Este jueves, en los tribunales de San Lorenzo se llevó una audiencia de suspensión de juicio a prueba en el marco de una causa de puerto seco que tiene a dos hombres imputadas, que deberán hacer dos donaciones de 350 mil pesos a una escuela y a un comedor.

El 23 de junio de 2023, mediante un procedimiento realizado por la Dirección Operativa de la Agencia de Investigación Criminal de San Lorenzo en el km 10 de la ruta provincial 91 en Serodino, se allanó un puerto seco donde se incautaron dos camiones, una camioneta, más de 3 millones de pesos, 35 mil toneladas de maíz y 10 mil toneladas de soja.

El procedimiento se llevó a cabo por una investigación del fiscal Aquiles Balbis, quien ordenó el análisis de los cheques, planillas, tres celulares y elementos informáticos que fueron hallados en el predio. En aquel momento desde la comisaría de Oliveros, denunciaron ante el MPA que había operaciones de camiones y que había un policía de licencia que hacía adicionales en el acceso a lo que era denominado un puerto seco.

En ese momento no se pudo acreditar el origen del cereal, no tenían carta de porte, y tampoco la habilitación provincial por lo que el lugar fue clausurado. La causa fue caratulada como encubrimiento agravado con fines de lucro, debido a que se vendía y compraba cereal de dudosa procedencia sin documentación que acredite su venta.

Los dos imputados habían alquilado el predio, tenían una balanza, tenían la habilitación de la comuna de Serodino y creyeron que tenían la habilitación correspondiente, cosa que no ocurrió, y no tenían permiso para trabajar, contaron fuentes del caso.

Mediante un acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa, y homologado por el juez Ariel Catáneo; dos de los involucrados, Juan Ramón M. y Rubén Francisco R., por un lapso de un año se comprometieron a hacer una donación de 350 mil pesos a la escuela primaria Sebastián Gaboto y al comedor comunitario de la Iglesia Evangélica Cristo en Gloria de 350 mil pesos destinados al merendero.

Además deberán atenerse a las reglas de conducta impuestas de no abusar bebidas alcohólicas, fijar residencia, y no consumir estupefacientes.

Hoy el predio sigue clausurado por la comuna de Serodino, y hay una puja entre la comuna y una empresa que alquiló el lugar y que quiere manejar la balanza pública post cosecha. Pero hasta que no tengan todas las habilitaciones correspondientes, no pueden volver a abrir el predio.