El fiscal Aquiles Balbis lo acusó de liderar una asociación ilícita que cometió los homicidios de Rodrigo Gigena, ocurrido el 9 de agosto de 2019; el de Gerardo “Pecho” Pérez, perpetrado el 25 de mayo de 2020; y el de Brian “Runi” Sánchez, cometido el 28 de mayo de 2020, entre otros delitos. También se pidieron penas perpetuas para su pareja y tres integrantes de banda «Los Gorditos» y de 4 a 20 años de prisión para otros cuatro miembros.
En una audiencia preliminar llevada a cabo en los Tribunales de San Lorenzo el 24 de octubre, el fiscal Aquiles Balbis solicitó la pena de prisión perpetua para Brandon Bay, líder de la banda de “Los Gorditos”, y otros cuatro integrantes del grupo delictivo. Además pidió penas de entre 4 y 20 años de cárcel para otros cuatro miembros de la organización que ya tiene tras las rejas a varios familiares del joven líder narco y que operaban en las calles bajo sus órdenes después de que el cayera preso en 2017.
Según la acusación, Bay es el organizador de una asociación ilícita “que se dedicó a cometer delitos contra las personas, contra la vida, contra la propiedad y contra la administración pública” en la que sus secuaces cumplían órdenes que él daba desde la cárcel de Marcos Paz, donde cumple condena a 10 años de prisión por los delitos perpetrados en los primeros tiempos de la banda.
La Jueza de Primera Instancia Dra. Strologo admitió las acusaciones contra Bay y la fiscalía solicitó para él la pena perpetua por los delitos de:
Asesinato de Gerardo “Pecho” Pérez: Homicidio agravado por uso de arma de fuego calificado por precio o promesa remunerada y concurso premeditado de dos o más personas, en carácter de Instigador y como consumado.
Asesinato de Brian “Runi” Sánchez y tentativa de homicidio de Carlos Sotelo: Homicidio agravado por arma de fuego calificado por precio o promesa remuneratoria y concurso premeditado de dos o mas personas, en carácter de Instigador y como consumado; en concurso real con Homicidio agravado por arma de fuego calificado por precio o promesa remuneratoria y concurso premeditado de dos o más personas, en carácter de Instigador y en grado de tentativa.
Víctima Pamela Páez: Amenazas calificadas por uso de arma de fuego; en carácter de instigador y como consumado.
Ataque a José Luis Romeo: Homicidio agravado por uso de arma de fuego calificado por precio o promesa remuneratoria, en carácter de instigador y en grado de tentativa.
Ataque a E. Ávalos: Homicidio agravado por uso de arma de fuego calificado por precio o promesa remunerada y concurso premeditado de dos o más personas, en carácter de instigador en grado de tentativa.
Asesinato de Rodrigo Gigena: Homicidio agravado por uso de arma de fuego calificado por concurso premeditado de dos o más personas.
Asociación ilícita, en carácter de organizador.
Para Fabián Agustín Sandoval solicitaron la pena de prisión perpetua por los asesinatos de Gerardo Pérez y Brian Sánchez, la tentativa de homicidio de Carlos Sotelo, disparar contra José Luis Romeo y Ávalos, por amenazas coactivas a González y Romina Insaurralde, y por integrar la asociación ilícita liderada por Brandon Bay.
Para Claudio Gustavo “Primo” Ríos solicitaron prisión perpetua por su participación en los asesinatos de Gerardo Pérez y Brian Sánchez, en la tentativa de homicidio de Carlos Sotelo, en el ataque a disparos contra E. Ávalos, y además por formar parte de la organización narcocriminal.
Para Nair Estrella, pareja de Brandon Bay, solicitaron prisión perpetua por su participación en el asesinato de Gerardo Pérez y por su carácter de jefa en la asociación ilícita.
Para Juan Manuel “Pera” Álvarez, también pidieron prisión perpetua por los disparos contra Ávalos, por su intervención en el asesinato de Rodrigo Gigena, por las amenazas coactivas contra Romina Insaurralde y por ser miembro de la asociación ilícita.
Para Santiago Niz, solicitaron la pena de cuatro años de prisión por integrar la asociación ilícita, mientras que para Franco Raúl “Capote” Torres pidieron siete años de prisión por el mismo delito y por portación de arma de fuego de guerra, abuso de armas, amenazas calificadas y encubrimiento en una causa llevada adelante por el fiscal Carlos Ortigoza.
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