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Ordenan reabrir la causa que investiga supuesta corrupción de senadores y un diputado provincial

La fiscal regional de Rosario María Laura Iribarren ordenó reabrir la causa en la que se investigaba por supuesta corrupción a cinco senadores provinciales y un diputado por el manejo oscuro de los subsidios millonarios que tiene bajo su poder cada legislador.

La funcionaria dispuso además la creación de un “equipo especial” de fiscales para profundizar la denuncia que el 1º de junio de 2017 presentó el exconcejal Jorge Boasso contra los senadores Joaquín Gramajo, Rubén Pirola, José Baucedo, Hugo Rasetto y Armando Traferri y el exdiputado provincial Jorge Henn. La decisión que tomó Iribarren toma una dimensión más profunda porque se produce en un contexto particular: Traferri deberá ser sometido a una audiencia imputativa el próximo 23 de agosto, al ser considerado por los investigadores Luis Schiappa Pietra y Matías Edery como uno de los “organizadores” de la asociación ilícita que manejaba el juego clandestino y tenía vinculación directa, a través del pago de sobornos, con el ex fiscal regional Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad.

La reapertura de la causa tiene una relación directa con el avance de la causa de juego clandestino. A fin del año pasado, Boasso pidió al Ministerio Público de la Acusación que se reabra la causa por el manejo de los subsidios de los senadores, luego de que en la investigación quedara al descubierto el rol protagónico de Traferri con las aceitadas relaciones que mantenía con el empresario de juego ilegal Leonardo Peiti, actualmente preso en una clínica en Rafaela.

Ahora, la fiscal regional consideró que es necesario profundizar e investigar la causa que se abrió en 2017 y no prosperó por la incidencia directa, según Boasso, del fiscal regional de ese entonces Patricio Serjal. Esa causa la habían comenzado a investigar los fiscales Adrián Mc Comark y Sebastián Narvaja y cuando comenzaron a avanzar en la pesquisa, Serjal pidió el legajo el 2 de noviembre de 2017 y lo tuvo en su despacho durante cuatro meses. “Serjal decidió dormir la causa mientras se operaba en el Senado por otro costado”, explicó el exconcejal radical. Luego, a principios de 2018 se desestimó investigar a los senadores sospechados del manejo turbio con los subsidios que debían ir a la comunidad y terminaban, según la denuncia de Boasso, en fundaciones y ONG vinculadas a los legisladores.

El 30 de noviembre de ese año se aprobó sobre tablas en la Legislatura de Santa Fe la ley Nº13807, en la que se estableció que ese cuerpo era el que iba a aplicar las sanciones disciplinarias graves contra los fiscales. Se decidió sacarle ese rol a la auditoría general del MPA. En ese momento se interpretó que esa maniobra respondió como una respuesta a los fiscales que pretendían investigar a los senadores.

El 29 de junio pasado la Corte Suprema de Santa Fe, con votación dividida, se declaró a favor de la constitucionalidad de la ley sancionada hace tres años. En su denuncia, Boasso reveló el supuesto manejo irregular de los subsidios millonarios que manejan desde la gestión del exgobernador Antonio Bonfatti. En el caso de Traferri, el exconcejal describió que en ese momento “otorgó en 28 meses 27 subsidios a la Fundación San Lorenzo Solidario, cuyo domicilio es el mismo que el de la oficina del senador, como así también que el tesorero y la secretaria de la Fundación serían sus asesores desde hace más de 12 años como personal contratado por el Senado”.

A principios de 2018, la fiscal Natalia Benvenuto –que fue denunciada por el fiscal regional de Venado Tuerto y luego fue desestimada esa presentación- valoró que Traferri se presentó ante la Justicia y entregó documentación respaldatoria. En ese momento la Fiscalía de Rosario, a cargo de Serjal, preso por cobrar sobornos, valoró que ello no constituía un delito. “Más allá de la discrepancia ético-moral que pueda caber sobre la cercanía de los administradores para con los senadores otorgantes, dicha circunstancia no es declarada incompatible por la Constitución Provincial, como tampoco surge de la ley provincial 13.230 de ética pública”, esgrimió la funcionaria judicial.

Ahora todo comenzará desde cero. Y al reabrirse esa causa, sin Serjal en el medio, los fiscales a cargo del “equipo especial” podrán evaluar si hay elementos para imputar a los senadores implicados.

Fuente: Aire de Santa Fe

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