Lo declaró la abogada especialista en derecho ambiental Adriana Tripelli en el marco del juicio que se desarrolla contra el cierre de la causa. La empresa nunca cumplió con los convenios de reparación ambiental hasta febrero de este año, a pesar de las intimaciones y denuncias penales que se realizaron durante siete años.

El primer testimonio aportado por la fiscalía fue el de Andrés Rintoul, un funcionario provincial del área de medio ambiente quien en el año 97 ingresó como director general de la zona Sur, y que estuvo trabajando en todo el proceso de la ex Petroquímica desde que comenzó a operar pero puntualmente cuando comenzaron los primeros escapes de gas cloro en la empresa.

Las distintas crónicas periodísticas reflejaron que en 2006 hubo tres escapes de gas cloro entre octubre y noviembre de ese año, que provocaron la evacuación de la Escuela Nuestra Señora de los Milagros, que está a escasos metros del predio. En ese momento, la municipalidad de Capitán Bermúdez intervino en la empresa y junto a la provincia se realizó una inspección que detectó innumerables irregularidades. En dicho operativo, se encontraron falta de elementos de seguridad en la etapa de producción como sensores satelitales para monitorear los escapes de gas, ausencia de mantenimiento en la planta, y la violación de condiciones laborales, sumado al inicio de un proceso de clorado del benceno que no estaba aprobado porque no habían presentado desde la firma las autorizaciones correspondientes. Además de la tecnología obsoleta, tampoco contaban con sensores de escape de cloro.

Una  información satelital  que controla los niveles de gases señaló que durante los escapes de ese año hubo 4.5 partes por millón, cuando el límite permitido es de 0.05 parte por millón. Por último se encontraron a los trabajadores en pésimas condiciones laborales.

“En ese emprendimiento los riesgos que existen  es que en el cloro hay varias sustancias, el cloro es un gas tóxico, que fue  usado como un arma química en guerras, fue usada en la primera guerra mundial y  la exposición aguda produce la muerte y  no tan aguda produce ceguera y en menor exposición, irritación a la garganta y vómitos”, expresó Rintoul.

Fue la primera vez que la provincia se presentaba ante la justicia contra la Petroquímica. El por entonces secretario de medio ambiente Marcelo Terenzio presentó una denuncia luego de los dos escapes de gas cloro que provocaron las evacuaciones de la escuela por alumnas desmayadas. La justicia sanlorencina ordenó la clausura a petición de la cartera de medioambiente tras haber intimado a la empresa y no obtener respuestas.

Tras un acuerdo entre las carteras de medio ambiente y trabajo (que velaba por las fuentes laborales), el sindicato petroquímico y se rubricó un convenio con la empresa, donde la firma se comprometía a realizar un plan de inversiones

“Se veía el deterioro de la planta y la falta de mantenimiento (…) el cloro es oxidante y  las cañerías si no tienen mantenimiento se pinchan, había cortes de luz producidos por la mala instalación eléctrica que ellos tenían. Se le solicitó el desmontaje de un caño que iba al río  y con ese compromiso la planta retomó sus operaciones”, recordó el ingeniero.

En 2013, el área de medio ambiente vuelve a ser convocada, a raíz de nuevos escapes y “desde la provincia tenemos una resolución que deben cumplir las empresas sobre riesgos ambientales que devienen en accidentes ambientales, se le  piden requisitos que nunca cumplió la empresa”, sostuvo Rintoul, quien agregó que en el año 2015 volvieron a registrarse escape de gas cloro que afectaron nuevamente a la Escuela Nuestra Señora de los Milagros.

“La acción del cloro le carcomía los hierros, hay fotografías que demuestran la falta de mantenimiento, se ve el colapso del edificio y  todos los hierros afectados por el paso del tiempo. Las bombonas estaban apiladas, había mil bombonas declaradas por la misma empresa, puestas a la intemperie.Pedimos el cierre seguro de la planta y que presente un cronograma de cierre seguro con todos los contenedores que tengan”, añadió el funcionario.

Las bombonas son contenedores en forma de cilindro que contienen gas cloro y que deben tener un método seguro para desgasificar (que recién se hizo en febrero de este año. Lo curioso de esta situación es que la firma petroquímica había declarado más de 1000 bombonas pero cuando se llevó a cabo el operativo de saneamiento se hallaron un poco más de 300. Nadie supo qué ocurrió con los más de 800 tubos de gas de cloro que estaban en el predio: “Es una bomba de tiempo”, calificaron desde Taller Ecologista. 

La actitud de la empresa era no colaborar con nada, están las intimaciones que se le hacen, mientras  las bombonas estaban a la intemperie, Estaban tiradas en todo el predio, almacenadas y en gran cantidad. También se halló amianto, en bolsas y en un depósito. La exposición al amianto puede provocar cáncer de pulmón

En 2018 con el secretario César Mackler en medio ambiente se vuelve a rubricar un convenio, donde la empresa se compromete a la remediación ambiental  y recuperación de activos donde se realiza un inventario de la empresa de los tanques, y se toman muestras de suelo y agua. “ Nos sorprende la contaminación  por cloro tricloroetileno, que se utiliza para la limpieza industrial. Este producto se halló en las instalaciones El límite establece 0.030 miligramos y este tenía 138 miligramos o sea una contaminación terrible”, declaró el ingeniero. El tricloroetileno El tricloroetileno estaba  a 200 metros del río Paraná y a pocos metros está la toma de agua, y había  riesgo de contaminación del agua”, añadió el especialista.

Con la intervención del MPA se hicieron en 2018 dos inspecciones donde se tomaron  muestras en suelo y agua. Determinaron que había lindano había en suelo pero no en aguas y que había un alto nivel de mercurio que excedían los niveles permitidos en aguas.

“En la inspección notamos que faltaban bombonas, y nos dicen que fueron remitidas a otra empresa de Taselli «Hornos Zapla», algo que no estaba en el convenio de remediación. Las llevaron en camiones pero no sabemos por quien” explicó Rintoul que agregó que este procedimiento requiere de intervención federal y de numerosas autorizaciones por tratarse de un residuo peligroso, que no tienen conocimiento desde la provincia que se hayan requerido”, finalizó  Rintoul.

«Cerrar la causa era un desquicio»

La abogada especializada en derecho ambiental Adriana Tripelli, quien se desempeña en el ministerio de ambiente y es docente  de derecho ambiental en la Universidad Nacional de Rosario relató en el juicio que fue convocada por el ex secretario Marcelo Terenzio luego de los escapes de gas registrados en 2006. Contó del cierre ordenado por la justicia, del plan de cierre seguro acordado en 2014 y de los sucesivos escapes de gas cloro que se dieron en los años 2016, 2017 y 2018 que afectaron a las alumnas de la escuela y a los trabajadores de la empresa Celulosa.

«En 2016 volví a trabajar en el caso petroquímica. Me pidieron que haga un escrito sobre qué hacer con la empresa. Era un pasivo ambiental el ambiente esta totalmente detonado, contaminado y hay que remediarlo porque puede afectar a la salud de las personas, por lo que inicie un expediente administrativo donde sugerí adoptar distintas acciones tanto en civil como penal y sugerí que se iniciara un amparo colectivo y denuncias de delitos por los residuos peligrosos», expresó Tripelli quien recordó que el por entonces gobernador Lifschitz emitió un decreto donde ordena promover demanda o acción para el cierre ambiental seguro y a cualquier acción de remediación como denuncias penales como también de presentarse como querellante.

Sin embargo Tripelli dijo que desde cuando presentó ese escrito, no le dieron más trabajo y la retiraron del caso. Pasaron los años, y cuando asumió el gobernador Omar Perotti, la abogada señala que les quitaron las carpetas del ministerio de medio ambiente y que el MPA se hizo cargo de las actuaciones penales pero que no supo más nada. Relató que le consultó al fiscal Ledesma en 2019 sobre la causa y que éste le respondió que se había cerrado por un criterio de oportunidad.

«En vez de investigar o procesar, independientemente de las acciones de remediación, en contra de lo que dice el tratado de Basilea, y de otras leyes medioambientales, se cierra el caso por ese artículo por un convenio transaccional, que se iba a cumplir a remediar, judiciamente es un desquicio desde el punto de vista ambiental, esta en juego la vida de las personas, el aire que respiramos, la salud de la gente que trabaja, por una causa de residuos peligrosos se murió una nena de dos años en el norte de la provincia» reclamó la docente en derecho ambiental.