¿Qué pesará en la decisión del Juez Carlos Gazza?  ¿Cuál plato de la balanza cederá?  ¿Pesará la postura de la Fiscalía de solicitar la nulidad de una resolución  pasada en autoridad de cosa juzgada considerando que el acuerdo previo podría estar nulificado por ser un acto intrínsecamente ilegal, o pesará más el tomar la postura de la defensa que sostiene que la cosa juzgada no puede ser revisada, máxime cuando la solicitud de anulación emana del mismo órgano que la dictó,  destacando que el MPA es único, y por tanto la actuación de sus funcionarios está representada en la estructura que diseña la ley 13.013?

Estos son los planteos que las partes trajeron en los alegatos de cierre de la causa Petroquímica Capitán Bermúdez, donde el juez Gazza deberá resolver si declara la nulidad de la resolución del Juez Juan José Tutau de fecha 8 de marzo de 2019 de extinguir la acción penal, a través de un criterio de oportunidad.

La Fiscalía esgrime que no existe una normativa de esta naturaleza en la provincia y que no se tuvo en cuenta el interés público ni la cantidad de víctimas, que dijeron son «interminables»: «¿Alguien fue al Espinillo a hablar con los chicos o con las 20 chicas que se desmayaron por el escape de gas cloro? ¿Desde que lugar un fiscal regional viene a decir que hay que archivar la causa aplicando este principio?, expresó el fiscal Schiappa Pietra.

Y añadió: «El Dr. Serjal nos vino a decir que a los santafesinos no nos importe la acción penal y lo mismo hizo (el ex fiscal de Estado) Saccone. Se quebraron todas las formas procesales porque nosotros no vivimos en una sociedad al estilo americana en donde podemos disponer de la acción penal cómo se nos de la gana, en un contexto donde hay veintiún hectáreas totalmente contaminadas dicho esto por dos funcionarios de altísimo cargo en medio ambiente y que un fiscal de Estado decida esto, no se puede hacer porque en la ley argentina esto no se permite, un Estado no puede cerrar una causa quebrantando toda la legalidad. Si algo está claro es que está el interés público comprometido».

Por otra parte, el fiscal plantea que esta situación debe ser observada y cuestionada por la sociedad y que esto siente un precedente para futuras disputas medioambientales: «Ha sido un debate para que la ciudadanía ponga el ojo en como sus funcionarios defienden sus derechos. Acá estamos analizando ¿Cómo es el que el Estado se para frente a empresarios de una talla significativa, poco habituales al sistema penal santafesino?¿ Cómo se para frente a hechos dañinos a la ciudadanía que hoy no hay dudas? ¿Cómo se para el poder judicial como agencia de resguardo, último garante de los derechos y de las personas de una comunidad?, cuestionó Schiappa Pietra.

El Juez engañado

Para los fiscales, el juez Juan José Tutau quien ordenó el cierre de la causa fue engañado por las partes, quienes no le dijeron los niveles de contaminación que había en suelo, agua y aire ni de los daños ambientales y que la decisión se toma a partir de una instrucción particular que da el ex fiscal Serjal al fiscal Ledesma y que esa instrucción fue redactada en forma «engañosa» porque no tuvo el consenso del fiscal general Jorge Baclini: «Las partes no le cuentan el caso (a Tutau), no le cuentan que el predio está contaminado. Esto sella debates futuros ¿Tenemos la voluntad y la posibilidad de hacer pagar a los responsables de una contaminación fenomenal de décadas?, preguntó el fiscal, quien calificó al Estado como débil para estos casos.

¿Qué hacemos con un súper empresario que factura millones de dólares según wikipedia en Hornos Zapla?, archiva la causa. A Tutau nadie se lo dijo, la instrucción particular se la da en un shopping Serjal a Ledesma quien defiende su versión, pero dijo que le olía raro. La instrucción es ilegal y nadie puede dudarlo. El fiscal general señaló que Ledesma se sentía presionado por Serjal y Ledesma también así lo refirió. Tutau le preguntó a éste si estaba convencido y le contestó que cumplía órdenes y que respetaba una jerarquía», argumentó Schiappa Pietra.

Para el fiscal Edery no hubo consenso en esa reunión previa al acuerdo porque Ledesma lee en la audiencia al juez Tutau, que Baclini estaba de acuerdo y que en esa instrucción, se incorporaron datos falsos mintiéndole al magistrado: «En ese show que hizo Serjal el otro día, le preguntamos si había borrado las conversaciones con Baclini, porque están borradas. A Serjal le habían dicho dos veces que en estos casos no se podía aplicar un criterio de oportunidad. A Tutau lo engañaron porque en la reunión que se hizo le llevaron un paquete de engaños, de falsedades».

Y agregó: «Nadie le contó a Tutau quienes eran los empresarios ni todo el derrotero administrativo. Escuchamos a los funcionarios de medio ambiente decir que tenían serios problemas porque nunca cumplían nada, ni los planes de remediación, los funcionarios les decían que los cambien y no los cambiaban, les decían sobre los contendores de gas cloro que contaminaban eso no se lo dijeron a Tutau», exclamó Edery.

A partir de la denuncia penal que hace la Fiscalía de Estado es que se logra ese convenio, pero para la empresa era muy importante no llegar a la acción penal debido a la cantidad de denuncias penales que tiene Sergio Taselli en otras jurisdicciones: «Lo importante era sacarse de encima la denuncia penal, no de remediar el medio ambiente y ese convenio que se suscribió a los tres meses se denunció porque no se estaba cumpliendo y en enero de 2020 hubo una denuncia porque se habían robado las bombonas que no sabemos donde están», sostuvo el fiscal.

Otro de los puntos que generó mucho debate en el juicio, fue una póliza que estaba dentro del famoso acuerdo entre las partes, previo a la resolución del cierre de la causa donde la provincia podía ejecutar los 35 millones de pesos del seguro en caso de incumplimiento en el plan de remediación. Sin embargo, como explicaron varios testigos, ese seguro se activaba en el caso de que durante el proceso de limpieza ocurriera algún siniestro como la explosión de una bombona, y no para remediar el total del pasivo ambiental, que de ser así, implicaría millones de dólares según los números que maneja la fiscalía. «Nadie asegura el siniestro porque nadie asegura un predio que está contaminado, pero cuando le preguntamos a Tutau, el creyó que esta póliza reparaba el daño ambiental si la empresa no cumplía», agregó Edery.

Las víctimas interminables y un daño irreparable

Para Schiappa Pietra no queda claro cuando Taselli iba a pagar por el daño que le provocó a los santafesinos. Su par Edery habló sobre las víctimas que no se trajeron a la audiencia: «Le preguntamos al fiscal Ledesma, le preguntamos a la Fiscalía de Estado si habían hecho análisis a las víctimas, todos respondieron que no, nadie hizo un informe o fue al dispensario para saber cuáles eran las tasas de enfermedades respiratorias, o abortos clandestinos, o casos de cáncer por las sustancias que hay. Nadie se preocupó por saber eso y nadie se lo dijo a Tutau, se quisieron sacar de encima el tema. Le hubiesen dicho (a Tutau) que nosotros nos podemos como Estado pelear con Taselli porque Taselli nos gana siempre y si la gente se muere de cáncer o de enfermedades respiratorias la verdad que como a Estado a nosotros no nos importa, lo que nos importa es que Taselli no tenga más problemas», indicó el fiscal.

Y concluyó: «Se mancilló la figura del gobernador Lifschitz quien había dado instrucciones precisas luego de la tercer emanación de gas cloro que como dijeron los testigos se utilizaba como arma química en la primera guerra mundial y mucho se habló de su voluntad, él (por Lifschitz) no está acá para decir lo que quería; él quería lo que firmó, que era denunciarlos penalmente, y eso era lo que se iba a tratar en la audiencia y no como dijo el fiscal de Estado para apretar a un empresario, porque eso es un delito».

Las defensas y un cuestionamiento técnico

Al turno de las defensas, coincidieron en sostener que el cierre de la causa debe ser declarado válido a partir de garantizar la vigencia de la seguridad pública y el respeto a la vigencia del derecho adquirido. También se cuestionó al Ministerio Público de la Acusación, por impulsar la nulidad cuando no pueden hacerlo porque como órgano es uno solo y que resulta inadmisible plantear una resolución de una cosa ya juzgada y solicitada por el mismo MPA cuando fue el fiscal Ledesma el desistió en el avance de la acción penal.

El Dr. Jorge Ilharrescondo, el abogado defensor de Sergio y Máximo Taselli y de Matías Gallego apuntó: » Hemos escuchado argumentos efectistas pero no efectivos, mi enfoque es técnico; en este juicio se discute la vigencia de la seguridad jurídica, la intangibilidad de una resolución que tiene fuerza de cosa juzgada, se respeta la vigencia de de un derecho adquirido, el ataque a ser juzgado dentro de un plazo razonable y la necesidad de resolver un conflicto desde el principio de la remediación por sobre el principio de la punición del cual hicieron gala todos los testigos que pasaron, desde el fiscal general, el ex fiscal de Estado, los fiscales de grado, el ex juez, donde todos hablaron de la remediación del problema».

Otro de los puntos que planteó el defensor, es que el Ministerio Público de la Acusación, no puede retroceder o volver a una causa ya juzgada: «Desconocen la regla básica que es el principio de unidad de acción. El ministerio de la Acusación es uno solo y fue quien en ese momento instó la aplicación de la resolución en crisis. Hoy dos personas pretender volver sobre sus pasos lo que es inadmisible», expresó Ilharrescondo, quien agregó que el predio está remediándose, luego de cumplimentarse las dos etapas principales que eran la desgasificación de las bombonas y su disposición final.

Además, el letrado apuntó contra el fiscal general Jorge Baclini de quien sostuvo que siempre estuvo al tanto de las negociaciones de Petroquímica a través del Dr. Pablo Lanza, quien primero fue contratado como consultor y luego pasó a ser fiscal, » se ha aprobado la intervención de Baclini quien ha reconocido dos reuniones mientras se discutía el acuerdo en sede civil, también otra reunión posterior con las partes».

Al postular su rechazo de nulidad de la causa argumentó: «Obraron todos conforme a derecho, en ese contexto ese convenio fue el antecedente. Demostramos que el criterio de oportunidad era procedente, que era válido y que el MPA validó todos los actos que hoy se agravian».

Por su parte, la defensa del ex fiscal de Estado Gustavo Luzzini, quien está imputado en la causa Petroquímica por incumplimiento de deberes de funcionario público coincidió con los argumentos de Ilharrescondo y añadió: «Ledesma pidió la audiencia se sentó, expuso desistir y leyó la instrucción particular que emana del mismo Mpa y habló del fiscal general que estaba de acuerdo. Esto le impide querer revisar de una forma hiperextraordinaria como es la pretensión de nulidad», sostuvo el Dr. Alejandro Parola.

«No le podemos achacar a la Fiscalía de Estado la persecución penal porque es potestad del Mpa. La fiscalía nos presentó este caso bajo un tema, el daño o la contaminación que esta era conocida por todos, y con esa sensibilidad que nos genera a todos el daño ambiental , el Mpa pretendió justificar la invalidación de una resolución judicial juzgada. Fundó su demanda en una hipótesis de investigación que lejos de ser profundizada y agotada, en vez de hacerlo, optó por promover esta acción y esto quedó al descubierto cuando todo lo que decían que habían que hacer lo están haciendo ahora. No vi ningún testigo que dijera quienes eran las victimas, con nombre y apellido para poder citarlas. Eso es lo que tendrían que haber traído acá. Son desacuerdos dentro del Mpa y la discusión que hoy traen aquí debería haberse dado en el seno del Mpa y tampoco hay denuncia en la auditoria general de gestión o en la legislatura sobre el accionar de Ledesma. La defensa probó todo la teoría del caso», añadió el Dr. Claudio Puccinelli quien además de rechazar el pedido de nulidad de los fiscales, solicitó que las costas a la fiscalía.

Finalmente fue el turno de la defensa del ex fiscal regional Patricio Serjal, imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento. El Dr. Ignacio Carbone señaló que se tergiversaron los hechos: » Tergiversar, según la Real Academia Española es interpretar forzadamente palabras o acontecimientos; eso es lo que ha ocurrido en este mini debate ya que la fiscalía ha interpretado forzadamente o erróneamente los acontecimientos que han ocurrido. Lo ajustaron más o menos a este planteo de invalidación de la resolución de Tutau».

En coincidencia, el Dr. Gustavo Feldman agregó: «Coincido con el MPA en este asunto hay mucho en juego, esa es por cierto mi única coincidencia con ellos. Efectivamente se han ventilado situaciones, se han hecho alegaciones por cierto delicadas transformando este asunto en uno de esos asuntos que ponen a prueba el sistema y transformando a este asunto en una cuestión que sin dudas va a dar lugar a más de una reforma a nivel institucional, a nivel procesal y legal».

Y aseveró: «El juez Tutau cuando resolvió no sabia cual era le nivel de tetracloretileno en el predio de los Taselli, ni Ledesma Serjal ni Baclini sabían. La cuestión medioambiental no está en juego porque no hay ninguna duda que esto lleva y apunta a la cuestión penal, por lo cual nuestro cliente está mal imputado. No se puede tomar al derecho penal como regulador social, el derecho penal podrá responder a una política criminal que implique la persecución y el castigo de los culpables y que ponen en peligro a la enorme mayoría de buenos ciudadanos pero no debe ser un regulador social».

El juez Gazza se tomará el plazo de diez días hábiles para resolver la cuestión y lo informará a las partes de forma escrita.

Fotografía: Sebastián Granata