Rechazo y tensión en Irigoyen por la llegada de un exportero imputado por corrupción de menores en Fray Luis Beltrán

Los vecinos de Pueblo Irigoyen, una pequeña localidad de apenas 1.000 habitantes, empapelaron las calles con la foto del hombre de 39 años y le niegan la entrada a los comercios. La presidenta comunal asegura que no tiene facultades legales para expulsarlo. El exportero de una escuela de Beltrán quedó en libertad tras pagar una fianza millonaria.

La tranquilidad de Pueblo Irigoyen, en el departamento San Jerónimo de la provincia de Santa Fe, estalló hace pocos días con la llegada de un residente inesperado: un hombre de 39 años que se desempeñaba como portero en la escuela República de Colombia de Fray Luis Beltrán, y que actualmente está imputado por corrupción de menores agravada.

El acusado había sido detenido en noviembre pasado, acusado de realizar comentarios inapropiados y exhibir material de contenido íntimo a alumnos de sexto y séptimo grado. Tras vencer el plazo de prisión preventiva, la Justicia le impuso una serie de reglas de conducta, entre ellas la prohibición absoluta de acercarse o residir en Fray Luis Beltrán. Fue así que el hombre fijó domicilio en Pueblo Irigoyen.

Ante el malestar generalizado, la presidenta comunal, Natalia Samaniego, explicó en diálogo con  (Radio 2) que el imputado tiene vínculos familiares y patrimoniales en la localidad. “Está en pareja con una chica cuya familia tiene vivienda acá desde hace muchos años”, detalló, y agregó que durante la investigación se supo que el hombre había comprado un inmueble en la comuna en 2015.

La reacción de los vecinos y los límites legales

La noticia recorrió rápidamente el pueblo, y los propios habitantes tomaron medidas de hecho para expresar su repudio. Según relató Samaniego, algunos comercios ya le impiden la entrada, y las calles aparecieron empapeladas con la fotografía del ex empleado escolar.

“Es un caos, porque la realidad nos alarma a todos”, admitió la funcionaria. Sin embargo, aclaró que, como jefa del Ejecutivo comunal, no tiene herramientas jurídicas para ordenar la expulsión del hombre. “No tengo la potestad de decir ‘saco a esta persona de la localidad’ por la causa que tiene”, remarcó.

Samaniego incluso contó que se cruzó con el imputado en la sede administrativa, cuando él fue a pagar una tasa comunal. “Le dije que me había traído un problema grave a la localidad, y él me dice ‘sí’. No tuve más respuesta, pagó y se fue”.

La presidenta comunal manifestó su malestar porque muchos vecinos le endilgan a ella la responsabilidad por la presencia del acusado. “No soy responsable ni de los actos de esta persona ni de que viva en la localidad”, sostuvo. En ese tono, cuestionó la memoria colectiva: “¿Y qué pasó antes con los vecinos? Nadie se preocupó por esas menores de edad”, dijo en referencia a casos anteriores de abuso ocurridos dentro de la propia jurisdicción.

Para intentar contener la situación y evitar incidentes, Samaniego señaló que coordina controles periódicos con la jefa de la comisaría local para verificar los movimientos del hombre, quien reside en una vivienda alejada, cerca del límite con la zona rural. “Lamentablemente nos toca terminar siendo un poco de policía, de enfermera, de arquitecta”, concluyó la funcionaria, “cuando no soy ni juez ni fiscal para determinar si esta persona puede o no vivir en la localidad”.