Presión federal por el biodiésel: Santa Fe le exige al Senado cinco cambios clave a la ley oficialista

El gobierno de la principal provincia productora respalda la desregulación de Milei pero advierte que el proyecto actual frena la industria. Piden elevar el corte obligatorio al 15%, limitar el poder de la Secretaría de Energía y abrir el juego a las empresas independientes.

El debate por la nueva Ley de Biocombustibles en el Senado abrió un nuevo frente de discusión entre la Casa Rosada y las provincias del interior. El gobierno de Santa Fe, el corazón productivo del biodiésel en Argentina, plantó bandera frente al proyecto oficialista (S. 809-26): si bien la gestión local apoya el giro hacia un mercado más desregulado, advierte que el texto actual frena la capacidad instalada de la industria y genera “asimetrías inexplicables” que benefician a unos sectores sobre otros.

El principal punto de conflicto es el techo que el proyecto nacional le impone al gasoil. Mientras que la normativa eleva la mezcla obligatoria de bioetanol en naftas al 15% (E15), plancha el corte de biodiésel en un 10% (B10). Para la administración santafesina, este tope carece de sustento técnico y deja al país a la retaguardia de la región, en un momento donde Brasil ya avanza firmemente hacia el 15% obligatorio con miras al 20% para el final de la década.

El ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, argumentó que el contexto internacional actual —marcado por la volatilidad del petróleo y los conflictos geopolíticos— vuelve a las energías renovables extremadamente competitivas. “No podemos resignarnos a tener plantas cerradas cuando la normativa técnica ya permite mezclas de hasta el 20%”, señaló el funcionario, apuntando a que elevar el corte reduce de forma directa la necesidad de importar gasoil y frena la sangría de divisas del Banco Central.

Las cinco reformas que la provincia busca meter en el dictamen

Para destrabar el apoyo de los legisladores de la región centro, Santa Fe puso sobre la mesa de negociaciones del Senado un pliego de cinco modificaciones concretas:

• Piso del 15% y transición al B20: Exigen elevar de inmediato el corte obligatorio al 15% y dejar habilitado un cronograma progresivo hasta el 20%, que se activaría automáticamente cada vez que el biodiésel local sea más barato que el combustible importado.

• Freno al monopolio y cupo del 40%: Para evitar que las grandes aceiteras integradas absorban todo el negocio, proponen blindar un 40% del mercado para las empresas no integradas (pymes y productores independientes) mediante licitaciones transparentes. El 60% restante quedaría libre para las grandes refinadoras e industrias integradas.

• Quitarle la “lapicera discrecional” a Nación: Buscan acotar el poder de la Secretaría de Energía de la Nación. La propuesta santafesina establece que el Gobierno solo pueda bajar los porcentajes de mezcla ante emergencias extremas de desabastecimiento y por un plazo máximo improrrogable de 90 días, para dar previsibilidad jurídica a las inversiones.

• Regulación en el mercado de materias primas: Proponen reglas claras de precio y abastecimiento para insumos clave como el aceite de soja y el metanol, evitando que los jugadores dominantes de la cadena ahoguen económicamente a las plantas independientes.

• Pistas para el RIGI verde: Reclaman que los beneficios fiscales del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se extiendan explícitamente a los combustibles de aviación sustentable (SAF), el diésel renovable (HVO) y el hidrógeno verde.

La postura de Santa Fe busca posicionarse lejos del viejo esquema de subsidios y mercados ultra regulados que caracterizó al kirchnerismo, pero marca una línea roja frente al libre mercado total que plantea el proyecto de la Ley Ómnibus, el cual podría desproteger a las plantas medianas de las provincias del interior. “No venimos a pedir cupos ni mercados administrados, sino reglas equitativas donde puedan convivir todos los actores”, concluyó Puccini. Las cartas ya están sobre la mesa del Senado, donde el peso de los gobernadores del sector bioenergético volverá a ser clave para definir el futuro de la ley.