrimonio familiar a partir de simulaciones de adhesiones a fideicomisos o de compraventas con empresas constructoras. La simulación consiste en que el precio que consta en los contratos nunca se abonó», analizó Moreno.

Un almuerzo extraño y prostitución VIP
Entre las evidencias planteadas en la audiencia aparece una amenaza atribuida a Bracamonte como uno de los delitos cometidos en el marco de la asociación ilícita. La presentación la hizo el sindicalista detenido este lunes, sobre quien no está determinado aún cómo continuará su situación procesal.

El hombre describió que Vergara había organizado un almuerzo para gremialistas en el restorán «El Nuevo Cid» de Río de Janeiro y San Juan. Que estaba con sus compañeros sentados en una mesa cuando vieron entran a Bracamonte. «Se dirigió directamente hacia la mesa, se sentó sin estar invitado, mirándome fijo todo el tiempo», aseguró.

Luego contó que al pararse e ir al baño, Pillín lo siguió para amedrentarlo. «Las amenazas consistes en decirme en persona que se iban a quedar con la delegación San Lorenzo del gremio, que me iban a matar e iban a ir a apretar al secretario Carlos Vergara», indicó el denunciante según el relato de Moreno.

En otra presentación la misma persona mencionó a una mujer, de la cual aseguró que es la amante de Vergara. «Le facilita y consigue mujeres a él, mujeres trans. Le facilita todo lo relacionado a la prostitución VIP en Rosario», aseguró. Sobre esta mujer dijo que Vergara solicitó a una empresa que la anotara como delegada. «A la empresa le sirve para no tener problemas con Vergara, que no le ponga trabas en las empresas», remarcó.

Fuente: La Capital