Ciudad

San Lorenzo en el cuidado de la discapacidad

La junta de discapacidad que funciona en la ciudad, desde el inicio de la actual gestión de gobierno, es prácticamente la única que cubre la amplia zona que va desde Rosario hasta Gaboto. Es prioridad de la administración del intendente Raimundo dar respuesta a una temática tan sensible.

En seguimiento del protocolo nacional, la junta que conforman tres profesionales evalúa sesenta casos por mes para la extensión de los certificados de discapacidad que permiten a las personas acceder a una atención diferencial en cuanto a las prestaciones de salud y a otros beneficios que contempla la legislación actual.

Todos los martes y miércoles de 14:30 a 17:30 hs. un profesional médico, una psicóloga y una trabajadora social se reúnen en la Secretaría de Acción Social para analizar los casos y otorgar los certificados a partir del análisis de cada patología, la tipificación de la misma con la correspondiente certificación y el detalle de la prestación a la que se accede por la misma.

En este sentido, la junta que responde a la subsecretaría de Niñez, Mujer y Discapacidad del municipio local, cumple una función social a nivel local y regional ya que es de las pocas que funciona fuera de las grandes ciudades como Rosario y Santa Fe.

Con un certificado de este tipo, la obra social tiene que reconocer el total de las prestaciones, por atención de salud y educación, hasta la asistencia a un centro de día y el transporte, dependiendo de los casos.

Para conocer más detalles sobre el funcionamiento de la junta de discapacidad y obtener turnos, los interesados pueden acercarse a la Secretaría de Acción Social, en Bv. Oroño 732, o comunicarse telefónicamente al (03476) 427 528, en el horario de 7 a 13 hs.

El proceso por el que se accede a los certificados contempla el llenado de un formulario y la revisión de documentación específica, la entrevista con la junta, que toma una decisión y entrega un certificado a los 15 días. Estos documentos pueden tener validez desde algunos meses hasta diez años. Esta caducidad corresponde a la necesidad de revisar la evolución de la patología y adaptar las prestaciones según esos cambios. En el caso de menores de 5 años el tope de un certificado es por cinco años.

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