Más de 140 buques afectados y pérdidas millonarias: el conflicto con los prácticos amenaza con paralizar el comercio exterior

El Gobierno intimó a 536 prácticos mientras ya hay más de 150 buques afectados y crece la presión del sector exportador

El conflicto por el nuevo régimen de practicaje en la Hidrovía sumó este martes un nuevo capítulo. Mientras la Prefectura Naval Argentina intimó formalmente a 536 prácticos y pilotos a retomar de inmediato sus tareas, las principales entidades del comercio exterior advirtieron que la actividad portuaria ya comenzó a resentirse con más de 150 buques afectados, pérdidas millonarias y desvío de operaciones hacia puertos de Uruguay y Brasil.

La medida de fuerza comenzó tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno nacional modificó el régimen del practicaje y pilotaje. Los profesionales sostienen que la nueva normativa genera inseguridad jurídica y operativa y, por ese motivo, dejaron de aceptar nuevos servicios para asistir a los buques que navegan por la Vía Navegable Troncal.

Ante la continuidad del conflicto, la Prefectura Naval Argentina publicó un edicto en el Boletín Oficial mediante el cual intimó a 536 profesionales a ponerse inmediatamente a disposición para prestar el servicio “de manera regular y reglamentaria”, conforme al nuevo decreto.

La autoridad marítima advirtió además que quienes incumplan la orden podrán enfrentar sanciones disciplinarias e incluso denuncias penales. Para ello recordó que el Código Penal contempla penas para quienes pongan en riesgo la seguridad de la navegación o entorpezcan el normal funcionamiento del transporte por agua.

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, aseguró que la situación se agrava hora tras hora. “Ya estamos superando los 45 barcos detenidos y, si el conflicto no se resuelve durante el día, se sumarán unos 30 más”, afirmó.

Cada buque inmovilizado representa un costo de entre 50.000 y 100.000 dólares por día solo en concepto de demora. A ello se agregan incumplimientos contractuales, sobrecostos logísticos y retrasos en toda la cadena de exportación.

La medida comenzó luego de la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno nacional desreguló la actividad del practicaje. Los prácticos consideran que la norma genera incertidumbre jurídica y operativa y, en rechazo a esos cambios, dejaron de tomar nuevos servicios para asistir a los buques en su navegación por el río Paraná.

Idígoras aclaró que el sector exportador no forma parte del conflicto. “No existe un reclamo salarial hacia nosotros. Los prácticos prestan un servicio a las agencias marítimas y el problema se da entre ese sector y el Estado nacional”, explicó.

No obstante, sostuvo que el practicaje resulta indispensable por las características de la vía navegable. “El Paraná es un río complejo, con bancos de arena, variaciones permanentes y requiere un conocimiento técnico específico para navegar con seguridad”, señaló.

Mientras el Gobierno nacional intimó a los prácticos a retomar sus tareas, las agencias marítimas nucleadas en el Centro de Navegación Argentino (CNAV) presentaron una nota dirigida a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y a la Prefectura Naval para reclamar una intervención urgente. El documento no cuestiona el Decreto 690/26, sino las consecuencias que está generando su entrada en vigencia.

Según explican, desde que comenzó a regir la nueva normativa, numerosos prácticos dejaron de aceptar nuevos servicios de practicaje y pilotaje alegando que no existen condiciones de seguridad jurídica y operacional para desarrollar su trabajo. Como consecuencia, los buques no pueden ingresar ni salir de los puertos, pese a estar programados para hacerlo.

Para las agencias marítimas, el conflicto ya desbordó la discusión regulatoria. En la presentación advierten que había al menos 140 buques esperando la confirmación de un práctico, operaciones canceladas que fueron derivadas a puertos de Uruguay y Brasil, riesgo de congestión en las terminales y pérdidas millonarias para toda la cadena logística. También alertan que la situación puede afectar el abastecimiento de industrias, provocar la pérdida de empleos y deteriorar la imagen de Argentina como proveedor confiable en el comercio internacional.

Por ese motivo, el Centro de Navegación solicita que el Estado convoque de manera urgente a las partes y garantice la continuidad del servicio de practicaje, al recordar que se trata de una actividad considerada servicio público y esencial para la navegación segura.

El Centro de Navegación advierte que, de prolongarse la situación, podrían producirse congestiones en los puertos, interrupciones en la cadena logística, incumplimientos de contratos internacionales, problemas de almacenamiento en plantas industriales, pérdidas de puestos de trabajo y una disminución en el ingreso de divisas para el país. También alerta sobre un deterioro de la reputación internacional de Argentina como socio comercial confiable.

Esa preocupación coincide con el planteo realizado por Idígoras, quien sostuvo que el mayor riesgo no es únicamente económico. “Argentina puede terminar siendo considerada un país inseguro para cumplir contratos de exportación. En un mercado tan competitivo, los compradores pueden optar por abastecerse en otros países, como Brasil”, advirtió.